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"Tengo que ser prudente en los calificativos porque quiero declarar ante la jueza" María Servini de Cubría, dijo Martín Villa, en una entrevista con la radio Onda Cero.
Martín Villa figura entre la veintena de imputados cuya detención a efectos de extradición solicitó la magistrada argentina, dentro de la instrucción que lleva a cabo desde 2010 por los crímenes perpetrados en España durante la Guerra Civil (1936-1939), la dictadura de Franco (1939-75) y los primeros años de la transición, alegando el llamado principio de Justicia Universal.
La jueza Servini le reclama por su supuesta implicación en la muerte de cinco personas durante una carga policial contra unos huelguistas reunidos en una parroquia en Vitoria (País Vasco, norte) en marzo de 1976, cuando era ministro de Relaciones Sindicales.
"En los llamados sucesos de Vitoria, las cosas que se cuentan en unos documentos que yo no he recibido, no es que no tuve las responsabilidades que se me imputan, es que no las pude tener y eso tendré que contarlo", aseguró Martín Villa, asegurando que "no tenía mando sobre la policía".
Martín Villa afirmó que podría entender en "una interpretación desmesurada de la llamada justicia universal que se me llamara por cosas que sucedieron por mi etapa de ministro de la Gobernación o del Interior [desde julio de 1976 a abril de 1979], incluso de gobernador civil de Barcelona" en los últimos años del franquismo, pero no por este caso.
El que fuera uno de los artífices de la transición a la democracia, tras quejarse de no haber recibido ninguna notificación oficial de la jueza, aseguró que está de acuerdo con la doctrina judicial seguida hasta ahora de no extraditar.
Aunque, "refugiarme tras el parapeto de la no extradición es algo que no haré nunca", dijo Martín Villa, antes de añadir que "no haré eso ni tampoco me defenderé porque los delitos hayan prescrito ni admitiré que a mí se me aplique la ley de la amnistía".
Esta ley de amnistía, así como la prescripción de los delitos, fueron las alegaciones presentadas por la justicia española para denegar la extradición a Argentina en marzo pasado de dos expolicías acusados de torturas en el mismo sumario argentino.
"Ni soy un amnistiado ni he cometido ningún delito", aseguró Martín Villa, quien confesó que está recabando el consejo de abogados "porque no tengo más remedio que pedirlos".
El exministro español descartó, no obstante, una declaración en Argentina, recordando que hay otros procedimientos como una videoconferencia, una declaración por escrito o ante un juez español por delegación.
Aunque "para mí, sería la mejor solución la comisión rogatoria en que la juez vendría a España" a interrogarlo, afirmó.
Además, "como el tema es político con independencia de las consecuencias jurídicas" Martín Villa está pensando en "pedir personalmente una comparecencia ante el Congreso de los Diputados".
Además de Martín Villa, entre los reclamados por la jueza Servini se encuentra el exministro franquista José Molina Utrera, suegro de Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia hasta el pasado 23 de septiembre.
Utrera es reclamado por su responsabilidad en la condena a muerte en 1974 de Salvador Puig Antich, tras la muerte de un policía, mientras que otro de los incluidos en la nómina de Servini, el exministro Antonio Barrera de Irimo, falleció recientemente.
