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Política
Josep Anglada, político de extrema derecha de Vic.
MADRID, (AFP) -
El ayuntamiento de Vic, una pequeña ciudad de la región de Cataluña (noreste) con un 25% de extranjeros --el doble que la media española--, cuyo alcalde es del partido CiU, nacionalista conservador, quería negarse a empadronar a los inmigrantes irregulares.
En España, aunque la inmigración de carácter irregular está perseguida con la expulsión --que no siempre se lleva a cabo--, las alcaldías están obligadas a tener un registro o padrón de todos sus habitantes, también los irregulares, para poder contabilizarlos, lo que a su vez da derecho a sanidad y educación públicos y gratuitos.
La Abogacía del Estado indicó el miércoles que "la inscripción de los extranjeros en el padrón municipal procede con independencia de que los mismos tengan o no residencia legal en territorio español", para lo cual basta presentar el pasaporte, en un informe solicitado por el ayuntamiento de Vic.
"El gobierno no va a consentir (...) que por un truco de un ayuntamiento haya familias que se queden sin asistencia sanitaria o sin que sus hijos puedan acudir a la escuela", advirtió el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
En los últimos días, varias voces se levantaron en España para, más allá de defender una política más o menos dura con los inmigrantes ilegales, estimar contradictoria la legislación española, ya que por un lado persigue la inmigración ilegal y por otra obliga a empadronar.
"La ley dice que hay que empadronarlos y también dice que hay que expulsarlos. Probablemente exista una incongruencia", admitió por su parte el ministro español de Fomento, José Blanco, pero avisó de que "la mayor incongruencia es tener incontrolados a los inmigrantes para que se creen guetos".
Otra localidad, Torrejón de Ardoz, en la provincia de Madrid (centro) y gobernada por el conservador Partido Popular (PP), tampoco empadrona a los extranjeros que tengan visado de turista o cuya vivienda no cumpla una serie de condiciones, lo que fue denunciado por el Defensor del Pueblo.
La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, llamó este jueves a "abrir el debate sobre la ley" española de Extranjería y adaptarla "a lo que está pasando" para que "no se caiga en contradicciones".
La cuestión del empadronamiento provocó reacciones de preocupación en varios sectores, como el gobierno de Ecuador.
Por su parte, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional pidió precisamente al gobierno español, actual presidente temporal de la Unión Europea (UE), que como "las políticas actuales contribuyen a la criminalización y discriminación de los inmigrantes irregulares", "el enfoque de lucha contra la inmigración irregular debe cambiarse" por la lucha contra los traficantes de personas.
El debate tiene lugar en un país con un 12% de extranjeros (de un total de 46 millones de habitantes) llegados mayoritariamente en los últimos 15 años, y con pocas señales de xenofobia, ni siquiera en los últimos tiempos de crisis, frente a las recientes reacciones contra los inmigrantes en el sur de Italia o la prohibición de construir minaretes en Suiza.
"El pronóstico que no se ha cumplido es que la crisis iba a generar grandes presiones sociales e incitaciones xenófobas"; "la crisis ha corroborado este tenor sosegado y maduro de la sociedad española" frente a los inmigrantes, declaró la semana pasada uno de los directores del Anuario de la Inmigración en España, Joaquín Arango.
Pero este jueves el alcalde de Vic, Josep María Vila d'Abadal, que indicó que cumplirá la ley, sacó a relucir la cuestión económica y pidió que el Estado español sea "solidario con los ayuntamientos" y aporte fondos para atender a las necesidades de los inmigrantes.
El ayuntamiento de Vic, una pequeña ciudad de la región de Cataluña (noreste) con un 25% de extranjeros --el doble que la media española--, cuyo alcalde es del partido CiU, nacionalista conservador, quería negarse a empadronar a los inmigrantes irregulares.
En España, aunque la inmigración de carácter irregular está perseguida con la expulsión --que no siempre se lleva a cabo--, las alcaldías están obligadas a tener un registro o padrón de todos sus habitantes, también los irregulares, para poder contabilizarlos, lo que a su vez da derecho a sanidad y educación públicos y gratuitos.
La Abogacía del Estado indicó el miércoles que "la inscripción de los extranjeros en el padrón municipal procede con independencia de que los mismos tengan o no residencia legal en territorio español", para lo cual basta presentar el pasaporte, en un informe solicitado por el ayuntamiento de Vic.
"El gobierno no va a consentir (...) que por un truco de un ayuntamiento haya familias que se queden sin asistencia sanitaria o sin que sus hijos puedan acudir a la escuela", advirtió el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
En los últimos días, varias voces se levantaron en España para, más allá de defender una política más o menos dura con los inmigrantes ilegales, estimar contradictoria la legislación española, ya que por un lado persigue la inmigración ilegal y por otra obliga a empadronar.
"La ley dice que hay que empadronarlos y también dice que hay que expulsarlos. Probablemente exista una incongruencia", admitió por su parte el ministro español de Fomento, José Blanco, pero avisó de que "la mayor incongruencia es tener incontrolados a los inmigrantes para que se creen guetos".
Otra localidad, Torrejón de Ardoz, en la provincia de Madrid (centro) y gobernada por el conservador Partido Popular (PP), tampoco empadrona a los extranjeros que tengan visado de turista o cuya vivienda no cumpla una serie de condiciones, lo que fue denunciado por el Defensor del Pueblo.
La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, llamó este jueves a "abrir el debate sobre la ley" española de Extranjería y adaptarla "a lo que está pasando" para que "no se caiga en contradicciones".
La cuestión del empadronamiento provocó reacciones de preocupación en varios sectores, como el gobierno de Ecuador.
Por su parte, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional pidió precisamente al gobierno español, actual presidente temporal de la Unión Europea (UE), que como "las políticas actuales contribuyen a la criminalización y discriminación de los inmigrantes irregulares", "el enfoque de lucha contra la inmigración irregular debe cambiarse" por la lucha contra los traficantes de personas.
El debate tiene lugar en un país con un 12% de extranjeros (de un total de 46 millones de habitantes) llegados mayoritariamente en los últimos 15 años, y con pocas señales de xenofobia, ni siquiera en los últimos tiempos de crisis, frente a las recientes reacciones contra los inmigrantes en el sur de Italia o la prohibición de construir minaretes en Suiza.
"El pronóstico que no se ha cumplido es que la crisis iba a generar grandes presiones sociales e incitaciones xenófobas"; "la crisis ha corroborado este tenor sosegado y maduro de la sociedad española" frente a los inmigrantes, declaró la semana pasada uno de los directores del Anuario de la Inmigración en España, Joaquín Arango.
Pero este jueves el alcalde de Vic, Josep María Vila d'Abadal, que indicó que cumplirá la ley, sacó a relucir la cuestión económica y pidió que el Estado español sea "solidario con los ayuntamientos" y aporte fondos para atender a las necesidades de los inmigrantes.
