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En un escrito del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aquél le "propone abrir una oficina de atención a las víctimas" de estas desapariciones "para que puedan reclamar y para que el ministerio de Justicia les dé una solución", según las fuentes.
Las investigaciones se harían "por la vía administrativa", ya que estos presuntos delitos, cometidos entre 1940 y 1980, han prescrito, alega Zaragoza.
El ministerio de Justicia se encargaría de "localizar el paradero de niños" dados por desaparecidos en esas fechas o de encontrar los certificados de defunción falsos que se dieron a los padres en los hospitales en el momento de los fallecimientos, a partir de denuncias de padres que sospechen de la sustracción de su hijo o de adultos que crean tener una identidad falsa.
El fiscal aduce que la investigación de los niños desaparecidos del franquismo no está contemplada en la Ley de Memoria Histórica, aprobada por el parlamento español a finales de 2007 para rehabilitar a las víctimas de la Guerra Civil (1936-39) y la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).
El pedido del fiscal Zaragoza sigue a un encuentro que tuvo hace 15 días con familias de la plataforma Grupos de Afectados de Clínicas de Toda España, que denunció "cientos de casos" de sustracciones de recién nacidos en clínicas españolas a cuyos padres se comunicó su fallecimiento.
Sin embargo fueron entregados a otras familias "previa falsificación de los documentos necesarios", según el fiscal.
El juez español Baltasar Garzón incluyó la necesidad de investigar este robo de niños en las investigaciones que efectuó durante un breve tiempo en 2008 de las aproximadamente 113.000 desapariciones durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo.
Por iniciar esta investigación será juzgado próximamente por el Tribunal Supremo español tras ser denunciado por varias organizaciones consideradas de extrema derecha que alegan que no era competente para ello.
Por ello fue suspendido de sus funciones de manera temporal en mayo.
Garzón denunció en 2008 "sustracciones sistemáticas de niños de presas republicanas" que "durante más de 60 años no han sido objeto de la más mínima investigación".
"Podría haberse desarrollado un sistema de desaparición de menores, hijos de madres republicanas (muertas, presas, ejecutadas, exiliadas o simplemente desaparecidas) a lo largo de varios años, entre 1937 y 1950, desarrollado bajo la cobertura de una aparente legalidad".
Los registros oficiales hablan de hasta 30.000 niños que pasaron bajo tutela franquista entre los años 40 y 50, sobre todo acogidos por instituciones religiosas.
Las investigaciones se harían "por la vía administrativa", ya que estos presuntos delitos, cometidos entre 1940 y 1980, han prescrito, alega Zaragoza.
El ministerio de Justicia se encargaría de "localizar el paradero de niños" dados por desaparecidos en esas fechas o de encontrar los certificados de defunción falsos que se dieron a los padres en los hospitales en el momento de los fallecimientos, a partir de denuncias de padres que sospechen de la sustracción de su hijo o de adultos que crean tener una identidad falsa.
El fiscal aduce que la investigación de los niños desaparecidos del franquismo no está contemplada en la Ley de Memoria Histórica, aprobada por el parlamento español a finales de 2007 para rehabilitar a las víctimas de la Guerra Civil (1936-39) y la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).
El pedido del fiscal Zaragoza sigue a un encuentro que tuvo hace 15 días con familias de la plataforma Grupos de Afectados de Clínicas de Toda España, que denunció "cientos de casos" de sustracciones de recién nacidos en clínicas españolas a cuyos padres se comunicó su fallecimiento.
Sin embargo fueron entregados a otras familias "previa falsificación de los documentos necesarios", según el fiscal.
El juez español Baltasar Garzón incluyó la necesidad de investigar este robo de niños en las investigaciones que efectuó durante un breve tiempo en 2008 de las aproximadamente 113.000 desapariciones durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo.
Por iniciar esta investigación será juzgado próximamente por el Tribunal Supremo español tras ser denunciado por varias organizaciones consideradas de extrema derecha que alegan que no era competente para ello.
Por ello fue suspendido de sus funciones de manera temporal en mayo.
Garzón denunció en 2008 "sustracciones sistemáticas de niños de presas republicanas" que "durante más de 60 años no han sido objeto de la más mínima investigación".
"Podría haberse desarrollado un sistema de desaparición de menores, hijos de madres republicanas (muertas, presas, ejecutadas, exiliadas o simplemente desaparecidas) a lo largo de varios años, entre 1937 y 1950, desarrollado bajo la cobertura de una aparente legalidad".
Los registros oficiales hablan de hasta 30.000 niños que pasaron bajo tutela franquista entre los años 40 y 50, sobre todo acogidos por instituciones religiosas.
