Inicio
Política
Martínez Camino (centro) charla con Rouco Varela (dcha.) y Martínez Sistach.
MADRID, (AFP) - La conocida como "ley del aborto", que entrará en vigor a los cuatro meses de publicarse en el boletín oficial, instaura el aborto libre hasta la decimocuarta semana de embarazo, un plazo mayor que en algunos países europeos, y lo autoriza hasta la 22ª semana si hay riesgo para la salud de la madre o malformación del feto.
Este jueves, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, pidió que la ley sea "abolida cuanto antes".
Por otra parte, las Asociaciones Provida Nasciturus, ANDEVI (Asociación Navarra en Defensa de la Vida) y Joves Provida de Barcelona anunciaron movilizaciones durante el mes de marzo en las principales ciudades españolas, que se suman a la marcha convocada en Madrid el 7 de marzo, en protesta por la aprobación de la controvertida ley que entrará en vigor dentro de cuatro meses tras su aprobación definitiva en el Senado.
La ley establece también que después de la 22ª semana se podrá abortar si se detecta una enfermedad grave e incurable en el feto.
Para su aprobación en el Congreso, el texto tuvo que modificar uno de sus puntos más polémicos, que las jóvenes entre 16 y 18 años podrían interrumpir un embarazo sin informar previamente a sus padres.
Frente a las protestas de varios partidos, la formación nacionalista vasca PNV consiguió que la ley incluyera "la obligatoriedad de informar de la intervención al menos a uno de los padres, tutores legales o en su caso los ostentadores de la patria potestad de las embarazadas de 16 y 17 años".
La actual ley, en vigor desde 1985, permite abortar durante las primeras 12 semanas por violación, por malformación del feto durante las primeras 22 y sin un límite en caso de "peligro para la salud física o psíquica de la madre", lo que permitía realizar abortos bien avanzada la gestación.
Este jueves, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, pidió que la ley sea "abolida cuanto antes".
Por otra parte, las Asociaciones Provida Nasciturus, ANDEVI (Asociación Navarra en Defensa de la Vida) y Joves Provida de Barcelona anunciaron movilizaciones durante el mes de marzo en las principales ciudades españolas, que se suman a la marcha convocada en Madrid el 7 de marzo, en protesta por la aprobación de la controvertida ley que entrará en vigor dentro de cuatro meses tras su aprobación definitiva en el Senado.
La ley establece también que después de la 22ª semana se podrá abortar si se detecta una enfermedad grave e incurable en el feto.
Para su aprobación en el Congreso, el texto tuvo que modificar uno de sus puntos más polémicos, que las jóvenes entre 16 y 18 años podrían interrumpir un embarazo sin informar previamente a sus padres.
Frente a las protestas de varios partidos, la formación nacionalista vasca PNV consiguió que la ley incluyera "la obligatoriedad de informar de la intervención al menos a uno de los padres, tutores legales o en su caso los ostentadores de la patria potestad de las embarazadas de 16 y 17 años".
La actual ley, en vigor desde 1985, permite abortar durante las primeras 12 semanas por violación, por malformación del feto durante las primeras 22 y sin un límite en caso de "peligro para la salud física o psíquica de la madre", lo que permitía realizar abortos bien avanzada la gestación.
