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Política
Albañiles en el Reino Unido
Defensores de línea dura del "Brexit" como el ministro de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, habían dibujado una imagen muy diferente. Había prometido a los británicos que las elevadas sumas que el Reino Unido todavía tiene que aportar al presupuesto comunitario les beneficiarían en el futuro, por ejemplo como estímulos financieros para el maltrecho sistema de salud NHS (National Health Service).
Según el grupo del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) en el Parlamento Europeo, el Reino Unido ha presentado por primera vez una propuesta de pago de su factura que satisface algunas demandas importantes de la UE. En su oferta, el Reino Unido se compromete a pagar también después del "Brexit" obligaciones contraídas con la UE como las pensiones, algo en lo que había insistido el Ejecutivo europeo en Bruselas.
Al parecer, la oferta británica no menciona una cantidad concreta, pero los expertos pueden realizar un cálculo aproximado a partir de compromisos abstractos. Algunos medios británicos lo han hecho y han calculado una cantidad que se sitúa entre 45.000 y 55.000 euros.
Según el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, la oferta británica no es aún un avance decisivo. Por el contrario, el jefe de los diputados del SPD en la Eurocámara, Jens Geier, es uno de los pocos que creen que la nueva propuesta del Reino Unido puede ser aceptable para la UE. Para Geier, es importante que Londres haya confirmado su disposición a pagar proporcionalmente las pensiones de la UE a largo plazo y otros compromisos financieros, incluso mucho tiempo después de la fecha fijada para la salida de la Unión, a finales de marzo de 2019. Sin embargo, esta concesión es algo muy difícil de digerir para los defensores del "Brexit".
"El Reino Unido tiene que pagar facturas de la UE durante décadas", tituló el diario conservador "The Times". Cabe recordar que los partidarios de un "Brexit" duro habían asegurado que el Reino Unido no tendría que pagar nada por su divorcio de la UE. Cuando Bruselas se mostró intransigente e hizo circular estimaciones de una factura total de hasta 100.000 millones de euros, la primera ministra británica, Theresa May, presentó su primera oferta. En su discurso sobre del "Brexit" pronunciado en septiembre en Florencia mencionó una cantidad provisional de 20.000 millones de euros.
Desde la debacle de las elecciones anticipadas convocadas por May para junio, la premier actúa con mucha prudencia. Teme ser triturada entre los defensores de un "Brexit" duro y los que abogan por un "Brexit" suave en el seno de su propio Partido Conservador. Ya no puede fiarse de su gabinete. Da igual si es Johnson o el ministro de Finanzas, Philip Hammond: una y otra vez hay miembros de su gabinete que le ponen palos en las ruedas con sus propias propuestas para el "Brexit".
Muchos británicos creen que May todavía se mantiene en el cargo por falta de alternativas. Además, un viejo aliado de May como Michael Fallon dimitió recientemente como ministro de Defensa por acusaciones de acoso sexual. La mandataria camina sobre una delgada capa de hielo y su Gobierno solo cuenta con el apoyo del Partido Unionista Democrático (DUP), una formación norirlandesa ultraconservadora para la que la salida de la UE planea algunas cuestiones muy delicadas.
Y es que el "Brexit" crea una nueva frontera externa de la UE entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, lo que podría reabrir viejas heridas en la región, sumida en el pasado en una guerra civil, y también podría dañar el comercio.
Decenas de miles de personas cruzan diariamente la línea fronteriza, situada actualmente de forma casi invisible en el verde paisaje de colinas. Además, Irlanda del Norte vive desde hace casi un año sin Gobierno autónomo. Si no se resuelve la disputa interpartidista, la frágil provincia británica podría pasar a ser gobernada directamente desde Londres.
También crece la inquietud entre las asociaciones empresariales británicas, porque aún no se ha aclarado de forma detallada cuáles son los derechos que tendrán después del "Brexit" los ciudadanos europeos afincados en el Reino Unido. La pregunta es si en el futuro faltará la mano de obra barata para las cosechas o para los trabajos de limpieza doméstica. El miércoles también manifestó su preocupación el sector de la construcción, porque muchas empresas emplean mayoritariamente a trabajadores de la construcción extranjeros.
Actualmente también se enfrenta a una enorme presión el ministro británico para el "Brexit", David Davis, por su negativa a publicar algunas partes de un informe sobre las consecuencias económicas de la salida de la UE.
Según el grupo del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) en el Parlamento Europeo, el Reino Unido ha presentado por primera vez una propuesta de pago de su factura que satisface algunas demandas importantes de la UE. En su oferta, el Reino Unido se compromete a pagar también después del "Brexit" obligaciones contraídas con la UE como las pensiones, algo en lo que había insistido el Ejecutivo europeo en Bruselas.
Al parecer, la oferta británica no menciona una cantidad concreta, pero los expertos pueden realizar un cálculo aproximado a partir de compromisos abstractos. Algunos medios británicos lo han hecho y han calculado una cantidad que se sitúa entre 45.000 y 55.000 euros.
Según el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, la oferta británica no es aún un avance decisivo. Por el contrario, el jefe de los diputados del SPD en la Eurocámara, Jens Geier, es uno de los pocos que creen que la nueva propuesta del Reino Unido puede ser aceptable para la UE. Para Geier, es importante que Londres haya confirmado su disposición a pagar proporcionalmente las pensiones de la UE a largo plazo y otros compromisos financieros, incluso mucho tiempo después de la fecha fijada para la salida de la Unión, a finales de marzo de 2019. Sin embargo, esta concesión es algo muy difícil de digerir para los defensores del "Brexit".
"El Reino Unido tiene que pagar facturas de la UE durante décadas", tituló el diario conservador "The Times". Cabe recordar que los partidarios de un "Brexit" duro habían asegurado que el Reino Unido no tendría que pagar nada por su divorcio de la UE. Cuando Bruselas se mostró intransigente e hizo circular estimaciones de una factura total de hasta 100.000 millones de euros, la primera ministra británica, Theresa May, presentó su primera oferta. En su discurso sobre del "Brexit" pronunciado en septiembre en Florencia mencionó una cantidad provisional de 20.000 millones de euros.
Desde la debacle de las elecciones anticipadas convocadas por May para junio, la premier actúa con mucha prudencia. Teme ser triturada entre los defensores de un "Brexit" duro y los que abogan por un "Brexit" suave en el seno de su propio Partido Conservador. Ya no puede fiarse de su gabinete. Da igual si es Johnson o el ministro de Finanzas, Philip Hammond: una y otra vez hay miembros de su gabinete que le ponen palos en las ruedas con sus propias propuestas para el "Brexit".
Muchos británicos creen que May todavía se mantiene en el cargo por falta de alternativas. Además, un viejo aliado de May como Michael Fallon dimitió recientemente como ministro de Defensa por acusaciones de acoso sexual. La mandataria camina sobre una delgada capa de hielo y su Gobierno solo cuenta con el apoyo del Partido Unionista Democrático (DUP), una formación norirlandesa ultraconservadora para la que la salida de la UE planea algunas cuestiones muy delicadas.
Y es que el "Brexit" crea una nueva frontera externa de la UE entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, lo que podría reabrir viejas heridas en la región, sumida en el pasado en una guerra civil, y también podría dañar el comercio.
Decenas de miles de personas cruzan diariamente la línea fronteriza, situada actualmente de forma casi invisible en el verde paisaje de colinas. Además, Irlanda del Norte vive desde hace casi un año sin Gobierno autónomo. Si no se resuelve la disputa interpartidista, la frágil provincia británica podría pasar a ser gobernada directamente desde Londres.
También crece la inquietud entre las asociaciones empresariales británicas, porque aún no se ha aclarado de forma detallada cuáles son los derechos que tendrán después del "Brexit" los ciudadanos europeos afincados en el Reino Unido. La pregunta es si en el futuro faltará la mano de obra barata para las cosechas o para los trabajos de limpieza doméstica. El miércoles también manifestó su preocupación el sector de la construcción, porque muchas empresas emplean mayoritariamente a trabajadores de la construcción extranjeros.
Actualmente también se enfrenta a una enorme presión el ministro británico para el "Brexit", David Davis, por su negativa a publicar algunas partes de un informe sobre las consecuencias económicas de la salida de la UE.
