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Política
Puigdemont y algunos de los políticos exiliados como él
El juez español Pablo Llarena no aceptó que se extradite al líder independentista a España solo por malversación de caudales públicos en relación con el referéndum soberanista que impulsó en octubre en Cataluña y no por un delito de rebelión, como reclamaba. Una entrega solo por malversación supondría que España no podría juzgarlo por rebelión, delito más grave y penado con hasta 30 años de cárcel.
El magistrado del Tribunal Supremo, que investigó la consulta ilegal y procesó por ella a 25 políticos y líderes separatistas, criticó en su auto al tribunal alemán de Schleswig-Holstein, que descartó el delito de rebelión. Lo acusó de "falta de compromiso con unos hechos que pudieran haber quebrantado el orden constitucional español".
"Al actuar de ese modo, el tribunal de ejecución alemán ha adelantado un enjuiciamiento que no es coherente con la cristalización progresiva de la imputación, y lo hace desde un posicionamiento desacertado", expresó el juez español.
Una portavoz de la Fiscalía del estado alemán de Schleswig-Holstein explicó a dpa que si la orden europea de detención se retira oficialmente "significaría el cierre del procedimiento de entrega".
La decisión de Llarena fue interpretada como una victoria por el independentismo catalán, que habló de un "nuevo ridículo internacional" del juez español.
El propio Puigdemont aseguró en Twitter que la retirada de la orden de detención europea "es la demostración de la debilidad inmensa de la causa judicial" abierta contra el proceso soberanista catalán.
"Hoy es un día para reclamar con más fuerza que nunca la libertad de los presos y presas políticos", expresó en alusión a los separatistas que fueron enviados por Llarena a prisión provisional.
Además de dejar sin efecto la euroorden de arresto contra Puigdemont, Llarena retiró también las cursadas contra otros cinco políticos independentistas investigados por la Justicia que salieron en su momento de España para evitar ser detenidos.
Tres de ellos, Antonio Comin, Luis Puig y Meritxell Serret, permanecen en Bélgica, mientras que Marta Rovira se encuentra en Suiza y Clara Ponsatí, en Escocia.
"Si es verdad, es una muy buena noticia que haya sido retirado el pedido de entrega contra Clara Ponsati. Las diferencias políticas deberían ser dirimidas de forma democrática y no a través de las cortes penales. Esperemos que se le permita seguir continuando con su vida y seguir honrando a Escocia con su presencia como lo hace", expresó en Twitter la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon.
La decisión de Llarena implica "a priori" que Puigdemont y el resto de separatistas fugados tienen de momento libertad para viajar por todo el mundo excepto por España, donde se mantiene la orden de detención contra ellos.
El abogado belga de Puigdemont Paul Bekaert dijo a la agencia Belga que la próxima semana se trasladará a Bélgica, país al que huyó en octubre tras ser destituido como jefe del "Govern" catalán.
"La persecución de Carles Puigdemont impulsada por España a nivel europeo ha llegado así a su fin", zanjaron los abogados alemanes del ex "president" en un comunicado, mientras que el letrado español que lo defiende, Jaume Alonso-Cuevillas, pidió a Llarena que "corrija el rumbo de la causa" y rebaje la acusación al resto de investigados.
El auto de Llarena está repleto de reproches contra el tribunal alemán de Schleswig-Holstein. El juez considera que éste debería haberse limitado a comprobar si los hechos descritos por la Justicia española estaban contemplados en la legislación penal de Alemania y si justificarían por ello que, de haber ocurrido en ese país, se impulsara una investigación penal semejante a la abierta en España.
El magistrado del Supremo señala también que las circunstancias que derivan de la decisión de Alemania "no sólo cortocircuitan la operatividad" de un instrumento como la euroorden, sino que deteriora "indebidamente la indiciaria apreciación de responsabilidad que recoge la investigación y un auto firme de procesamiento".
Una portavoz del tribunal de Schleswig-Holstein declinó valorar las críticas de Llarena al ser consultada por dpa.
Puigdemont, destituido en octubre por Madrid a raíz de la escalada de su proceso independentista, fue detenido el 25 de marzo en un área de servicio del norte de Alemania en virtud de la orden de arresto europea emitida dos días antes por el Tribunal Supremo español.
Tras pasar 12 días en prisión, la Justicia alemana resolvió dejar al político soberanista en libertad bajo fianza a la espera de que se tomase una decisión sobre su posible entrega a España.
El 12 de julio, el tribunal de Schleswig-Holstein aprobó la entrega del líder separatista a España por un delito de malversación de fondos públicos, pero rechazó extraditarlo por rebelión.
El magistrado del Tribunal Supremo, que investigó la consulta ilegal y procesó por ella a 25 políticos y líderes separatistas, criticó en su auto al tribunal alemán de Schleswig-Holstein, que descartó el delito de rebelión. Lo acusó de "falta de compromiso con unos hechos que pudieran haber quebrantado el orden constitucional español".
"Al actuar de ese modo, el tribunal de ejecución alemán ha adelantado un enjuiciamiento que no es coherente con la cristalización progresiva de la imputación, y lo hace desde un posicionamiento desacertado", expresó el juez español.
Una portavoz de la Fiscalía del estado alemán de Schleswig-Holstein explicó a dpa que si la orden europea de detención se retira oficialmente "significaría el cierre del procedimiento de entrega".
La decisión de Llarena fue interpretada como una victoria por el independentismo catalán, que habló de un "nuevo ridículo internacional" del juez español.
El propio Puigdemont aseguró en Twitter que la retirada de la orden de detención europea "es la demostración de la debilidad inmensa de la causa judicial" abierta contra el proceso soberanista catalán.
"Hoy es un día para reclamar con más fuerza que nunca la libertad de los presos y presas políticos", expresó en alusión a los separatistas que fueron enviados por Llarena a prisión provisional.
Además de dejar sin efecto la euroorden de arresto contra Puigdemont, Llarena retiró también las cursadas contra otros cinco políticos independentistas investigados por la Justicia que salieron en su momento de España para evitar ser detenidos.
Tres de ellos, Antonio Comin, Luis Puig y Meritxell Serret, permanecen en Bélgica, mientras que Marta Rovira se encuentra en Suiza y Clara Ponsatí, en Escocia.
"Si es verdad, es una muy buena noticia que haya sido retirado el pedido de entrega contra Clara Ponsati. Las diferencias políticas deberían ser dirimidas de forma democrática y no a través de las cortes penales. Esperemos que se le permita seguir continuando con su vida y seguir honrando a Escocia con su presencia como lo hace", expresó en Twitter la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon.
La decisión de Llarena implica "a priori" que Puigdemont y el resto de separatistas fugados tienen de momento libertad para viajar por todo el mundo excepto por España, donde se mantiene la orden de detención contra ellos.
El abogado belga de Puigdemont Paul Bekaert dijo a la agencia Belga que la próxima semana se trasladará a Bélgica, país al que huyó en octubre tras ser destituido como jefe del "Govern" catalán.
"La persecución de Carles Puigdemont impulsada por España a nivel europeo ha llegado así a su fin", zanjaron los abogados alemanes del ex "president" en un comunicado, mientras que el letrado español que lo defiende, Jaume Alonso-Cuevillas, pidió a Llarena que "corrija el rumbo de la causa" y rebaje la acusación al resto de investigados.
El auto de Llarena está repleto de reproches contra el tribunal alemán de Schleswig-Holstein. El juez considera que éste debería haberse limitado a comprobar si los hechos descritos por la Justicia española estaban contemplados en la legislación penal de Alemania y si justificarían por ello que, de haber ocurrido en ese país, se impulsara una investigación penal semejante a la abierta en España.
El magistrado del Supremo señala también que las circunstancias que derivan de la decisión de Alemania "no sólo cortocircuitan la operatividad" de un instrumento como la euroorden, sino que deteriora "indebidamente la indiciaria apreciación de responsabilidad que recoge la investigación y un auto firme de procesamiento".
Una portavoz del tribunal de Schleswig-Holstein declinó valorar las críticas de Llarena al ser consultada por dpa.
Puigdemont, destituido en octubre por Madrid a raíz de la escalada de su proceso independentista, fue detenido el 25 de marzo en un área de servicio del norte de Alemania en virtud de la orden de arresto europea emitida dos días antes por el Tribunal Supremo español.
Tras pasar 12 días en prisión, la Justicia alemana resolvió dejar al político soberanista en libertad bajo fianza a la espera de que se tomase una decisión sobre su posible entrega a España.
El 12 de julio, el tribunal de Schleswig-Holstein aprobó la entrega del líder separatista a España por un delito de malversación de fondos públicos, pero rechazó extraditarlo por rebelión.
