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Sánchez de Lozada
Los 10 miembros del jurado de la corte federal de Fort Lauderdale, ciudad ubicada a unos 50 kilómetros al norte de Miami, determinaron unánimemente que los ex funcionarios fueron responsables de la muerte de civiles durante la represión militar de protestas ciudadanas que hubo en su Gobierno.
La causa civil interpuesta contra los ex funcionarios en Estados Unidos, país en donde gozan de refugio político desde hace 15 años, no tiene una finalidad privativa de la libertad pero sí económica que debe ser cancelada en un tiempo establecido.
Por esa razón, el jurado, que estudió el caso por una semana, estableció que Sánchez de Lozada, de 87 años, que gobernó entre 1994-1999 y 2002-2003, y su ex funcionario Sánchez Berzaín, de 58, deberán pagar a los demandantes una indemnización de 10 millones de dólares.
"Es una decisión histórica", aseguró el Centro de Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés), que fue asesor de las ocho familias denunciantes.
Las familias acusaron a los ex funcionarios de planificar las ejecuciones y otros delitos de lesa humanidad cometidos durante las protestas entre septiembre y octubre de 2003, que forzaron el retiro del entonces mandatario.
A la salida del Tribunal, el abogado Thomas Becker, de la Clínica de Derechos Humanos Internacionales de la Universidad de Harvard, que también apoyó a los afectados con la demanda interpuesta en 2007, celebró la decisión y afirmó que es un precedente histórico no solo para Bolivia sino para el mundo.
"Desde que ambos huyeron hacia Estados Unidos después de las ejecuciones nos empeñamos en hacer justicia y muchos nos dijeron que uno de los hombres más poderosos de Bolivia no iba a salir culpable y hoy vimos que sí. Estas valientes víctimas lo lograron", indicó Becker junto a algunos de los demandantes.
El juez del caso, James Cohn, citó a una audiencia de lectura de sentencia para el próximo 4 de mayo mientras que los abogados defensores dijeron por su parte que presentarán un último recurso legal para revertir la decisión.
Las reacciones no se hicieron esperar en Bolivia. Familiares de las víctimas y miembros del Gobierno celebraron el hecho y también lo calificaron de histórico por ser la primera vez que un ex presidente latinoamericano es condenado por delitos relacionados con derechos humanos en el país norteamericano.
"Esta sentencia es un precedente mundial porque un presidente elegido constitucionalmente no puede reprimir violentamente con uso de armamento letal contra la población civil", destacó Rogelio Mayta, abogado de 67 víctimas.
El presidente boliviano, Evo Morales, manifestó en Twitter su "respeto y admiración a los familiares de las víctimas por su perseverancia, firmeza y fortaleza al conseguir una decisión judicial" que se acerca más a la justicia.
Por su parte, el ex mandatario Jorge Quiroga (2000-2002) calificó como un "acto de justicia" la decisión del jurado. "Tuvieron que buscar afuera la justicia que nunca obtuvieron en Bolivia. Un resarcimiento económico por la vía civil, si se consolida; es un pequeño acto de justicia, que debe recordar a todos que ésta a veces tarda, pero siempre llega", escribió en Twitter.
Finalmente, el ministro de Justicia, Héctor Arce, señaló que "la justicia independiente de Estados Unidos los declara culpables y les ordena pagar una indemnización. Qué dirán ahora en su defensa quienes cuestionaron a la justicia boliviana y no se sometieron a la misma".
La crisis desatada hace 15 años en el país sudamericano se generó por las medidas económicas anunciadas por el entonces presidente. Al menos 60 civiles y dos militares murieron en los hechos por disparos, y un centenar quedó herido en las ciudades de El Alto y La Paz.
Por estos hechos, el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia sentenció a cinco jefes militares de ese entonces y pidió la extradición de Sánchez de Lozada y varios de sus ex ministros, que no pudieron ser juzgados por su ausencia.
La causa civil interpuesta contra los ex funcionarios en Estados Unidos, país en donde gozan de refugio político desde hace 15 años, no tiene una finalidad privativa de la libertad pero sí económica que debe ser cancelada en un tiempo establecido.
Por esa razón, el jurado, que estudió el caso por una semana, estableció que Sánchez de Lozada, de 87 años, que gobernó entre 1994-1999 y 2002-2003, y su ex funcionario Sánchez Berzaín, de 58, deberán pagar a los demandantes una indemnización de 10 millones de dólares.
"Es una decisión histórica", aseguró el Centro de Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés), que fue asesor de las ocho familias denunciantes.
Las familias acusaron a los ex funcionarios de planificar las ejecuciones y otros delitos de lesa humanidad cometidos durante las protestas entre septiembre y octubre de 2003, que forzaron el retiro del entonces mandatario.
A la salida del Tribunal, el abogado Thomas Becker, de la Clínica de Derechos Humanos Internacionales de la Universidad de Harvard, que también apoyó a los afectados con la demanda interpuesta en 2007, celebró la decisión y afirmó que es un precedente histórico no solo para Bolivia sino para el mundo.
"Desde que ambos huyeron hacia Estados Unidos después de las ejecuciones nos empeñamos en hacer justicia y muchos nos dijeron que uno de los hombres más poderosos de Bolivia no iba a salir culpable y hoy vimos que sí. Estas valientes víctimas lo lograron", indicó Becker junto a algunos de los demandantes.
El juez del caso, James Cohn, citó a una audiencia de lectura de sentencia para el próximo 4 de mayo mientras que los abogados defensores dijeron por su parte que presentarán un último recurso legal para revertir la decisión.
Las reacciones no se hicieron esperar en Bolivia. Familiares de las víctimas y miembros del Gobierno celebraron el hecho y también lo calificaron de histórico por ser la primera vez que un ex presidente latinoamericano es condenado por delitos relacionados con derechos humanos en el país norteamericano.
"Esta sentencia es un precedente mundial porque un presidente elegido constitucionalmente no puede reprimir violentamente con uso de armamento letal contra la población civil", destacó Rogelio Mayta, abogado de 67 víctimas.
El presidente boliviano, Evo Morales, manifestó en Twitter su "respeto y admiración a los familiares de las víctimas por su perseverancia, firmeza y fortaleza al conseguir una decisión judicial" que se acerca más a la justicia.
Por su parte, el ex mandatario Jorge Quiroga (2000-2002) calificó como un "acto de justicia" la decisión del jurado. "Tuvieron que buscar afuera la justicia que nunca obtuvieron en Bolivia. Un resarcimiento económico por la vía civil, si se consolida; es un pequeño acto de justicia, que debe recordar a todos que ésta a veces tarda, pero siempre llega", escribió en Twitter.
Finalmente, el ministro de Justicia, Héctor Arce, señaló que "la justicia independiente de Estados Unidos los declara culpables y les ordena pagar una indemnización. Qué dirán ahora en su defensa quienes cuestionaron a la justicia boliviana y no se sometieron a la misma".
La crisis desatada hace 15 años en el país sudamericano se generó por las medidas económicas anunciadas por el entonces presidente. Al menos 60 civiles y dos militares murieron en los hechos por disparos, y un centenar quedó herido en las ciudades de El Alto y La Paz.
Por estos hechos, el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia sentenció a cinco jefes militares de ese entonces y pidió la extradición de Sánchez de Lozada y varios de sus ex ministros, que no pudieron ser juzgados por su ausencia.
