Inicio
Política
Durante la exposición de las cuestiones previas, la Fiscal Superior de la CAV, María Angeles Montes, solicitó que el TSJPV "ponga fin" al procedimiento penal con una sentencia absolutoria, sin esperar al desarrollo de la vista, al considerar que la acusación popular no está "legitimada" para pedir "y conseguir la apertura de juicio oral", si no lo solicitan la Fiscalía y la acusación particular, tal como determinaba "la doctrina Botín" del Tribunal Supremo. Tras recordar que en numerosas ocasiones se ha pedido el sobreseimiento de la causa para evitar la celebración de la vista, sin que esta reclamación haya prosperado, dijo que "ésta es una nueva oportunidad para acabar con el procedimiento por sentencia absolutoria por falta de acusación legítima establecida".
Por ello, consideró que no debe proseguir el juicio "al no existir una acusación legalmente formulada", y que, en todo caso, de continuar la vista oral, la sentencia deberá ser absolutoria, al no existir infracción penal.
DEFENSAS
En la misma línea que la Fiscal Superior, las defensas de López y Ares y la de los miembros de la izquierda abertzale pidieron el archivo. Ambas insistieron en que se han vulnerado derechos constitucionales, como el derecho a la tutela efectiva, al llevar este caso a juicio, cuando 'la doctrina Botín' del Tribunal Supremo establece que no se puede hacer, si no existe acusación particular y la Fiscalía no ejerce la acción penal.
Además, Jone Goirizelaia reprochó al Foro de Ermua que se refiera a ella, a lo largo de la vista oral, como "la defensa de Batasuna", cuando "aquí no se está juzgando a Batasuna, sino al señor Otegi, al señor Etxeberria, a la señora Dañobeitia, al señor Petrikorena y al señor Barrena por haber dialogado, por haber hecho propuestas de solución y por haber intentado solucionar un conflicto político".
A su juicio, "aquí lo que se va a juzgar, entre otras muchas cosas, es el diálogo y el acuerdo, como método de resolución de conflictos".
Por su parte, el letrado del lehendakari, Mikel Casas, renunció al archivo de la causa, como ha solicitado en numerosas ocasiones, al considerar que el juicio debe celebrarse hasta el final, con el objetivo de demostrar "la inocencia" del lehendakari y evitar que pueda repetirse un procesamiento de estas características.
En este sentido, lamentó que las acusaciones populares pidan "la cárcel frente al diálogo" y afirmó que, "frente al diálogo, no hay proceso penal", sino "soluciones". "Si queremos vivir permanentemente mirando hacia atrás, bastará con plantear este tipo de querellas. Si queremos mirar al futuro, habrá que trabajar en común", añadió.
Para Casas, "la pena de banquillo" que ya han soportado Ibarretxe y el resto de los imputados "es más que suficiente para demostrar que nos asiste la razón y pidamos de esta Sala una sentencia en la que se nos dé la razón".
Para el abogado, es importante "entrar en el fondo del asunto" porque "queremos demostrar la inocencia, no sólo del lehendakari, sino de todos los demás". "Lo que hicieron fue legítimo y cabal, que fue dar un paso adelante y buscar soluciones de paz", añadió.
Por ello, aseguró que demostrará que el lehendakari, "en el ejercicio legítimo de su cargo, hizo lo que tenía que hacer", y subrayó que no ha hecho "nada diferente a otros gobiernos democráticos" para resolver "el conflicto vasco, la cuestión vasca, aquí relacionada con el tema de la violencia".
Además, planteó que se incorporen nuevas pruebas, en concreto dos autos del 26 de enero y 13 de febrero de 2007 del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional- del que es titular Baltasar Garzón-, en los que se afirma que éste es el órgano para determinar "si se ha producido desobediencia".
"En ellos, se dice: 'empecemos a distinguir entre lo que es izquierda abertzale y el mundo ideológico de las ideas y de los derechos civiles y políticos, y el uso abusivo de la acción penal", añadió.
El letrado destacó que el Tribunal Supremo ha manifestado, en varias ocasiones, que "el uso de la acción penal, ya sea como acusación particular o popular, debe someterse a los estrictos términos del Derecho".
En este sentido, subrayó que los imputados, al reunirse entre ellos, buscaron "la paz social, el diálogo y encontrar salidas para este país". "Solicitamos que prosiga el pleito en el estricto calendario que se ha establecido, porque el fondo del asunto debe ser determinante para que esto no vuelva a ocurrir", dijo.
ACTAS DE NEGOCIACIÓN
Por su parte, las acusaciones populares ejercidas por el Foro de Ermua y Dignidad y Justicia se opusieron al archivo de la causa y solicitaron que se admita la petición de una comisión rogatoria para que las autoridades de Suiza colaboren y pongan a disposición del tribunal las actas de las negociaciones mantenidas por ETA y el Gobierno, custodiadas por el centro Henri Dunant.
El abogado del Foro de Ermua, Fernando García Capelo, aseguró que los medios de comunicación han publicado que en dichas actas consta que en las conversaciones entre el Ejecutivo y la banda armada se acordó que Batasuna y el PSE mantuvieran un encuentro público "para dar por finalizada, de facto, la Ley de Partidos".
A su juicio, ello demostraría que la reunión del 6 de julio de 2006 con los dirigentes socialistas no fue con la izquierda abertzale, sino de Batasuna. A esta petición del Foro Ermua se sumó Dignidad y Justicia, y se opusieron la Fiscalía y las defensas, que consideraron que la asociación querellante tiene otras pretensiones, ajenas a este procedimiento, para que las actas se hagan públicas.
"A un mediador no se le puede pedir que enseñe sus papeles nunca", afirmó el letrado del lehendakari.
Por su parte, el letrado de López y Ares afirmó que "llama mucho la atención" que el Foro de Ermua "de tanta importancia a esa prueba de la comisión rogatoria, a ese organismo de Suiza, donde, al parecer, hay depositadas unas actas donde se va a probar cómo, efectivamente", los representantes del PSE-EE "hablaron con Batasuna".
"Deduzco que, sin esa prueba, no pueden probar que han hablado con Batasuna. Y si no está probado, *por qué nos trae aquí, si no sabe con quién han hablado o, al menos no está probado que hayan hablado con Batasuna?", señaló Félix Rojo.
Para el abogado, el tema de las actas "es el velo" que, "si se retira, se descubre lo que hay", y reprochó "la visión conspiranoica" de la sociedad que mantiene la acusación particular, "donde todos el mundo, sobre todo, las autoridades y las instituciones viven una trama en donde organismos misteriosos de países neutrales y en sus cajas fuertes, se encuentran los documentos que sólo ellos pueden descubrir y esclarecer al resto de los mortales".
"Esta diligencia de prueba nos ha puesto en bandeja lo que hay debajo de su acusación, que no tiene probado los hechos y que, aún así, pidió la apertura de juicio oral, razón por la que no la pidió el Ministerio fiscal", manifestó. En su opinión, "lo que estaba probado era justo lo contrario, que se habló con unas personas físicas".
Por ello, consideró que no debe proseguir el juicio "al no existir una acusación legalmente formulada", y que, en todo caso, de continuar la vista oral, la sentencia deberá ser absolutoria, al no existir infracción penal.
En la misma línea que la Fiscal Superior, las defensas de López y Ares y la de los miembros de la izquierda abertzale pidieron el archivo. Ambas insistieron en que se han vulnerado derechos constitucionales, como el derecho a la tutela efectiva, al llevar este caso a juicio, cuando 'la doctrina Botín' del Tribunal Supremo establece que no se puede hacer, si no existe acusación particular y la Fiscalía no ejerce la acción penal.
Además, Jone Goirizelaia reprochó al Foro de Ermua que se refiera a ella, a lo largo de la vista oral, como "la defensa de Batasuna", cuando "aquí no se está juzgando a Batasuna, sino al señor Otegi, al señor Etxeberria, a la señora Dañobeitia, al señor Petrikorena y al señor Barrena por haber dialogado, por haber hecho propuestas de solución y por haber intentado solucionar un conflicto político".
A su juicio, "aquí lo que se va a juzgar, entre otras muchas cosas, es el diálogo y el acuerdo, como método de resolución de conflictos".
Por su parte, el letrado del lehendakari, Mikel Casas, renunció al archivo de la causa, como ha solicitado en numerosas ocasiones, al considerar que el juicio debe celebrarse hasta el final, con el objetivo de demostrar "la inocencia" del lehendakari y evitar que pueda repetirse un procesamiento de estas características.
En este sentido, lamentó que las acusaciones populares pidan "la cárcel frente al diálogo" y afirmó que, "frente al diálogo, no hay proceso penal", sino "soluciones". "Si queremos vivir permanentemente mirando hacia atrás, bastará con plantear este tipo de querellas. Si queremos mirar al futuro, habrá que trabajar en común", añadió.
Para Casas, "la pena de banquillo" que ya han soportado Ibarretxe y el resto de los imputados "es más que suficiente para demostrar que nos asiste la razón y pidamos de esta Sala una sentencia en la que se nos dé la razón".
Para el abogado, es importante "entrar en el fondo del asunto" porque "queremos demostrar la inocencia, no sólo del lehendakari, sino de todos los demás". "Lo que hicieron fue legítimo y cabal, que fue dar un paso adelante y buscar soluciones de paz", añadió.
Por ello, aseguró que demostrará que el lehendakari, "en el ejercicio legítimo de su cargo, hizo lo que tenía que hacer", y subrayó que no ha hecho "nada diferente a otros gobiernos democráticos" para resolver "el conflicto vasco, la cuestión vasca, aquí relacionada con el tema de la violencia".
Además, planteó que se incorporen nuevas pruebas, en concreto dos autos del 26 de enero y 13 de febrero de 2007 del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional- del que es titular Baltasar Garzón-, en los que se afirma que éste es el órgano para determinar "si se ha producido desobediencia".
"En ellos, se dice: 'empecemos a distinguir entre lo que es izquierda abertzale y el mundo ideológico de las ideas y de los derechos civiles y políticos, y el uso abusivo de la acción penal", añadió.
El letrado destacó que el Tribunal Supremo ha manifestado, en varias ocasiones, que "el uso de la acción penal, ya sea como acusación particular o popular, debe someterse a los estrictos términos del Derecho".
En este sentido, subrayó que los imputados, al reunirse entre ellos, buscaron "la paz social, el diálogo y encontrar salidas para este país". "Solicitamos que prosiga el pleito en el estricto calendario que se ha establecido, porque el fondo del asunto debe ser determinante para que esto no vuelva a ocurrir", dijo.
Por su parte, las acusaciones populares ejercidas por el Foro de Ermua y Dignidad y Justicia se opusieron al archivo de la causa y solicitaron que se admita la petición de una comisión rogatoria para que las autoridades de Suiza colaboren y pongan a disposición del tribunal las actas de las negociaciones mantenidas por ETA y el Gobierno, custodiadas por el centro Henri Dunant.
El abogado del Foro de Ermua, Fernando García Capelo, aseguró que los medios de comunicación han publicado que en dichas actas consta que en las conversaciones entre el Ejecutivo y la banda armada se acordó que Batasuna y el PSE mantuvieran un encuentro público "para dar por finalizada, de facto, la Ley de Partidos".
A su juicio, ello demostraría que la reunión del 6 de julio de 2006 con los dirigentes socialistas no fue con la izquierda abertzale, sino de Batasuna. A esta petición del Foro Ermua se sumó Dignidad y Justicia, y se opusieron la Fiscalía y las defensas, que consideraron que la asociación querellante tiene otras pretensiones, ajenas a este procedimiento, para que las actas se hagan públicas.
"A un mediador no se le puede pedir que enseñe sus papeles nunca", afirmó el letrado del lehendakari.
Por su parte, el letrado de López y Ares afirmó que "llama mucho la atención" que el Foro de Ermua "de tanta importancia a esa prueba de la comisión rogatoria, a ese organismo de Suiza, donde, al parecer, hay depositadas unas actas donde se va a probar cómo, efectivamente", los representantes del PSE-EE "hablaron con Batasuna".
"Deduzco que, sin esa prueba, no pueden probar que han hablado con Batasuna. Y si no está probado, *por qué nos trae aquí, si no sabe con quién han hablado o, al menos no está probado que hayan hablado con Batasuna?", señaló Félix Rojo.
Para el abogado, el tema de las actas "es el velo" que, "si se retira, se descubre lo que hay", y reprochó "la visión conspiranoica" de la sociedad que mantiene la acusación particular, "donde todos el mundo, sobre todo, las autoridades y las instituciones viven una trama en donde organismos misteriosos de países neutrales y en sus cajas fuertes, se encuentran los documentos que sólo ellos pueden descubrir y esclarecer al resto de los mortales".
"Esta diligencia de prueba nos ha puesto en bandeja lo que hay debajo de su acusación, que no tiene probado los hechos y que, aún así, pidió la apertura de juicio oral, razón por la que no la pidió el Ministerio fiscal", manifestó. En su opinión, "lo que estaba probado era justo lo contrario, que se habló con unas personas físicas".
