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Política
MADRID, Gabriel Rubio, (AFP) - El juez del Tribunal Supremo (TS) Luciano Varela decidió abrir el procedimiento para juzgar a Garzón, objeto de una demanda de varias organizaciones consideradas de ultraderecha, por su investigación de los crímenes del franquismo, informaron este miércoles fuentes judiciales.
Varela ya había considerado en febrero que había "indicios de un presunto delito de prevaricación (dictar una resolución injusta sabiendo que lo es) por parte de Garzón por investigar las desapariciones a sabiendas de que no era competente".
Para que Garzón se siente en el banquillo de los acusados, los querellantes tienen ahora un plazo de diez días para presentar sus escritos de acusación contra el juez de la Audiencia Nacional, principal instancia penal, encargada de los delitos de terrorismo, crimen organizado y delitos de lesa humanidad.
Desde mayo de 2009, tres entidades minoritarias consideradas de ultraderecha -el sindicato Manos Limpias, la formación ultraderechista Falange Española de la JONS y la asociación "Libertad e identidad"- presentaron denuncias contra Garzón, al que acusan de haber iniciado la investigación sin tener competencias para ello.
Falange Española, incluyendo entonces a los tradicionalistas católicos, fue el partido único en España de 1939 a 1975.
Las acusaciones se basan en su decisión de octubre de 2008 de investigar la suerte de más de 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil española (1936-1939) y de los primeros años del franquismo y de autorizar la apertura de 25 fosas comunes donde se cree están enterrados republicanos, derrotados por el levantamiento militar liderado por Francisco Franco.
Durante su instrucción, abandonada un mes más tarde, Garzón dictó resoluciones "objetivamente contrarias a derecho", afirmó en febrero Varela, quien le reprochó haber iniciado y prolongado una instrucción sin tener competencias, atribuyendo a personas fallecidas delitos que habían prescrito y estaban amnistiados (por una ley de 1977).
De esta manera, el magistrado que dio impulso, según asociaciones de defensa de derechos humanos, a los procesos judiciales contra autores de crímenes de lesa humanidad en Latinoamérica, podría verse condenado por su breve instrucción de una causa similar en su país.
Garzón tiene en su haber la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres en 1998 y la investigación de crímenes de las dictaduras argentina (1976-1983) y chilena (1973-1990).
El juez Garzón, que declaró ante el TS en septiembre de 2009, defendió en su momento para abrir la causa sobre los desaparecidos en España que el delito de "detención ilegal, sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la humanidad" es "permanente".
"Me defenderé y demostraré la inocencia que siempre ha presidido mi actuación", había afirmado hace meses Garzón, aunque hasta ahora, todos los recursos presentados por el magistrado, incluido contra el auto de febrero de Varela, han sido rechazados por el TS.
Entre los recursos y pruebas solicitadas por Garzón se encuentran las declaraciones de juristas internacionales y de magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional.
Desde que se conoció la instrucción contra Garzón, el juez ha recibido el apoyo de juristas y organizaciones de defensa de los derechos humanos de todo el mundo, que incluso enviaron una misiva a la justicia española expresando su "perplejidad" por la iniciativa contra el juez.
En esta misiva se recordaba que el delito de "desaparición forzada "está entre los crímenes que "no pueden prescribir ni ser amnistiados".
Varela ya había considerado en febrero que había "indicios de un presunto delito de prevaricación (dictar una resolución injusta sabiendo que lo es) por parte de Garzón por investigar las desapariciones a sabiendas de que no era competente".
Para que Garzón se siente en el banquillo de los acusados, los querellantes tienen ahora un plazo de diez días para presentar sus escritos de acusación contra el juez de la Audiencia Nacional, principal instancia penal, encargada de los delitos de terrorismo, crimen organizado y delitos de lesa humanidad.
Desde mayo de 2009, tres entidades minoritarias consideradas de ultraderecha -el sindicato Manos Limpias, la formación ultraderechista Falange Española de la JONS y la asociación "Libertad e identidad"- presentaron denuncias contra Garzón, al que acusan de haber iniciado la investigación sin tener competencias para ello.
Falange Española, incluyendo entonces a los tradicionalistas católicos, fue el partido único en España de 1939 a 1975.
Las acusaciones se basan en su decisión de octubre de 2008 de investigar la suerte de más de 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil española (1936-1939) y de los primeros años del franquismo y de autorizar la apertura de 25 fosas comunes donde se cree están enterrados republicanos, derrotados por el levantamiento militar liderado por Francisco Franco.
Durante su instrucción, abandonada un mes más tarde, Garzón dictó resoluciones "objetivamente contrarias a derecho", afirmó en febrero Varela, quien le reprochó haber iniciado y prolongado una instrucción sin tener competencias, atribuyendo a personas fallecidas delitos que habían prescrito y estaban amnistiados (por una ley de 1977).
De esta manera, el magistrado que dio impulso, según asociaciones de defensa de derechos humanos, a los procesos judiciales contra autores de crímenes de lesa humanidad en Latinoamérica, podría verse condenado por su breve instrucción de una causa similar en su país.
Garzón tiene en su haber la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres en 1998 y la investigación de crímenes de las dictaduras argentina (1976-1983) y chilena (1973-1990).
El juez Garzón, que declaró ante el TS en septiembre de 2009, defendió en su momento para abrir la causa sobre los desaparecidos en España que el delito de "detención ilegal, sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la humanidad" es "permanente".
"Me defenderé y demostraré la inocencia que siempre ha presidido mi actuación", había afirmado hace meses Garzón, aunque hasta ahora, todos los recursos presentados por el magistrado, incluido contra el auto de febrero de Varela, han sido rechazados por el TS.
Entre los recursos y pruebas solicitadas por Garzón se encuentran las declaraciones de juristas internacionales y de magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional.
Desde que se conoció la instrucción contra Garzón, el juez ha recibido el apoyo de juristas y organizaciones de defensa de los derechos humanos de todo el mundo, que incluso enviaron una misiva a la justicia española expresando su "perplejidad" por la iniciativa contra el juez.
En esta misiva se recordaba que el delito de "desaparición forzada "está entre los crímenes que "no pueden prescribir ni ser amnistiados".
