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Política
Manifestantes palestinos
Se arriesgan, en contraparte, a perder cientos de millones de dólares como resultado de represalias financieras con las que amenazan Israel y Estados Unidos.
Los palestinos podrían demandar a Israel ante el TPI por su política de asentamientos en los territorios ocupados de Cisjordania y de Jerusalén Este anexado, advirtió el martes el embajador palestino en la ONU, Riyad Mansur.
También tienen la intención de acudir a el TPI si se confirma que Yaser Arafat fue envenenado, según Taufiq Tiraui, quien preside la comisión de investigación palestina sobre la muerte del histórico líder.
Los palestinos son, desde 1974, una "entidad" observadora en la ONU. Bajo este estatus, participan en sesiones de la Asamblea General y en conferencias internacionales. No obstante, convertirse en un Estado observador --como lo es el Vaticano-- no les dará siempre el derecho de votar en la Asamblea, proponer resoluciones o postularse a cargos de la ONU.
La principal preocupación para Israel sería ver a los palestinos entrar al TPI. La admisión no sería sin embargo automática, sino que estaría sujeta a la aprobación de la Asamblea de los Estados Parte, es decir, los países signatarios del Estatuto de Roma, el tratado fundacional del TPI.
El TPI, responsable desde 2002 de juzgar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, es independiente de la ONU, aunque colabora con el organismo. Su jurisdicción se extiende sólo a los Estados. Ni Israel ni Estados Unidos son parte del tribunal.
El tribunal recibió de la Autoridad Palestina una denuncia en 2009 por presuntos crímenes de guerra cometidos por el ejército israelí durante la operación "Plomo Fundido", la ofensiva contra la Franja de Gaza entre diciembre de 2008 y enero de 2009.
Pero dejó a los "órganos competentes de Naciones Unidas" la tarea de decidir si Palestina constituye un Estado susceptible de adherirse al Estatuto de Roma.
La Autoridad Palestina había reconocido en enero de 2009 la competencia del tribunal, pero, por ley, sólo un Estado lo puede hacer.
La otra posibilidad de remisión al TPI es a través del Consejo de Seguridad. Pero en ese caso, sin embargo, Estados Unidos, aliado de Israel, haría uso de su veto.
Convertido en Estado observador, Palestina podrá además firmar convenios de la ONU sobre derechos sociales o políticos, adherirse a los tratados abiertos a los Estados e interponer casos ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ). El TIJ, un órgano de la ONU, también trata con los Estados.
Pero esta nueva estatura internacional tiene un precio.
El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el lunes que si la resolución era aprobada, no se debería "contar con una respuesta favorable del Congreso" sobre el desbloqueo de 200 millones de dólares en ayuda prometida por Washington a la Autoridad Palestina, confrontada a su peor crisis fiscal desde su creación en 1993.
Washington también cesó toda financiación para la UNESCO cuando esta agencia de la ONU acogió a Palestina en octubre de 2011. La legislación estadounidense prohíbe financiar a una agencia especializada de Naciones Unidas que acepte a los palestinos como miembros de pleno derecho.
Los palestinos podrían demandar a Israel ante el TPI por su política de asentamientos en los territorios ocupados de Cisjordania y de Jerusalén Este anexado, advirtió el martes el embajador palestino en la ONU, Riyad Mansur.
También tienen la intención de acudir a el TPI si se confirma que Yaser Arafat fue envenenado, según Taufiq Tiraui, quien preside la comisión de investigación palestina sobre la muerte del histórico líder.
Los palestinos son, desde 1974, una "entidad" observadora en la ONU. Bajo este estatus, participan en sesiones de la Asamblea General y en conferencias internacionales. No obstante, convertirse en un Estado observador --como lo es el Vaticano-- no les dará siempre el derecho de votar en la Asamblea, proponer resoluciones o postularse a cargos de la ONU.
La principal preocupación para Israel sería ver a los palestinos entrar al TPI. La admisión no sería sin embargo automática, sino que estaría sujeta a la aprobación de la Asamblea de los Estados Parte, es decir, los países signatarios del Estatuto de Roma, el tratado fundacional del TPI.
El TPI, responsable desde 2002 de juzgar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, es independiente de la ONU, aunque colabora con el organismo. Su jurisdicción se extiende sólo a los Estados. Ni Israel ni Estados Unidos son parte del tribunal.
El tribunal recibió de la Autoridad Palestina una denuncia en 2009 por presuntos crímenes de guerra cometidos por el ejército israelí durante la operación "Plomo Fundido", la ofensiva contra la Franja de Gaza entre diciembre de 2008 y enero de 2009.
Pero dejó a los "órganos competentes de Naciones Unidas" la tarea de decidir si Palestina constituye un Estado susceptible de adherirse al Estatuto de Roma.
La Autoridad Palestina había reconocido en enero de 2009 la competencia del tribunal, pero, por ley, sólo un Estado lo puede hacer.
La otra posibilidad de remisión al TPI es a través del Consejo de Seguridad. Pero en ese caso, sin embargo, Estados Unidos, aliado de Israel, haría uso de su veto.
Convertido en Estado observador, Palestina podrá además firmar convenios de la ONU sobre derechos sociales o políticos, adherirse a los tratados abiertos a los Estados e interponer casos ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ). El TIJ, un órgano de la ONU, también trata con los Estados.
Pero esta nueva estatura internacional tiene un precio.
El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el lunes que si la resolución era aprobada, no se debería "contar con una respuesta favorable del Congreso" sobre el desbloqueo de 200 millones de dólares en ayuda prometida por Washington a la Autoridad Palestina, confrontada a su peor crisis fiscal desde su creación en 1993.
Washington también cesó toda financiación para la UNESCO cuando esta agencia de la ONU acogió a Palestina en octubre de 2011. La legislación estadounidense prohíbe financiar a una agencia especializada de Naciones Unidas que acepte a los palestinos como miembros de pleno derecho.
