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Política
Funcionarios públicos manifiestándose en Londres.
Más de tres de cada cuatro escuelas públicas (76%) resultaron afectadas por la huelga, según estimaciones gubernamentales, y muchas de ellas ni siquiera abrieron sus puertas, lo que obligó a numerosos ciudadanos a quedarse en casa para cuidar de sus hijos.
El mayor sindicato de trabajadores del sector público, Unison, estimó la participación en "unos dos millones", mientras que el gobierno se limitó a decir que 135.000 --o un poco más del 25%-- de los funcionarios (término que en el Reino Unido engloba sólo a los trabajadores de las administraciones públicas) faltaron a sus puestos de trabajo.
Varias decenas de miles de personas se manifestaron durante la tarde en el centro de Londres, la mayor del millar de concentraciones previstas a lo largo y ancho del país. La policía anunció a última hora que llevó a cabo un total de 75 detenciones por diversos delitos a lo largo de la jornada.
Los huelguistas instalaron piquetes informativos ante numerosos edificios públicos, especialmente hospitales, algunos de los cuales atendieron sólo las urgencias tras haber anulado consultas y otras intervenciones aplazables, pero también juzgados, museos, oficinas municipales y hasta el venerable parlamento.
El caos anticipado en las zonas de control de pasaportes de los grandes aeropuertos internacionales de Londres, sin embargo, no se materializó.
"Debido a los eficaces planes de contingencia implementados con las aerolíneas y la Agencia Fronteriza británica, las colas de inmigración registran actualmente niveles normales", declaró Colin Matthews, consejero delegado de BAA, el operador del aeropuerto de Heathrow.
BAA, que vaticinó inicialmente retrasos de hasta 12 horas, pidió a las aerolíneas que redujeran el número de pasajeros de sus vuelos con destino a Londres, y el gobierno reclutó voluntarios para cubrir las vacantes.
Un portavoz había dicho previamente que dos tercios de los agentes de inmigración acudieron a trabajar esta mañana.
Algunos pasajeros señalaron que la situación era incluso más fluida que otros días. "He volado a esta terminal siete veces anteriormente y hoy ha sido mejor que habitualmente", dijo Debbie Arnell, que regresaba de unas vacaciones en Filadelfia. "Hasta repartían fruta y agua gratuitamente", bromeó.
En una comparecencia en el parlamento en defensa de la reforma de las pensiones, que se enmarca en el severo plan de ajuste gubernamental, Cameron calificó la huelga anunciada de "petardo mojado".
Para los sindicatos, en cambio, el parón fue "histórico". "Pasará a la historia como la mayor huelga coordinada, la mayor muestra de determinación y desafío que el país ha vivido en casi un siglo", proclamó el secretario general de Unison, Dave Prentis.
El blanco principal de la protesta es una reforma del sistema de pensiones que les obligaría a trabajar más tiempo --hasta los 66 años en 2020, contra 60 ahora para la mayoría-- y pagar más contribuciones para al final cobrar menos, porque el monto de la pensión se calcularía a partir del promedio de todos los años trabajados y no del último salario como actualmente.
Pero la indignación de los empleados públicos se incrementó después de que el ministro de Finanzas, George Osborne, anunciara el martes la supresión de otros 300.000 empleos en su sector, que elevan a 700.000 el total previsto hasta 2017, y la limitación al 1% del incremento salarial en 2013 y 2014, después de dos años de congelación.
El gobierno "está haciendo que el sector público pague por los bancos y por la deuda", se lamentó en un piquete el profesor de inglés del University College de Londres (UCL) Matthew Beaumont.
El mayor sindicato de trabajadores del sector público, Unison, estimó la participación en "unos dos millones", mientras que el gobierno se limitó a decir que 135.000 --o un poco más del 25%-- de los funcionarios (término que en el Reino Unido engloba sólo a los trabajadores de las administraciones públicas) faltaron a sus puestos de trabajo.
Varias decenas de miles de personas se manifestaron durante la tarde en el centro de Londres, la mayor del millar de concentraciones previstas a lo largo y ancho del país. La policía anunció a última hora que llevó a cabo un total de 75 detenciones por diversos delitos a lo largo de la jornada.
Los huelguistas instalaron piquetes informativos ante numerosos edificios públicos, especialmente hospitales, algunos de los cuales atendieron sólo las urgencias tras haber anulado consultas y otras intervenciones aplazables, pero también juzgados, museos, oficinas municipales y hasta el venerable parlamento.
El caos anticipado en las zonas de control de pasaportes de los grandes aeropuertos internacionales de Londres, sin embargo, no se materializó.
"Debido a los eficaces planes de contingencia implementados con las aerolíneas y la Agencia Fronteriza británica, las colas de inmigración registran actualmente niveles normales", declaró Colin Matthews, consejero delegado de BAA, el operador del aeropuerto de Heathrow.
BAA, que vaticinó inicialmente retrasos de hasta 12 horas, pidió a las aerolíneas que redujeran el número de pasajeros de sus vuelos con destino a Londres, y el gobierno reclutó voluntarios para cubrir las vacantes.
Un portavoz había dicho previamente que dos tercios de los agentes de inmigración acudieron a trabajar esta mañana.
Algunos pasajeros señalaron que la situación era incluso más fluida que otros días. "He volado a esta terminal siete veces anteriormente y hoy ha sido mejor que habitualmente", dijo Debbie Arnell, que regresaba de unas vacaciones en Filadelfia. "Hasta repartían fruta y agua gratuitamente", bromeó.
En una comparecencia en el parlamento en defensa de la reforma de las pensiones, que se enmarca en el severo plan de ajuste gubernamental, Cameron calificó la huelga anunciada de "petardo mojado".
Para los sindicatos, en cambio, el parón fue "histórico". "Pasará a la historia como la mayor huelga coordinada, la mayor muestra de determinación y desafío que el país ha vivido en casi un siglo", proclamó el secretario general de Unison, Dave Prentis.
El blanco principal de la protesta es una reforma del sistema de pensiones que les obligaría a trabajar más tiempo --hasta los 66 años en 2020, contra 60 ahora para la mayoría-- y pagar más contribuciones para al final cobrar menos, porque el monto de la pensión se calcularía a partir del promedio de todos los años trabajados y no del último salario como actualmente.
Pero la indignación de los empleados públicos se incrementó después de que el ministro de Finanzas, George Osborne, anunciara el martes la supresión de otros 300.000 empleos en su sector, que elevan a 700.000 el total previsto hasta 2017, y la limitación al 1% del incremento salarial en 2013 y 2014, después de dos años de congelación.
El gobierno "está haciendo que el sector público pague por los bancos y por la deuda", se lamentó en un piquete el profesor de inglés del University College de Londres (UCL) Matthew Beaumont.
