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Política
Paul Kagame
A mediados de julio el cuerpo semidecapitado del vicepresidente del Partido Democrático Verde, André Kagwa Rwisereka, fue hallado en un pantano cerca de la ciudad de Butare (sur). El 24 de junio, un periodista fue asesinado a balazos en Kigali por desconocidos.
Según el fiscal general ruandés, Martin Ngoga, el gobierno de Ruanda no tiene nada ver con esos asesinatos.
"¿Qué interés tendría el gobierno en llevar a cabo semejantes ataques contra políticos de la oposición ? El gobierno no está detrás de esos ataques", declaró Ngoga.
Kagame, presidente de este pequeño país de África central desde que puso fin al genocidio Tutsi en julio de 1994, aspira a que los cinco millones de electores renueven su mandato por otros siete años luego de su elección triunfal de 2003.
Para esta segunda elección presidencial desde las masacres, el líder del Frente Patriótico Ruandés, el ex grupo rebelde tutsi que controla todos los escalafones de la vida política, se enfrenta a tres candidatos que lo apoyaron en 2003.
Tres partidos que aparecieron recientemente, dos de ellos no reconocidos por las autoridades, están excluidos de facto del escrutinio y denunciaron una "farsa electoral".
Durante toda la campaña, el candidato Kagame, que prometía "continuar la batalla en pro del desarrollo y de la paz", movilizó a cientos de miles de partidarios en las reuniones organizadas en todo el país, publicadas en internet.
Con un gran apoyo internacional, las autoridades implementaron una política voluntarista de desarrollo económico, centrada en los servicios y las nuevas tecnologías, así como en la modernización de la agricultura.
Considerado como ejemplo por la lucha contra la corrupción o a favor de las mujeres, Ruanda figura entre los países más avanzados en la defensa del medio ambiente.
Enfrentado a la tarea titánica de reconciliar los grupos étnicos Hutu y Tutsi, el gobierno pudo juzgar a casi la totalidad de los autores del genocidio, gracias a las jurisdicciones de la corte Gacaca (sistema comunitario de justicia establecido en 2001 en Ruanda).
No obstante, opositores y críticos del régimen denuncian un éxito engañoso que disimula un régimen represivo y ultra autoritario.
Organizaciones de los derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) deploran regularmente "la represión persistente de los derechos civiles y políticos" y las "restricciones de libertad de expresión, que puede afectar la estabilidad del país a largo plazo".
Antes de las elecciones, los signos de tensión se multiplicaron, con un "alza de la inseguridad" y un "número creciente de amenazas y de agresiones", hacia la oposición, según el HRW.
Un candidato anunciado, Bernard Ntaganda está encarcelado y la opositora Victoire Ingabire se encuentra bajo control judicial, siendo acusados de negación del genocidio.
Varios oficiales de alto rango han sido arrestados y otras personalidades claves del Frente Patriótico Ruandés están en el exilio. Desde allí, estos ex combatientes del FPR, poseedores de todos los secretos del sistema Kagame, llaman a los ruandeses a "sublevarse contra el dictador".
Según el fiscal general ruandés, Martin Ngoga, el gobierno de Ruanda no tiene nada ver con esos asesinatos.
"¿Qué interés tendría el gobierno en llevar a cabo semejantes ataques contra políticos de la oposición ? El gobierno no está detrás de esos ataques", declaró Ngoga.
Kagame, presidente de este pequeño país de África central desde que puso fin al genocidio Tutsi en julio de 1994, aspira a que los cinco millones de electores renueven su mandato por otros siete años luego de su elección triunfal de 2003.
Para esta segunda elección presidencial desde las masacres, el líder del Frente Patriótico Ruandés, el ex grupo rebelde tutsi que controla todos los escalafones de la vida política, se enfrenta a tres candidatos que lo apoyaron en 2003.
Tres partidos que aparecieron recientemente, dos de ellos no reconocidos por las autoridades, están excluidos de facto del escrutinio y denunciaron una "farsa electoral".
Durante toda la campaña, el candidato Kagame, que prometía "continuar la batalla en pro del desarrollo y de la paz", movilizó a cientos de miles de partidarios en las reuniones organizadas en todo el país, publicadas en internet.
Con un gran apoyo internacional, las autoridades implementaron una política voluntarista de desarrollo económico, centrada en los servicios y las nuevas tecnologías, así como en la modernización de la agricultura.
Considerado como ejemplo por la lucha contra la corrupción o a favor de las mujeres, Ruanda figura entre los países más avanzados en la defensa del medio ambiente.
Enfrentado a la tarea titánica de reconciliar los grupos étnicos Hutu y Tutsi, el gobierno pudo juzgar a casi la totalidad de los autores del genocidio, gracias a las jurisdicciones de la corte Gacaca (sistema comunitario de justicia establecido en 2001 en Ruanda).
No obstante, opositores y críticos del régimen denuncian un éxito engañoso que disimula un régimen represivo y ultra autoritario.
Organizaciones de los derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) deploran regularmente "la represión persistente de los derechos civiles y políticos" y las "restricciones de libertad de expresión, que puede afectar la estabilidad del país a largo plazo".
Antes de las elecciones, los signos de tensión se multiplicaron, con un "alza de la inseguridad" y un "número creciente de amenazas y de agresiones", hacia la oposición, según el HRW.
Un candidato anunciado, Bernard Ntaganda está encarcelado y la opositora Victoire Ingabire se encuentra bajo control judicial, siendo acusados de negación del genocidio.
Varios oficiales de alto rango han sido arrestados y otras personalidades claves del Frente Patriótico Ruandés están en el exilio. Desde allí, estos ex combatientes del FPR, poseedores de todos los secretos del sistema Kagame, llaman a los ruandeses a "sublevarse contra el dictador".
