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Política
"Esto es todos los días, todos los días", dice a la AFP Paúl Martínez, de 39 años, mientras junto a sus compañeros mineros ve arder una pila de neumáticos que desprende una espesa humareda negra sobre un paisaje de verdes colinas.
"Es la única manera de que alguien se fije en que aquí hay un problema, ya no sólo laboral sino social, muy grande", afirma. Si las minas debiesen cerrar "sería abocar a la muerte a toda esta comarca", asegura.
"Mi padre fue minero, mis hermanos también, mi abuelo trabajaba en la mina cuando todavía se picaba con pico. Es una forma de vida", dice.
El carbón español, que en los últimos 20 años ha visto su número de trabajadores reducido a una sexta parte, es más caro que el de importación y para ser competitivo depende de las subvenciones del Estado que, con un plan regresivo, deben terminar en 2018 por decisión de Bruselas.
Pero este año, asfixiado por una crisis ecónomica que no parece tocar fondo, el gobierno de Madrid redujo las ayudas de 301 millones de euros a 111 millones.
Una reducción que aboca al cierre de las minas, aseguran los sindicatos, con la pérdida de 8.000 empleos directos y hasta 30.000 sumando los indirectos e inducidos.
Por eso, desde hace ya casi tres semanas, los mineros se movilizan. Principalmente cortando carreteras y vías de tren. Después, esperan a que llegue la policía y comienza una batalla campal en la que unos lanzan pelotas de goma y los otros potentes petardos que ellos mismos fabrican.
La movilización "se está radicalizando cada día más porque la postura del gobierno es intransigente", afirma Guillermo Sánchez, responsable local del sindicato UGT, lamentando que varias reuniones con el ministerio de Industria no hayan flexibilizado la posición de Madrid.
"Estamos hablando de nuestros puestos de trabajo, no de una subida salarial, y hay que defenderlos hasta las últimas consecuencias", agrega.
"Lo que se está viendo ahora es que la gente está más nerviosa, porque seguimos igual que al principio", explica Florencio, de 40 años, con el rostro cubierto, junto a un corte de vía en Bembibre, en el norte minero de España.
"Cada vez hay más violencia con los antidisturbios", reconoce este hombre que defiende un trabajo en el que empezó hace tres años. "Antes trabajaba en lo que podía, de conductor de ambulacias, de camarero: en las cuencas mineras o hay minería o servicios, no hay nada más", dice.
Pero en Bembibre, también los comerciantes temen por su supervivencia.
"Si cierran la minas esto se queda como un desierto total. Posiblemente nosotros tuviésemos que cerrar también", se lamenta José Manuel Jáñez, de 57 años, tras el mostrador de su bar, en el centro de este pueblo de unos 10.000 habitantes.
"Si ellos no trabajan, no cobran, y si ellos no cobran nosotros no comemos. Eso es así", coincide Soraya Moreno, de 33 años, propietaria de una tienda de artículos deportivos que abrió hace dos meses porque "no encontraba trabajo en ningún lado", dice.
Desde que estalló la crisis en 2008, las pocas industrias alternativas que se habían desarrollado en la zona, entre ellas tres de fabricación de partes para aerogeneradores, fueron despidiendo personal o simplemente cerrando.
Así que sólo queda la minería, un recurso tradicional que la región lucha por conservar.
"Me parece bien que todo el mundo se apunte a la lucha", dice Jáñez, determinado a secundar una huelga general convocada para todos los sectores locales el 18 de junio.
Tania Rozados, de 25 años, advierte que los mineros tienen una determinación para resistir forjada en años de lucha sindical.
"Aquí, cuando ellos quieren algo es como una guerra abierta", dice mientras atiende a una clienta en la panadería de su padre. "Es la única manera que tienen de hacerse notar, de que les hagan caso", agrega.
"Es la única manera de que alguien se fije en que aquí hay un problema, ya no sólo laboral sino social, muy grande", afirma. Si las minas debiesen cerrar "sería abocar a la muerte a toda esta comarca", asegura.
"Mi padre fue minero, mis hermanos también, mi abuelo trabajaba en la mina cuando todavía se picaba con pico. Es una forma de vida", dice.
El carbón español, que en los últimos 20 años ha visto su número de trabajadores reducido a una sexta parte, es más caro que el de importación y para ser competitivo depende de las subvenciones del Estado que, con un plan regresivo, deben terminar en 2018 por decisión de Bruselas.
Pero este año, asfixiado por una crisis ecónomica que no parece tocar fondo, el gobierno de Madrid redujo las ayudas de 301 millones de euros a 111 millones.
Una reducción que aboca al cierre de las minas, aseguran los sindicatos, con la pérdida de 8.000 empleos directos y hasta 30.000 sumando los indirectos e inducidos.
Por eso, desde hace ya casi tres semanas, los mineros se movilizan. Principalmente cortando carreteras y vías de tren. Después, esperan a que llegue la policía y comienza una batalla campal en la que unos lanzan pelotas de goma y los otros potentes petardos que ellos mismos fabrican.
La movilización "se está radicalizando cada día más porque la postura del gobierno es intransigente", afirma Guillermo Sánchez, responsable local del sindicato UGT, lamentando que varias reuniones con el ministerio de Industria no hayan flexibilizado la posición de Madrid.
"Estamos hablando de nuestros puestos de trabajo, no de una subida salarial, y hay que defenderlos hasta las últimas consecuencias", agrega.
"Lo que se está viendo ahora es que la gente está más nerviosa, porque seguimos igual que al principio", explica Florencio, de 40 años, con el rostro cubierto, junto a un corte de vía en Bembibre, en el norte minero de España.
"Cada vez hay más violencia con los antidisturbios", reconoce este hombre que defiende un trabajo en el que empezó hace tres años. "Antes trabajaba en lo que podía, de conductor de ambulacias, de camarero: en las cuencas mineras o hay minería o servicios, no hay nada más", dice.
Pero en Bembibre, también los comerciantes temen por su supervivencia.
"Si cierran la minas esto se queda como un desierto total. Posiblemente nosotros tuviésemos que cerrar también", se lamenta José Manuel Jáñez, de 57 años, tras el mostrador de su bar, en el centro de este pueblo de unos 10.000 habitantes.
"Si ellos no trabajan, no cobran, y si ellos no cobran nosotros no comemos. Eso es así", coincide Soraya Moreno, de 33 años, propietaria de una tienda de artículos deportivos que abrió hace dos meses porque "no encontraba trabajo en ningún lado", dice.
Desde que estalló la crisis en 2008, las pocas industrias alternativas que se habían desarrollado en la zona, entre ellas tres de fabricación de partes para aerogeneradores, fueron despidiendo personal o simplemente cerrando.
Así que sólo queda la minería, un recurso tradicional que la región lucha por conservar.
"Me parece bien que todo el mundo se apunte a la lucha", dice Jáñez, determinado a secundar una huelga general convocada para todos los sectores locales el 18 de junio.
Tania Rozados, de 25 años, advierte que los mineros tienen una determinación para resistir forjada en años de lucha sindical.
"Aquí, cuando ellos quieren algo es como una guerra abierta", dice mientras atiende a una clienta en la panadería de su padre. "Es la única manera que tienen de hacerse notar, de que les hagan caso", agrega.
