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Política
Manifestantes en Guatemala
La presión no deja de crecer en las calles. “Jimmy Morales al tribunal”, pedían los manifestantes la semana pasada. El presidente había decidido no prolongar más allá de septiembre de 2019 el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el organismo de la ONU que investiga la corrupción en el país.
Además, Morales prohibió la entrada al país al jefe de esa comisión, el colombiano Iván Velásquez, uno de los galardonados hoy con el Premio Right Livelihood. Tomó la medida después de que Velásquez pidiese que se le retirase la inmunidad a Morales por evidencias sobre financiamiento electoral ilícito en la campaña de 2015, cuando ganó la Presidencia.
Los políticos latinoamericanos suelen conseguir salir impunes. Guatemala está considerado uno de los países más corruptos del mundo, controlado por influyentes redes, clanes criminales familiares y poderosos maquinadores de intrigas.
Pero desde hace algunos años se está intentando poner orden a conciencia. Los dos principales luchadores contra la corrupción son Velásquez y la guatemalteca Thelma Aldana, fiscal general de Guatemala hasta mayo pasado y también reconocida con el Premio Right Livelihood. La revista “Time” la eligió incluso como una de las 100 personalidades más influyentes.
Ambos apuntaron sin compasión a la élite política y económica del país e incluso se les considera candidatos al Premio Nobel de la Paz. Por el momento han conseguido el Nobel Alternativo, un reconocimiento para defensores de los derechos humanos cuyo trabajo a menudo es ignorado o incluso entorpecido.
Aldana y Velásquez lideran “una de las misiones contra la corrupción más exitosas del mundo”, afirmó la Fundación Right Livelihood al justificar el premio.
Ambos juristas se han granjeado ya unos cuantos enemigos, como el ex presidente Otto Pérez Molina. La CICIG reveló una trama de corrupción que hizo caer a este mandatario, que ahora se encuentra en prisión preventiva. O el propio Morales, que intenta evitar el mismo destino con uñas y dientes.
Para ello Morales declaró el año pasado “persona non grata” a Velásquez, decretó su expulsión del país y recientemente prohibió su entrada. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala determinó la semana pasada que el comisionado contra la impunidad puede regresar al país, aunque el Gobierno ignoró por el momento esa decisión.
“Este premio llega en un momento especialmente dramático en la lucha contra la impunidad y la corrupción”, aseguró Velásquez en una primera reacción.
Aldana y Velásquez confían en que el premio sirva para llamar la atención sobre Guatemala e influya positivamente en la situación. La institución que los concede pidió a Morales “que no acabe con esta historia de éxito guatemalteca”. Solo así los ciudadanos podrán volver a confiar en el Estado. Pero no está claro cómo reaccionará el presidente. En cualquier caso, hay mucho en juego para las élites poderosas de su país.
Además, Morales prohibió la entrada al país al jefe de esa comisión, el colombiano Iván Velásquez, uno de los galardonados hoy con el Premio Right Livelihood. Tomó la medida después de que Velásquez pidiese que se le retirase la inmunidad a Morales por evidencias sobre financiamiento electoral ilícito en la campaña de 2015, cuando ganó la Presidencia.
Los políticos latinoamericanos suelen conseguir salir impunes. Guatemala está considerado uno de los países más corruptos del mundo, controlado por influyentes redes, clanes criminales familiares y poderosos maquinadores de intrigas.
Pero desde hace algunos años se está intentando poner orden a conciencia. Los dos principales luchadores contra la corrupción son Velásquez y la guatemalteca Thelma Aldana, fiscal general de Guatemala hasta mayo pasado y también reconocida con el Premio Right Livelihood. La revista “Time” la eligió incluso como una de las 100 personalidades más influyentes.
Ambos apuntaron sin compasión a la élite política y económica del país e incluso se les considera candidatos al Premio Nobel de la Paz. Por el momento han conseguido el Nobel Alternativo, un reconocimiento para defensores de los derechos humanos cuyo trabajo a menudo es ignorado o incluso entorpecido.
Aldana y Velásquez lideran “una de las misiones contra la corrupción más exitosas del mundo”, afirmó la Fundación Right Livelihood al justificar el premio.
Ambos juristas se han granjeado ya unos cuantos enemigos, como el ex presidente Otto Pérez Molina. La CICIG reveló una trama de corrupción que hizo caer a este mandatario, que ahora se encuentra en prisión preventiva. O el propio Morales, que intenta evitar el mismo destino con uñas y dientes.
Para ello Morales declaró el año pasado “persona non grata” a Velásquez, decretó su expulsión del país y recientemente prohibió su entrada. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala determinó la semana pasada que el comisionado contra la impunidad puede regresar al país, aunque el Gobierno ignoró por el momento esa decisión.
“Este premio llega en un momento especialmente dramático en la lucha contra la impunidad y la corrupción”, aseguró Velásquez en una primera reacción.
Aldana y Velásquez confían en que el premio sirva para llamar la atención sobre Guatemala e influya positivamente en la situación. La institución que los concede pidió a Morales “que no acabe con esta historia de éxito guatemalteca”. Solo así los ciudadanos podrán volver a confiar en el Estado. Pero no está claro cómo reaccionará el presidente. En cualquier caso, hay mucho en juego para las élites poderosas de su país.
