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Joesley Batista
De acuerdo con el periódico "O Globo", la orden fue remitida a última hora del viernes por el fiscal general, Rodrigo Janot, a la Corte Suprema, quien consideró que Batista violó el acuerdo de delación premiada para cooperar con la Justicia al omitir "informaciones relevantes".
Según el diario, Janot pidió también la prisión preventiva de Ricardo Saud, director de relaciones institucionales de JBS y del abogado del grupo empresarial, Franciso Assis.
Asimismo, la fiscalía emitió orden prisión preventiva contra Marcelo Miller, ex fiscal del Ministerio Público, sobre quien pesa la sospecha de "conflicto de intereses".
Miller efectuó las primeras conversaciones con los ejecutivos para alcanzar el acuerdo de delación en febrero, pero en abril renunció a su puesto como fiscal para trabajar como abogado de los ejecutivos del grupo J&F - el grupo empresarial propietario de JBS que también dirige Janot-, en el marco de las investigaciones.
La Fiscalía considera que al pasar a actuar como defensor de Batista y de otros ejecutivos de J&F, Miller incurrió en crímenes de "organización criminal" y de "obstrucción a la Justicia", mientras Batista y los otros ejecutivos violaron el acuerdo de cooperación judicial al omitir esta información.
Según o "O Globo", los pedidos de prisión contra los tres ejecutivos y el ex fiscal ya fueron remitidos a Luiz Edson Fachin, el ministro de la Corte Suprema a cargo del proceso "Lava Jato" ("Lavado de Autos"), la causa que investiga tramas de corrupción entre empresarios y políticos del país desde hace más de tres años y en la que se enmarca el proceso de acuerdo de los ejecutivos de J&F.
Según el diario, Fachin se tomará el fin de semana para estudiar el pedido remitido por la fiscalía.
La defensa de los ejecutivos manifestó el deseo de sus representados de ser escuchados por éste antes de que éste tome una decisión y pusieron a disposición de la Justicia sus pasaportes, publicó hoy "O Globo".
Los tres ejecutivos declararon ante la fiscalía el jueves sobre este tema, mientras que Miller lo hizo el viernes durante 10 horas y todos ellos negaron las acusaciones.
Janot ordenó el lunes el inicio de una investigación sobre el acuerdo con los ejecutivos de J&F, después de acceder a una serie de audios que los mismos ejecutivos aportaron a la Fiscalía en su acuerdo de delación, en los cuales Saud y Batista hacen referencias a conversaciones con Miller para alcanzar ese pacto.
Cuando la prensa publicó los contenidos a lo largo de esta semana, causaron una gran conmoción en la política brasileña, ya que los empresarios también hicieron menciones groseras o despectivas a miembros de la Corte Suprema, aunque en ningún momento comentaron o insinuaron que podrían estar involucrados en acciones ilícitas.
La denuncia por corrupción pasiva contra el presidente Temer realizada en junio por Janot ante la Corte Suprema fue posible precisamente por el acuerdo de colaboración de Batista, que aportó como prueba una conversación grabada a escondidas con el presidente, en la que el mandatario parecería avalar el pago de sobornos.
El Congreso, controlado por los aliados de Temer, rechazó a comienzos de agosto levantar la inmunidad del mandatario para que pudiera ser sometido a un juicio penal.
Según el diario, Janot pidió también la prisión preventiva de Ricardo Saud, director de relaciones institucionales de JBS y del abogado del grupo empresarial, Franciso Assis.
Asimismo, la fiscalía emitió orden prisión preventiva contra Marcelo Miller, ex fiscal del Ministerio Público, sobre quien pesa la sospecha de "conflicto de intereses".
Miller efectuó las primeras conversaciones con los ejecutivos para alcanzar el acuerdo de delación en febrero, pero en abril renunció a su puesto como fiscal para trabajar como abogado de los ejecutivos del grupo J&F - el grupo empresarial propietario de JBS que también dirige Janot-, en el marco de las investigaciones.
La Fiscalía considera que al pasar a actuar como defensor de Batista y de otros ejecutivos de J&F, Miller incurrió en crímenes de "organización criminal" y de "obstrucción a la Justicia", mientras Batista y los otros ejecutivos violaron el acuerdo de cooperación judicial al omitir esta información.
Según o "O Globo", los pedidos de prisión contra los tres ejecutivos y el ex fiscal ya fueron remitidos a Luiz Edson Fachin, el ministro de la Corte Suprema a cargo del proceso "Lava Jato" ("Lavado de Autos"), la causa que investiga tramas de corrupción entre empresarios y políticos del país desde hace más de tres años y en la que se enmarca el proceso de acuerdo de los ejecutivos de J&F.
Según el diario, Fachin se tomará el fin de semana para estudiar el pedido remitido por la fiscalía.
La defensa de los ejecutivos manifestó el deseo de sus representados de ser escuchados por éste antes de que éste tome una decisión y pusieron a disposición de la Justicia sus pasaportes, publicó hoy "O Globo".
Los tres ejecutivos declararon ante la fiscalía el jueves sobre este tema, mientras que Miller lo hizo el viernes durante 10 horas y todos ellos negaron las acusaciones.
Janot ordenó el lunes el inicio de una investigación sobre el acuerdo con los ejecutivos de J&F, después de acceder a una serie de audios que los mismos ejecutivos aportaron a la Fiscalía en su acuerdo de delación, en los cuales Saud y Batista hacen referencias a conversaciones con Miller para alcanzar ese pacto.
Cuando la prensa publicó los contenidos a lo largo de esta semana, causaron una gran conmoción en la política brasileña, ya que los empresarios también hicieron menciones groseras o despectivas a miembros de la Corte Suprema, aunque en ningún momento comentaron o insinuaron que podrían estar involucrados en acciones ilícitas.
La denuncia por corrupción pasiva contra el presidente Temer realizada en junio por Janot ante la Corte Suprema fue posible precisamente por el acuerdo de colaboración de Batista, que aportó como prueba una conversación grabada a escondidas con el presidente, en la que el mandatario parecería avalar el pago de sobornos.
El Congreso, controlado por los aliados de Temer, rechazó a comienzos de agosto levantar la inmunidad del mandatario para que pudiera ser sometido a un juicio penal.
