Los magistrados estimaron que la votación de esta ley en diciembre no logró el quórum exigido por la Constitución en el parlamento. "La ley es nula y sin valor", declaró el presidente del tribunal, Steven Kavuma.
Esta ley provocó la indignación de la comunidad internacional, ya que contemplaba la represión de la "promoción de la homosexualidad" y la obligación de denunciar a los homosexuales. Varios países donantes suspendieron algunas ayudas al gobierno ugandés en represalia por esta legislación.
Los defensores de la causa homosexual han recibido con regocijo la decisión del tribunal en Twitter, pese a que sigue en vigor la legislación anterior: el artículo 145 del Código Penal, que data de 1950 de la época del régimen colonial británico, castiga con cadena perpetua las "relaciones carnales contra natura".
"Juicio final: hoy ya no soy criminal. Hemos hecho historia para las generaciones futuras", dijo Jacqueline Kasha, figura de la causa homosexual en Uganda.
"La retrógrada ley contra la homosexualidad en Uganda ha sido anulada por el Tribunal Constitucional. Ahora está muerta", dijo el periodista ugandés Andrew Mwenda, uno de los principales demandantes.
Para Nicholas Opiyo, abogado de las ocho personas y dos coaliciones de ONG demandantes, aún queda trabajo para "garantizar la igualdad en el trato de todos los ugandeses".
Los jueces prefirieron pronunciarse primero sobre la cuestión técnica de la ley, es decir, sobre el quórum, antes de estudiar su contenido, si hubiera sido necesario.
Los demandantes aseguraban que el texto violaba derechos constitucionales, entre ellos, a la vida privada, a la dignidad o a no ser víctima de discriminación.
David Bahati, el diputado autor de la propuesta de ley, cuyo texto inicial preveía incluso la pena de muerte para la "homosexualidad agravada", estimó que la decisión judicial era "un revés", aunque esta ley "buena para Uganda" sigue "intacta".
Por su parte, el portavoz del gobierno ugandés, Ofwono Opundo, indicó a la AFP que "la decisión no anuló la ley antihomosexualidad, sino que se pronunció simplemente sobre el procedimiento parlamentario".
El pastor Martin Ssempa, un fustigador enconado de la homosexualidad, acusó a "Estados Unidos de insuflar la sodomía en nuestro país", en referencia a las recientes sanciones adoptadas por Washington contra Uganda por dicha ley, y anunció que apelaría la decisión.
Según las ONG, el endurecimiento de la legislación que reprime la homosexualidad ha disparado los abusos contra los homosexuales: detenciones arbitrarias y extorsiones policiales, despidos, expulsiones de sus viviendas y agresiones.
La nueva ley también redujo el acceso de los homosexuales a los servicios sanitarios y de prevención contra el sida, debido a los temores a ser detenidos, según la ONG.
Amnistía Internacional deseó que esta "significativa victoria" se traduzca en "una mejora real de la vida de lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales" en Uganda.
Según los detractores de la ley, el presidente ugandés, Yoweri Kaguta Museveni, la promulgó para ganar apoyo popular de cara a la elección presidencial de 2016, que marcará sus 30 años en el poder en este país donde la homofobia está muy extendida, en especial, entre las iglesias evangélicas.
Esta ley provocó la indignación de la comunidad internacional, ya que contemplaba la represión de la "promoción de la homosexualidad" y la obligación de denunciar a los homosexuales. Varios países donantes suspendieron algunas ayudas al gobierno ugandés en represalia por esta legislación.
Los defensores de la causa homosexual han recibido con regocijo la decisión del tribunal en Twitter, pese a que sigue en vigor la legislación anterior: el artículo 145 del Código Penal, que data de 1950 de la época del régimen colonial británico, castiga con cadena perpetua las "relaciones carnales contra natura".
"Juicio final: hoy ya no soy criminal. Hemos hecho historia para las generaciones futuras", dijo Jacqueline Kasha, figura de la causa homosexual en Uganda.
"La retrógrada ley contra la homosexualidad en Uganda ha sido anulada por el Tribunal Constitucional. Ahora está muerta", dijo el periodista ugandés Andrew Mwenda, uno de los principales demandantes.
Para Nicholas Opiyo, abogado de las ocho personas y dos coaliciones de ONG demandantes, aún queda trabajo para "garantizar la igualdad en el trato de todos los ugandeses".
Los jueces prefirieron pronunciarse primero sobre la cuestión técnica de la ley, es decir, sobre el quórum, antes de estudiar su contenido, si hubiera sido necesario.
Los demandantes aseguraban que el texto violaba derechos constitucionales, entre ellos, a la vida privada, a la dignidad o a no ser víctima de discriminación.
David Bahati, el diputado autor de la propuesta de ley, cuyo texto inicial preveía incluso la pena de muerte para la "homosexualidad agravada", estimó que la decisión judicial era "un revés", aunque esta ley "buena para Uganda" sigue "intacta".
Por su parte, el portavoz del gobierno ugandés, Ofwono Opundo, indicó a la AFP que "la decisión no anuló la ley antihomosexualidad, sino que se pronunció simplemente sobre el procedimiento parlamentario".
El pastor Martin Ssempa, un fustigador enconado de la homosexualidad, acusó a "Estados Unidos de insuflar la sodomía en nuestro país", en referencia a las recientes sanciones adoptadas por Washington contra Uganda por dicha ley, y anunció que apelaría la decisión.
Según las ONG, el endurecimiento de la legislación que reprime la homosexualidad ha disparado los abusos contra los homosexuales: detenciones arbitrarias y extorsiones policiales, despidos, expulsiones de sus viviendas y agresiones.
La nueva ley también redujo el acceso de los homosexuales a los servicios sanitarios y de prevención contra el sida, debido a los temores a ser detenidos, según la ONG.
Amnistía Internacional deseó que esta "significativa victoria" se traduzca en "una mejora real de la vida de lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales" en Uganda.
Según los detractores de la ley, el presidente ugandés, Yoweri Kaguta Museveni, la promulgó para ganar apoyo popular de cara a la elección presidencial de 2016, que marcará sus 30 años en el poder en este país donde la homofobia está muy extendida, en especial, entre las iglesias evangélicas.