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Esta cifra figura en las estimaciones que hizo el propio Banco de España después de que el Gobierno franquista, con sede en Burgos, emitiese un decreto el 17 de septiembre de 1938 en el que prohibía "la tenencia de papel moneda puesto en curso por el enemigo" e ordenaba su incautación.
El objetivo del Gobierno franquista era cambiar el papel moneda impreso por la administración republicana por moneda franquista, aunque según denuncia la Agrupación de Perjudicados por la Incautación Franquista, miles de familias se quedaron sin cobrar pese a entregar sus ahorros a la autoridad y tener un recibo oficial que así lo certifica.
La entidad se puso en marcha en el año 2005 y agrupa a 2.000 familias de todo el Estado, de las que 800 viven en Cataluña.
Reclaman que el Estado reconozca la confiscación y que se les restituya el dinero con un valor actualizado al curso. Estiman que una peseta republicana equivaldría a día de hoy a 1,5 euros, por lo que en la actualidad, el valor de la cantidad confiscada superaría los 5.300 millones de euros.
Cifra aún mayor
En declaraciones a Europa Press, Alfredo Martín Cano, que es profesor de historia de un instituto en Murcia, explicó que logró tener acceso a las actas del Banco de España franquista. En ellas, se estimó con fecha al 9 de mayo de 1938 que la estimación de la incautación sería de 3.561 millones de pesetas.
Martín Cano apunta que esta cifra podría ser mayor, aunque indicó que no ha podido consultar más libros de actas del Banco de España ya que la entidad argumenta que aún no están catalogados.
Tanto Martín Cano como la historiadora Laura Cervera, ambos poseedores de un recibo heredado de sus familiares, coinciden en destacar que la Guerra Civil no sólo fue un concepto armado, sino que también fue una "guerra monetaria", por lo que el papel-moneda impreso por la República --tanto el anterior como el posterior al Alzamiento Nacional-- fue utilizado como arma de guerra.
Eso sí, explican que la incautación tenía que hacerse lo más rápido posible, con la finalidad de evitar que los tenedores de billetes republicanos que fuesen extranjeros pudieran denunciar la incautación o su anulación ante instancias internacionales.
Ambos también apuntan la hipótesis de que el Gobierno franquista utilizase los fondos que obtuvo de la incautación para contribuir al Tesoro Nacional, que se habría quedado bajo mínimos después de que el gobierno republicano lo utilizase para la compra de armas, entre otros fines, en el episodio llamado como el 'oro de Moscú'.
"Pedimos justicia", dice una de las impulsoras de la Agrupación, Lidia Jiménez, después de que se hayan restituido los bienes de partidos políticos o sindicatos, y que también se haya pedido con los medios de comunicación que fueron incautados.
Jiménez también recordó que les han llegado casos de afectados a quienes les incautaron viviendas y vehículos, entre otros bienes, y que no recibieron nada a cambio.
El objetivo del Gobierno franquista era cambiar el papel moneda impreso por la administración republicana por moneda franquista, aunque según denuncia la Agrupación de Perjudicados por la Incautación Franquista, miles de familias se quedaron sin cobrar pese a entregar sus ahorros a la autoridad y tener un recibo oficial que así lo certifica.
La entidad se puso en marcha en el año 2005 y agrupa a 2.000 familias de todo el Estado, de las que 800 viven en Cataluña.
Reclaman que el Estado reconozca la confiscación y que se les restituya el dinero con un valor actualizado al curso. Estiman que una peseta republicana equivaldría a día de hoy a 1,5 euros, por lo que en la actualidad, el valor de la cantidad confiscada superaría los 5.300 millones de euros.
Cifra aún mayor
En declaraciones a Europa Press, Alfredo Martín Cano, que es profesor de historia de un instituto en Murcia, explicó que logró tener acceso a las actas del Banco de España franquista. En ellas, se estimó con fecha al 9 de mayo de 1938 que la estimación de la incautación sería de 3.561 millones de pesetas. Martín Cano apunta que esta cifra podría ser mayor, aunque indicó que no ha podido consultar más libros de actas del Banco de España ya que la entidad argumenta que aún no están catalogados.
Tanto Martín Cano como la historiadora Laura Cervera, ambos poseedores de un recibo heredado de sus familiares, coinciden en destacar que la Guerra Civil no sólo fue un concepto armado, sino que también fue una "guerra monetaria", por lo que el papel-moneda impreso por la República --tanto el anterior como el posterior al Alzamiento Nacional-- fue utilizado como arma de guerra.
Eso sí, explican que la incautación tenía que hacerse lo más rápido posible, con la finalidad de evitar que los tenedores de billetes republicanos que fuesen extranjeros pudieran denunciar la incautación o su anulación ante instancias internacionales.
Ambos también apuntan la hipótesis de que el Gobierno franquista utilizase los fondos que obtuvo de la incautación para contribuir al Tesoro Nacional, que se habría quedado bajo mínimos después de que el gobierno republicano lo utilizase para la compra de armas, entre otros fines, en el episodio llamado como el 'oro de Moscú'.
"Pedimos justicia"
Esta orden gubernativa franquista ordenaba la incautación del papel moneda impreso por el Gobierno Republicano a partir de 1936, que también pusieron en circulación algunos ayuntamientos situados en territorio republicano e incluso cooperativas. Con esta finalidad, se creó el 'Fondo de Papel Moneda puesto en Circulación por el Enemigo'. Así, vecinos de toda España tuvieron que entregar sus ahorros al Banco de España, entidades bancarias privadas y a los Ayuntamientos, y nunca cobraron la cantidad abonada. "Pedimos justicia", dice una de las impulsoras de la Agrupación, Lidia Jiménez, después de que se hayan restituido los bienes de partidos políticos o sindicatos, y que también se haya pedido con los medios de comunicación que fueron incautados.
Jiménez también recordó que les han llegado casos de afectados a quienes les incautaron viviendas y vehículos, entre otros bienes, y que no recibieron nada a cambio.
