"Acá lo que se dio fue un golpe de Estado blando, manipulando redes y una serie de cuestiones por medio de la embajada de Estados Unidos", afirmó el exgobernante a periodistas.
Pérez ha responsabilizado en el pasado a Estados Unidos de estar detrás de la presión que lo llevó a renunciar, pero este lunes fue la primera vez que afirma haber sido víctima de un golpe de Estado.
La audiencia a cargo del juez Miguel Angel Gálvez debe decidir si Pérez enfrenta un proceso penal por un caso de lavado de dinero durante su gestión.
Gálvez suspendió la audiencia hasta el martes, después de escuchar los datos de identificación de más de 50 involucrados.
A la misma audiencia fue remitida la exvicepresidenta Roxana Baldetti, también detenida y acusada por el mismo caso de lavado.
La acusación de "cooptación del Estado" durante el gobierno de Pérez fue formulada por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente adscrito a la ONU.
Pérez arremetió contra la CICIG al considerar que la entidad internacional tiene controlada a la justicia.
"Ellos están hablando de la cooptación del Estado, y aquí lo que sí podemos decir es que la CICIG ha cooptado a todo el sistema de justicia, al Ministerio Público (fiscalía), los jueces y magistrados tienen miedo y todas las resoluciones van favorables a lo que la CICIG está diciendo", reclamó.
Además de las acusaciones de corrupción, el sábado las autoridades acusaron a cinco exministros de Pérez de asociación ilícita, fraude y lavado de dinero por haber dado entre 2012 y 2014 regalos lujosos al expresidente y Baldetti por un valor superior a cinco millones de dólares.
Ese mismo sábado fueron capturados los exministros de Gobernación (Interior) Mauricio López Bonilla, y de Defensa Manuel López Ambrosio, mientras que Ulises Anzueto, otro antiguo titular de esta última cartera, se entregó en horas de la noche.
Además giraron órdenes de captura internacional contra los exministros de Energía y Minas Erick Archila, y de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, quienes se encuentran fuera del país.
Pérez ha responsabilizado en el pasado a Estados Unidos de estar detrás de la presión que lo llevó a renunciar, pero este lunes fue la primera vez que afirma haber sido víctima de un golpe de Estado.
La audiencia a cargo del juez Miguel Angel Gálvez debe decidir si Pérez enfrenta un proceso penal por un caso de lavado de dinero durante su gestión.
Gálvez suspendió la audiencia hasta el martes, después de escuchar los datos de identificación de más de 50 involucrados.
A la misma audiencia fue remitida la exvicepresidenta Roxana Baldetti, también detenida y acusada por el mismo caso de lavado.
La acusación de "cooptación del Estado" durante el gobierno de Pérez fue formulada por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente adscrito a la ONU.
Pérez arremetió contra la CICIG al considerar que la entidad internacional tiene controlada a la justicia.
"Ellos están hablando de la cooptación del Estado, y aquí lo que sí podemos decir es que la CICIG ha cooptado a todo el sistema de justicia, al Ministerio Público (fiscalía), los jueces y magistrados tienen miedo y todas las resoluciones van favorables a lo que la CICIG está diciendo", reclamó.
Además de las acusaciones de corrupción, el sábado las autoridades acusaron a cinco exministros de Pérez de asociación ilícita, fraude y lavado de dinero por haber dado entre 2012 y 2014 regalos lujosos al expresidente y Baldetti por un valor superior a cinco millones de dólares.
Ese mismo sábado fueron capturados los exministros de Gobernación (Interior) Mauricio López Bonilla, y de Defensa Manuel López Ambrosio, mientras que Ulises Anzueto, otro antiguo titular de esta última cartera, se entregó en horas de la noche.
Además giraron órdenes de captura internacional contra los exministros de Energía y Minas Erick Archila, y de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, quienes se encuentran fuera del país.