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Política
El derecho territorial que las comunidades mapuches le exigen al Estado argentino que les garantice es una problemática que, sin embargo, abarca también a unos 1.500 grupos indígenas en todo el país, que viven, en su mayoría, una situación de vulnerabilidad social y económica.
"Las comunidades indígenas están ejerciendo el derecho a la protesta ante un contexto de falta de reconocimiento territorial" por el Estado, explicó a dpa Paola García Rey, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional (AI) Argentina.
En noviembre de 2006 el Parlamento argentino aprobó una ley que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan las comunidades indígenas originarias del país.
La norma detuvo la ejecución de las sentencias de desalojo de las comunidades indígenas y estableció que el Estado, por medio del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), realizara un relevamiento del dominio de las tierras en discusión.
En casi una década solo 456 comunidades indígenas de 1.532 reconocidas avanzaron en el trámite de que el Estado les reconozca como propios sus territorios ancestrales, en muchos casos ocupados o adquiridos, a veces hasta legítimamente, por privados para desarrollar emprendimientos agrarios, mineros, turísticos o petroleros.
La ley fue prorrogada en dos oportunidades por el Parlamento pero se encuentra en riesgo de perder vigencia si los legisladores no extienden el plazo de alcance, que vence en noviembre próximo.
"La puesta en vigencia de la ley frenó los conflictos territoriales pero su falta de ejecución, vinculada a que las provincias o los sectores empresarios se opusieron al relevamiento, reinstaló el reclamo" de los indígenas, explicó García Rey.
En esa situación se encuentra la comunidad Cushamen, en la región cordillerana occidental de la patagónica provincia de Chubut, a unos 1.400 kilómetros al suroeste de Buenos Aires.
Allí, muy cerca del lugar donde fue visto Maldonado por última vez en medio de un violento desalojo por parte de la Gendarmería argentina, otro grupo de mapuches había sido reprimido en enero pasado con disparos de bala de goma por policías de Chubut.
Desde la desaparición de Maldonado el Gobierno argentino aumentó sus acusaciones a sectores de las comunidades mapuches de protagonizar acciones de "terrorismo" y atentados contra campos, viviendas y edificios públicos.
Especialmente apuntó contra el "lonko" (jefe) del "lof" (pueblo) mapuche de Cushamen Facundo Jones Huala, líder de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), sobre quien pesa un pedido de extradición de Chile, donde es acusado de haber participado en un ataque incendiario cerca de la ciudad de Valdivia.
"Hay un discurso del Estado argentino que identifica a los mapuches como violentos, delincuentes, terroristas y hasta vinculados a las FARC de Colombia. Es un discurso que avala la criminalización", analizó García Rey.
El periodista Darío Aranda, autor del libro "Argentina originaria. Genocidios, saqueos y resistencias", dijo a dpa que esta "criminalización" de los mapuches "no es nueva, sino que forma parte de la continuidad y profundización de la represión y avanzada sobre los pueblos indígenas" en las últimas décadas.
"Solo en la provincia de Neuquén, limítrofe con Chubut, había hasta 2014 unos 350 mapuches con causas judiciales abiertas por defender el territorio", resaltó.
Aranda consideró que lo "preocupante" del caso Maldonado y de otros desalojos de los pueblos originarios es que "el Gobierno y la sociedad legitiman la represión" porque, a su criterio, "existe, además, un componente de racismo" en la opinión que tienen "los sectores del poder político, económico, mediático y judicial" de los indígenas.
En ese sentido, recordó un estudio realizado en 2005 por el investigador Daniel Corach, director del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) acerca de que "el 60 por ciento de los argentinos tiene antecedentes indígenas, componentes genéticos amerindios, de los pueblos nativos".
"Es recurrente escuchar que la población argentina está constituida fundamentalmente por descendientes europeos, pero resulta que el componente aborigen está muy metido en la población", indicó Corach en su investigación.
"Las comunidades indígenas están ejerciendo el derecho a la protesta ante un contexto de falta de reconocimiento territorial" por el Estado, explicó a dpa Paola García Rey, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional (AI) Argentina.
En noviembre de 2006 el Parlamento argentino aprobó una ley que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan las comunidades indígenas originarias del país.
La norma detuvo la ejecución de las sentencias de desalojo de las comunidades indígenas y estableció que el Estado, por medio del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), realizara un relevamiento del dominio de las tierras en discusión.
En casi una década solo 456 comunidades indígenas de 1.532 reconocidas avanzaron en el trámite de que el Estado les reconozca como propios sus territorios ancestrales, en muchos casos ocupados o adquiridos, a veces hasta legítimamente, por privados para desarrollar emprendimientos agrarios, mineros, turísticos o petroleros.
La ley fue prorrogada en dos oportunidades por el Parlamento pero se encuentra en riesgo de perder vigencia si los legisladores no extienden el plazo de alcance, que vence en noviembre próximo.
"La puesta en vigencia de la ley frenó los conflictos territoriales pero su falta de ejecución, vinculada a que las provincias o los sectores empresarios se opusieron al relevamiento, reinstaló el reclamo" de los indígenas, explicó García Rey.
En esa situación se encuentra la comunidad Cushamen, en la región cordillerana occidental de la patagónica provincia de Chubut, a unos 1.400 kilómetros al suroeste de Buenos Aires.
Allí, muy cerca del lugar donde fue visto Maldonado por última vez en medio de un violento desalojo por parte de la Gendarmería argentina, otro grupo de mapuches había sido reprimido en enero pasado con disparos de bala de goma por policías de Chubut.
Desde la desaparición de Maldonado el Gobierno argentino aumentó sus acusaciones a sectores de las comunidades mapuches de protagonizar acciones de "terrorismo" y atentados contra campos, viviendas y edificios públicos.
Especialmente apuntó contra el "lonko" (jefe) del "lof" (pueblo) mapuche de Cushamen Facundo Jones Huala, líder de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), sobre quien pesa un pedido de extradición de Chile, donde es acusado de haber participado en un ataque incendiario cerca de la ciudad de Valdivia.
"Hay un discurso del Estado argentino que identifica a los mapuches como violentos, delincuentes, terroristas y hasta vinculados a las FARC de Colombia. Es un discurso que avala la criminalización", analizó García Rey.
El periodista Darío Aranda, autor del libro "Argentina originaria. Genocidios, saqueos y resistencias", dijo a dpa que esta "criminalización" de los mapuches "no es nueva, sino que forma parte de la continuidad y profundización de la represión y avanzada sobre los pueblos indígenas" en las últimas décadas.
"Solo en la provincia de Neuquén, limítrofe con Chubut, había hasta 2014 unos 350 mapuches con causas judiciales abiertas por defender el territorio", resaltó.
Aranda consideró que lo "preocupante" del caso Maldonado y de otros desalojos de los pueblos originarios es que "el Gobierno y la sociedad legitiman la represión" porque, a su criterio, "existe, además, un componente de racismo" en la opinión que tienen "los sectores del poder político, económico, mediático y judicial" de los indígenas.
En ese sentido, recordó un estudio realizado en 2005 por el investigador Daniel Corach, director del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) acerca de que "el 60 por ciento de los argentinos tiene antecedentes indígenas, componentes genéticos amerindios, de los pueblos nativos".
"Es recurrente escuchar que la población argentina está constituida fundamentalmente por descendientes europeos, pero resulta que el componente aborigen está muy metido en la población", indicó Corach en su investigación.
