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MONTEVIDEO, Yanina Olivera, (AFP) -
La jueza Mariana Motta notificó el miércoles la sentencia a los denunciantes, Martínez Burlé y Walter De León, que habían presentado la denuncia en 2002.
"Hoy salió la sentencia en primera instancia", dijo Martínez Burlé, quien agregó que la condena "nos devuelve a los uruguayos lo más sagrado, que es la Constitución".
"Fuimos tildados de locos cuando presentamos la denuncia (en 2002) junto a Walter De León y a 1.500 ciudadanos que apoyaron la iniciativa, pues en este país no se podía juzgar por dar un golpe de Estado", dijo la letrada.
"No cambia en nada el tiempo de reclusión y no es ese nuestro interés", dijo Martínez Burlé. "Para nosotros el tema es muy emblemático, simbólico, de que cuando se viola la Constitución, cuando se da un golpe de Estado a la larga se va a pagar".
En agosto de 2009, la fiscal Ana María Tellechea había pedido una condena para Bordaberry de 30 años de prisión más 15 años de medidas de seguridad eliminativas -que se cumplen luego de la condena si así lo decide la Suprema Corte- por nueve delitos de "desaparición forzada", dos de "homicidio muy especialmente agravado en calidad de coautor", y uno de "atentado a la Constitución".
La jueza Graciela Gatti había procesado con prisión a Bordaberry en diciembre de 2006 por 10 delitos de homicidio en calidad de coautor, aunque había excluído el "atentado a la Constitución", al considerar que el mismo habría prescrito. Un tribunal de apelación ratificó ese fallo.
Sin embargo, luego de que Gatti pasó al juzgado contra el crimen organizado, el caso de Bordaberry fue transferido a su colega Mariana Motta, que hizo lugar al delito de "atentado a la Constitución".
Bordaberry también fue procesado con prisión en noviembre de 2006 por el juez Roberto Timbal como coautor de homicidio especialmente agravado por el asesinato de cuatro uruguayos exiliados en Argentina en mayo de 1976.
Se trata de las ejecuciones en Buenos Aires de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y de los tupamaros William Whitelaw y Rosario Barredo.
Bordaberry, de 81 años, cumple prisión domiciliaria debido a problemas de salud, en especial respiratorios, ante una patología "crónica, severa e irreversible", según dictaminó a comienzos de 2007 una junta médico-forense.
Bordaberry ganó las elecciones presidenciales en Uruguay de 1971, en medio de una violencia política desatada por el accionar de la guerrilla tupamara y la represión de las fuerzas conjuntas (policías y militares).
Asumió el gobierno en marzo de 1972 y en junio de 1973 recurrió a las Fuerzas Armadas para disolver el Parlamento e instaurar una dictadura. Los militares lo destituyeron en 1976 y continuaron en el poder hasta 1985, cuando Uruguay volvió a la democracia.
La dictadura uruguaya dejó 38 detenidos-desaparecidos en el país, 182 en Argentina, ocho en Chile, dos en Paraguay y uno en Brasil, según datos de la Comisión para la Paz creada en agosto de 2000 por la Presidencia con el fin de analizar, clasificar y recopilar información sobre las desapariciones forzadas.
La jueza Mariana Motta notificó el miércoles la sentencia a los denunciantes, Martínez Burlé y Walter De León, que habían presentado la denuncia en 2002.
"Hoy salió la sentencia en primera instancia", dijo Martínez Burlé, quien agregó que la condena "nos devuelve a los uruguayos lo más sagrado, que es la Constitución".
"Fuimos tildados de locos cuando presentamos la denuncia (en 2002) junto a Walter De León y a 1.500 ciudadanos que apoyaron la iniciativa, pues en este país no se podía juzgar por dar un golpe de Estado", dijo la letrada.
"No cambia en nada el tiempo de reclusión y no es ese nuestro interés", dijo Martínez Burlé. "Para nosotros el tema es muy emblemático, simbólico, de que cuando se viola la Constitución, cuando se da un golpe de Estado a la larga se va a pagar".
En agosto de 2009, la fiscal Ana María Tellechea había pedido una condena para Bordaberry de 30 años de prisión más 15 años de medidas de seguridad eliminativas -que se cumplen luego de la condena si así lo decide la Suprema Corte- por nueve delitos de "desaparición forzada", dos de "homicidio muy especialmente agravado en calidad de coautor", y uno de "atentado a la Constitución".
La jueza Graciela Gatti había procesado con prisión a Bordaberry en diciembre de 2006 por 10 delitos de homicidio en calidad de coautor, aunque había excluído el "atentado a la Constitución", al considerar que el mismo habría prescrito. Un tribunal de apelación ratificó ese fallo.
Sin embargo, luego de que Gatti pasó al juzgado contra el crimen organizado, el caso de Bordaberry fue transferido a su colega Mariana Motta, que hizo lugar al delito de "atentado a la Constitución".
Bordaberry también fue procesado con prisión en noviembre de 2006 por el juez Roberto Timbal como coautor de homicidio especialmente agravado por el asesinato de cuatro uruguayos exiliados en Argentina en mayo de 1976.
Se trata de las ejecuciones en Buenos Aires de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y de los tupamaros William Whitelaw y Rosario Barredo.
Bordaberry, de 81 años, cumple prisión domiciliaria debido a problemas de salud, en especial respiratorios, ante una patología "crónica, severa e irreversible", según dictaminó a comienzos de 2007 una junta médico-forense.
Bordaberry ganó las elecciones presidenciales en Uruguay de 1971, en medio de una violencia política desatada por el accionar de la guerrilla tupamara y la represión de las fuerzas conjuntas (policías y militares).
Asumió el gobierno en marzo de 1972 y en junio de 1973 recurrió a las Fuerzas Armadas para disolver el Parlamento e instaurar una dictadura. Los militares lo destituyeron en 1976 y continuaron en el poder hasta 1985, cuando Uruguay volvió a la democracia.
La dictadura uruguaya dejó 38 detenidos-desaparecidos en el país, 182 en Argentina, ocho en Chile, dos en Paraguay y uno en Brasil, según datos de la Comisión para la Paz creada en agosto de 2000 por la Presidencia con el fin de analizar, clasificar y recopilar información sobre las desapariciones forzadas.
