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Política
"La crisis puede agudizar" los problemas con los inmigrantes "en la medida en que si aumenta el número de parados, haya más motivos para tensiones sociales", explicó a la AFP David Moya, profesor lector de derecho constitucional de la Universidad de Barcelona.
El fuerte crecimiento económico de España en los últimos 15 años le llevó a necesitar mano de obra y recibir masivamente a inmigrantes, quienes pasaron de 500.000 en 1996 a los 5,7 millones hoy, es decir, el 12,2%, de un total de 47 millones de habitantes. Un 26,6% de los extranjeros son latinoamericanos, la mayor comunidad no europea.
La recesión en que está inmersa la economía española desde finales de 2008 --de la que parece comienza a salir tímidamente--, ha contribuido a frenar las llegadas, aunque también se ha cebado con los inmigrantes: el desempleo, que alcanza ya a un 20% de la población activa (4,6 millones de trabajadores), azota a más del 30% de los extranjeros (unos 1,13 millones).
Ante esto, "el gran reto para los próximos años es buscar un modelo realmente integrador (...) para asegurar que los chavales de la segunda y tercera generación no caigan" en el fracaso escolar, "encuentren trabajos dignos" o "que no surjan tensiones de carácter religioso", según este experto en derecho de la inmigración.
"Durante años la experiencia migratoria se ha vivido de forma en exceso despreocupada", estima Joaquín Arango, presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, órgano de consulta del ministerio de Inmigración.
Se pensaba: "'Los inmigrantes contribuyen al crecimiento económico y éste hace venir a los inmigrantes, por tanto estamos en un círculo virtuoso y no hay grandes problemas, como en otros países', desconociendo que las consecuencias de la fuerte llegada de inmigrantes muchas veces se producen en el medio y largo plazo", advierte.
Ahora "la prioridad es la recolocación de los desempleados" y en el futuro "hay que tener otras políticas" que promuevan "movilidad social y ocupacional" de la segunda generación, propone.
Pero no sólo son imprescindibles políticas de integración dotadas con fondos, algo difícil en tiempos de crisis, que obligó a España a recortar su Fondo de Integración de 100 a 70 millones de euros.
"Primero" se debe "generar una cultura" que favorezca el "reconocimiento de la dignidad de todos los seres humanos", según el ministro de Educación, Angel Gabilondo.
"Una crisis tan grave, profunda y duradera como ésta (...) no crea un clima propicio para la acogida de la inmigración", pero "no ha habido (...) ninguna confrontación violenta", según Arango.
Frente a los enfrentamientos entre inmigrantes y autóctonos en Italia y la prohibición de construir minaretes en Suiza, Arango subraya que "el comportamiento de la sociedad española a este respecto es bastante maduro".
Pero admite "un peso considerable de los sentimientos antiinmigración", aunque "sin necesidad de calificarlos de racistas o xenófofos sin tener pruebas".
En los últimos meses, en España se puso en cuestión el sistema de empadronamiento, que permite a los inmigrantes irregulares acceder a salud y educación; el conservador Partido Popular (PP) repartió en una ciudad un panfleto donde se leía "No queremos rumanos" y una niña fue expulsada de un colegio por llevar velo islámico.
Para Daniel Barquero, miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas, "estamos cabalgando sin freno hacia un choque de culturas" debido al desempleo y "el gobierno tiene que actuar".
Ante ello propone informar a los ciudadanos de que los inmigrantes vinieron porque se necesitaba mano de obra, "prohibir" las llegadas durante la crisis y "reconducir" a los desempleados hacia otros puestos.
El fuerte crecimiento económico de España en los últimos 15 años le llevó a necesitar mano de obra y recibir masivamente a inmigrantes, quienes pasaron de 500.000 en 1996 a los 5,7 millones hoy, es decir, el 12,2%, de un total de 47 millones de habitantes. Un 26,6% de los extranjeros son latinoamericanos, la mayor comunidad no europea.
La recesión en que está inmersa la economía española desde finales de 2008 --de la que parece comienza a salir tímidamente--, ha contribuido a frenar las llegadas, aunque también se ha cebado con los inmigrantes: el desempleo, que alcanza ya a un 20% de la población activa (4,6 millones de trabajadores), azota a más del 30% de los extranjeros (unos 1,13 millones).
Ante esto, "el gran reto para los próximos años es buscar un modelo realmente integrador (...) para asegurar que los chavales de la segunda y tercera generación no caigan" en el fracaso escolar, "encuentren trabajos dignos" o "que no surjan tensiones de carácter religioso", según este experto en derecho de la inmigración.
"Durante años la experiencia migratoria se ha vivido de forma en exceso despreocupada", estima Joaquín Arango, presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, órgano de consulta del ministerio de Inmigración.
Se pensaba: "'Los inmigrantes contribuyen al crecimiento económico y éste hace venir a los inmigrantes, por tanto estamos en un círculo virtuoso y no hay grandes problemas, como en otros países', desconociendo que las consecuencias de la fuerte llegada de inmigrantes muchas veces se producen en el medio y largo plazo", advierte.
Ahora "la prioridad es la recolocación de los desempleados" y en el futuro "hay que tener otras políticas" que promuevan "movilidad social y ocupacional" de la segunda generación, propone.
Pero no sólo son imprescindibles políticas de integración dotadas con fondos, algo difícil en tiempos de crisis, que obligó a España a recortar su Fondo de Integración de 100 a 70 millones de euros.
"Primero" se debe "generar una cultura" que favorezca el "reconocimiento de la dignidad de todos los seres humanos", según el ministro de Educación, Angel Gabilondo.
"Una crisis tan grave, profunda y duradera como ésta (...) no crea un clima propicio para la acogida de la inmigración", pero "no ha habido (...) ninguna confrontación violenta", según Arango.
Frente a los enfrentamientos entre inmigrantes y autóctonos en Italia y la prohibición de construir minaretes en Suiza, Arango subraya que "el comportamiento de la sociedad española a este respecto es bastante maduro".
Pero admite "un peso considerable de los sentimientos antiinmigración", aunque "sin necesidad de calificarlos de racistas o xenófofos sin tener pruebas".
En los últimos meses, en España se puso en cuestión el sistema de empadronamiento, que permite a los inmigrantes irregulares acceder a salud y educación; el conservador Partido Popular (PP) repartió en una ciudad un panfleto donde se leía "No queremos rumanos" y una niña fue expulsada de un colegio por llevar velo islámico.
Para Daniel Barquero, miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas, "estamos cabalgando sin freno hacia un choque de culturas" debido al desempleo y "el gobierno tiene que actuar".
Ante ello propone informar a los ciudadanos de que los inmigrantes vinieron porque se necesitaba mano de obra, "prohibir" las llegadas durante la crisis y "reconducir" a los desempleados hacia otros puestos.
