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El Gobierno de Silvio Berlusconi ha lanzado hoy un reto inédito al presidente de la República, Giorgio Napolitano, y a la Justicia italiana al aprobar un decreto ley de urgencia que, de facto, anularía la sentencia firme del Tribunal Supremo que autoriza a suspender la alimentación y la hidratación artificial a Eluana Englaro.
El Vaticano ha reaccionado inmediatamente a la noticia diciendo: "El Gobierno ha sido valiente y nos ha escuchado".
Napolitano había enviado esta mañana una carta al Consejo de Ministros reunido en Roma en la que explicaba sus razones para no firmar el decreto. "Una actuación de urgencia no se puede emitir en oposición a sentencias ya dictadas", explicaba. Tras el anuncio de Berlusconi, Napolitano se ha reafirmado en su posición y ha anunciado que no emanará el decreto: "Estoy triste porque el Gobierno no ha escuchado mis reservas. No puedo firmarlo porque es inconstitucional", sentencia el jefe del Estado.
Vittorio Angiolini, abogado de la familia Englaro, ha dicho tras oír a Napolitano: "Está fuera de toda discusión, seguiremos adelante".
Reformar la Constitución
El insólito pulso entre el jefe del Estado y el presidente del Gobierno se origina en la iniciativa cocinada por los sectores integristas del Gabinete, con la anuencia de Berlusconi, consistente en promulgar un decreto de urgencia para evitar la interrupción del tratamiento que mantiene viva a Englaro, ingresada en una clínica de Udine y desde hace 17 años en estado vegetativo permanente.
Berlusconi en persona ha defendido tras el Consejo de Ministros su decisión, adoptada por unanimidad. "Si Napolitano no firma el decreto", ha advertido, "pediremos al Parlamento que elabore una ley en dos o tres días y cambiaremos la Constitución sobre los decretos urgentes". Según el jefe de la oposición, Walter Veltroni, "Berlusconi se comporta de un modo absolutamente irresponsable, y solo busca un enfrentamiento institucional con Napolitano".
Según informa La Repubblica, el primer ministro ha amenazado durante el Consejo con cesar a aquellos ministros que se negaran a firmar el decreto. Ante la prensa, Berlusconi ha dicho: "No quiero sentirme responsable de omisión de socorro. No quiero la responsabilidad de la muerte de Eluana. Hipotéticamente podría tener hijos". "No sabemos cómo es de permanente su estado vegetativo", ha añadido luego, confesando que había leído un libro sobre un hombre que estaba en coma y que se despertó. "Es muy bueno, se lo recomiendo".
Junto a él ha comparecido el ministro de Sanidad, Maurizio Sacconi, que ha anunciado que ha enviado inspectores a la clínica de Udine donde está ingresada Eluana para "comprobar si cumple los requisitos necesarios para llevar a cabo la suspensión del tratamiento".
Una situación "inédita"
A juicio de muchos analistas, Berlusconi ha ignorado al elaborar un decreto urgente las reglas básicas de la separación de poderes y ha subvertido la esencia del Estado de Derecho, que hasta ahora se basaba en que la última palabra corresponde al Tribunal Supremo. "Ningún formalismo jurídico vale lo que una vida humana. No podemos permitir que maten a Eluana", ha replicado Berlusconi.
El abogado de la familia Englaro, Vittorio Angiolini, ha explicado a EL PAÍS que la situación institucional generada por el decreto es "inédita en la historia de la República, pues nunca antes un presidente había anticipado su negativa a un decreto y nunca un Gobierno lo había emitido con negativa previa". La situación, dice Angiolini, "es extremadamente complicada, de absoluta anormalidad constitucional. El decreto pone en cuestión el Estado de Derecho al anular un acto ya juzgado".
El Vaticano, además de mostrar su satisfacción por el acto gubernativo, ha desmentido, con una nota oficial, la noticia publicada por La Stampa según la cual el cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado del Vaticano, llamó anteanoche por teléfono a Berlusconi para pedirle que el Gobierno parara la muerte de Eluana.
Pese al desmentido, y a que Berlusconi ha defendido que se trata de un "acto profundamente laico" del Gobierno, resulta obvio que su Gabinete ha actuado según los deseos del Vaticano. La virulencia del discurso católico, con el cardenal Javier Lozano Barragán, responsable de los asuntos de salud del Vaticano a la cabeza, ha logrado in extremis su objetivo.
Hoy mismo, un grupo de parlamentarios católicos de todas las tendencias políticas, unidos por la militancia provida, ha mandado una misiva al Consejo de Ministros pidiendo la aprobación del decreto para impedir que se cumpla la sentencia de la Corte de Apelación de Milán refrendada por el Tribunal Supremo.
La campaña orquestada oltretèvere (al otro lado del Tíber, en el Vaticano) por el sector más integrista de la curia ha llegado más lejos que nunca: ha puesto al país al borde de la ruptura institucional, y ha suspendido por un día la esencia laica de un Estado fundador de la Unión Europea.
Catolicismo "con fuerza de ley"
El ataque al Estado de Derecho y el desprecio más absoluto de la Justicia, sostiene hoy en un editorial Ezio Mauro, el director de La Repubblica, "rompe el ordenamiento constitucional". El Gobierno subvierte las reglas del juego al anular una sentencia firme. "Pero en nuestro ordenamiento el legislador solo puede cambiar el derecho si una sentencia no es ya irrevocable, es decir no impugnable". "No estamos", añade Mauro, "solo ante un conflicto, sino ante el problema de quién tiene la última palabra en democracia, el principio de la intangibilidad de lo juzgado, la regla misma de la separación de poderes".
"Ni siquiera en la era Berlusconi, donde se ha cambiado el nombre a los delitos y se ha creado una inmunidad especial para el primer ministro, se había alcanzado este punto, que convierte al legislador en juez de última instancia -cuando le parece- y viola la autonomía de la función judicial", agrega. "Y así, el catolicismo italiano deja de ser religión de las personas y se convierte en religión civil, con fuerza de ley", concluye Mauro.
El Vaticano ha reaccionado inmediatamente a la noticia diciendo: "El Gobierno ha sido valiente y nos ha escuchado".
Napolitano había enviado esta mañana una carta al Consejo de Ministros reunido en Roma en la que explicaba sus razones para no firmar el decreto. "Una actuación de urgencia no se puede emitir en oposición a sentencias ya dictadas", explicaba. Tras el anuncio de Berlusconi, Napolitano se ha reafirmado en su posición y ha anunciado que no emanará el decreto: "Estoy triste porque el Gobierno no ha escuchado mis reservas. No puedo firmarlo porque es inconstitucional", sentencia el jefe del Estado.
Vittorio Angiolini, abogado de la familia Englaro, ha dicho tras oír a Napolitano: "Está fuera de toda discusión, seguiremos adelante".
Reformar la Constitución
El insólito pulso entre el jefe del Estado y el presidente del Gobierno se origina en la iniciativa cocinada por los sectores integristas del Gabinete, con la anuencia de Berlusconi, consistente en promulgar un decreto de urgencia para evitar la interrupción del tratamiento que mantiene viva a Englaro, ingresada en una clínica de Udine y desde hace 17 años en estado vegetativo permanente.
Berlusconi en persona ha defendido tras el Consejo de Ministros su decisión, adoptada por unanimidad. "Si Napolitano no firma el decreto", ha advertido, "pediremos al Parlamento que elabore una ley en dos o tres días y cambiaremos la Constitución sobre los decretos urgentes". Según el jefe de la oposición, Walter Veltroni, "Berlusconi se comporta de un modo absolutamente irresponsable, y solo busca un enfrentamiento institucional con Napolitano".
Según informa La Repubblica, el primer ministro ha amenazado durante el Consejo con cesar a aquellos ministros que se negaran a firmar el decreto. Ante la prensa, Berlusconi ha dicho: "No quiero sentirme responsable de omisión de socorro. No quiero la responsabilidad de la muerte de Eluana. Hipotéticamente podría tener hijos". "No sabemos cómo es de permanente su estado vegetativo", ha añadido luego, confesando que había leído un libro sobre un hombre que estaba en coma y que se despertó. "Es muy bueno, se lo recomiendo".
Junto a él ha comparecido el ministro de Sanidad, Maurizio Sacconi, que ha anunciado que ha enviado inspectores a la clínica de Udine donde está ingresada Eluana para "comprobar si cumple los requisitos necesarios para llevar a cabo la suspensión del tratamiento".
Una situación "inédita"
A juicio de muchos analistas, Berlusconi ha ignorado al elaborar un decreto urgente las reglas básicas de la separación de poderes y ha subvertido la esencia del Estado de Derecho, que hasta ahora se basaba en que la última palabra corresponde al Tribunal Supremo. "Ningún formalismo jurídico vale lo que una vida humana. No podemos permitir que maten a Eluana", ha replicado Berlusconi.
El abogado de la familia Englaro, Vittorio Angiolini, ha explicado a EL PAÍS que la situación institucional generada por el decreto es "inédita en la historia de la República, pues nunca antes un presidente había anticipado su negativa a un decreto y nunca un Gobierno lo había emitido con negativa previa". La situación, dice Angiolini, "es extremadamente complicada, de absoluta anormalidad constitucional. El decreto pone en cuestión el Estado de Derecho al anular un acto ya juzgado".
El Vaticano, además de mostrar su satisfacción por el acto gubernativo, ha desmentido, con una nota oficial, la noticia publicada por La Stampa según la cual el cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado del Vaticano, llamó anteanoche por teléfono a Berlusconi para pedirle que el Gobierno parara la muerte de Eluana.
Pese al desmentido, y a que Berlusconi ha defendido que se trata de un "acto profundamente laico" del Gobierno, resulta obvio que su Gabinete ha actuado según los deseos del Vaticano. La virulencia del discurso católico, con el cardenal Javier Lozano Barragán, responsable de los asuntos de salud del Vaticano a la cabeza, ha logrado in extremis su objetivo.
Hoy mismo, un grupo de parlamentarios católicos de todas las tendencias políticas, unidos por la militancia provida, ha mandado una misiva al Consejo de Ministros pidiendo la aprobación del decreto para impedir que se cumpla la sentencia de la Corte de Apelación de Milán refrendada por el Tribunal Supremo.
La campaña orquestada oltretèvere (al otro lado del Tíber, en el Vaticano) por el sector más integrista de la curia ha llegado más lejos que nunca: ha puesto al país al borde de la ruptura institucional, y ha suspendido por un día la esencia laica de un Estado fundador de la Unión Europea.
Catolicismo "con fuerza de ley"
El ataque al Estado de Derecho y el desprecio más absoluto de la Justicia, sostiene hoy en un editorial Ezio Mauro, el director de La Repubblica, "rompe el ordenamiento constitucional". El Gobierno subvierte las reglas del juego al anular una sentencia firme. "Pero en nuestro ordenamiento el legislador solo puede cambiar el derecho si una sentencia no es ya irrevocable, es decir no impugnable". "No estamos", añade Mauro, "solo ante un conflicto, sino ante el problema de quién tiene la última palabra en democracia, el principio de la intangibilidad de lo juzgado, la regla misma de la separación de poderes".
"Ni siquiera en la era Berlusconi, donde se ha cambiado el nombre a los delitos y se ha creado una inmunidad especial para el primer ministro, se había alcanzado este punto, que convierte al legislador en juez de última instancia -cuando le parece- y viola la autonomía de la función judicial", agrega. "Y así, el catolicismo italiano deja de ser religión de las personas y se convierte en religión civil, con fuerza de ley", concluye Mauro.
