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Correa implicó en las conversaciones grabadas por la persona que denunció el caso a Luis Bárcenas en el cobro de cantidades millonarias para el partido relacionadas con supuestas adjudicaciones desde el Ministerio de Fomento que dirigía Francisco Álvarez Cascos. De hecho, AENA, organismo dependiente de Fomento, adjudicó entre 2000 y 2004, durante el mandato de Cascos, cientos de miles de euros en decenas de contratos a la empresa de Correa.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha emitido una nueva providencia, con fecha de ayer aunque conocida hoy, en la que consulta precisamente a la Fiscalía Anticorrupción si traslada la causa de corrupción que salpica al PP al Tribunal Supremo tras la implicación de "un posible nuevo caso de aforamiento" según el contenido de un informe policial de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales).
La causa completa para el Supremo
El pasado viernes, Garzón solicitó al servicio de reprografía del juzgado tres copias de las actuaciones con el objeto de iniciar su inhibición de la causa. Las dos primeras irían a parar a los tribunales superiores de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia, como ya solicitase la propia Fiscalía Anticorrupción el pasado 18 de febrero. La tercera copia iría ahora a parar al Alto Tribunal. No obstante, el magistrado pregunta a Anticorrupción si "vista la conexión que estos hechos [derivados del nuevo informe policial] guardan con los relativos a los aforados de Madrid" procede trasladar toda la causa a la Sala Segunda del Supremo.
Hasta el momento y según se ha podido saber de las actuaciones de Garzón y los escritos de la Fiscalía, los aforados implicados en la red de corrupción serían, junto a Bárcenas, el presidente valenciano, Francisco Camps, el ex consejero madrileño Alberto López Viejo, y los diputados de esa comunidad Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch. La nueva providencia de Garzón, que dice haber recibido el informe policial ayer martes, solicita al Ministerio Fiscal que resuelva sobre los aforados en un plazo máximo de 48 horas. Es este plazo el que prevé con carácter general la Ley de Enjuiciamiento Criminal para inhibirse de aquellas causas en las que estén implicados aforados. Precisamente, la demora en el traspaso de competencias de forma "consciente" es lo que ha llevado al PP a querellarse hoy contra el magistrado ante el Supremo y solicitar su inhabilitación por un periodo de 10 a 20 años.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha emitido una nueva providencia, con fecha de ayer aunque conocida hoy, en la que consulta precisamente a la Fiscalía Anticorrupción si traslada la causa de corrupción que salpica al PP al Tribunal Supremo tras la implicación de "un posible nuevo caso de aforamiento" según el contenido de un informe policial de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales).
La causa completa para el Supremo
El pasado viernes, Garzón solicitó al servicio de reprografía del juzgado tres copias de las actuaciones con el objeto de iniciar su inhibición de la causa. Las dos primeras irían a parar a los tribunales superiores de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia, como ya solicitase la propia Fiscalía Anticorrupción el pasado 18 de febrero. La tercera copia iría ahora a parar al Alto Tribunal. No obstante, el magistrado pregunta a Anticorrupción si "vista la conexión que estos hechos [derivados del nuevo informe policial] guardan con los relativos a los aforados de Madrid" procede trasladar toda la causa a la Sala Segunda del Supremo.
Hasta el momento y según se ha podido saber de las actuaciones de Garzón y los escritos de la Fiscalía, los aforados implicados en la red de corrupción serían, junto a Bárcenas, el presidente valenciano, Francisco Camps, el ex consejero madrileño Alberto López Viejo, y los diputados de esa comunidad Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch. La nueva providencia de Garzón, que dice haber recibido el informe policial ayer martes, solicita al Ministerio Fiscal que resuelva sobre los aforados en un plazo máximo de 48 horas. Es este plazo el que prevé con carácter general la Ley de Enjuiciamiento Criminal para inhibirse de aquellas causas en las que estén implicados aforados. Precisamente, la demora en el traspaso de competencias de forma "consciente" es lo que ha llevado al PP a querellarse hoy contra el magistrado ante el Supremo y solicitar su inhabilitación por un periodo de 10 a 20 años.
