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Política
Obispos españoles, en una manifestación en Madrid en 2005 contra el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Benedicto XVI volvió a elegir en 2008 a España para este macroevento de impacto mundial --tras el de 1989 en Santiago de Compostela-- y por segunda vez en nueve meses vuelve a un país donde la Iglesia digiere mal su pérdida de poder.
El Santo Padre llega a un país puntero en avances sociales, un Estado aconfesional en continuo proceso de secularización desde que en 1975 terminó la dictadura del muy católico Francisco Franco y donde la Iglesia sigue conservando privilegios.
Aunque el 73% de la población se declara católica, frente al 80% hace ocho años, sólo el 14% va a misa los domingos, según datos oficiales.
En la España del presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, las bodas civiles (54,3%) superaron a las religiosas por primera vez en 2009 y los matrimonios cayeron un 10% frente al año anterior.
En 2010 las bodas homosexuales, permitidas desde 2005, supusieron el 2,1% del total, y uno de cada tres hijos nace fuera del matrimonio, el doble que hace 10 años.
La Iglesia "no conecta para nada con las inquietudes" de los jóvenes españoles, que son "de los más descreídos de Europa", estimó recientemente el teólogo Juan José Tamayo.
En su última visita, Benedicto XVI fue, según algunos, demasiado lejos al denunciar el retorno a España del "agresivo" movimiento anticlerical y laicista vivido en los años 30, durante la II República anterior a la Guerra Civil.
"Seguramente el Vaticano tiene como prioridad países como España", comenta a la AFP Raquel Mallavibarrena, una portavoz de las progresistas Redes Cristianas, que denuncia "la situación de privilegio real que tiene la jerarquía católica en España".
Con el fin del franquismo, España y la Santa Sede firmaron en 1979 un acuerdo, aún vigente, sobre financiación de la educación y del patrimonio "que ningún gobierno de la democracia ha puesto en cuestión", señala Mallavibarrena.
Y hasta 2007, la Iglesia obtenía del presupuesto público unos 30 millones de euros anuales y no pagaba el impuesto sobre el valor añadido (IVA).
Ahora se financia vía impuestos: los católicos destinan el 0,7% de sus impuestos a la Iglesia, lo que según la portavoz sigue siendo un privilegio porque no reciben "un impuesto extra, como es el caso de otros países".
El Estado también paga a profesores que enseñan religión católica en los colegios públicos, a lo que se añade que "los obispos mantienen una beligerancia y una 'impunidad' para opinar y reclamar derechos que seguramente es heredera del nacional catolicismo" franquista, apunta.
Desde que Zapatero llegó al gobierno, en 2004, los obispos han denunciado políticas sociales como la ley de matrimonios homosexuales, el divorcio exprés y la reforma de la ley del aborto organizando masivas manifestaciones.
Esas medidas también provocaron roces con el Vaticano, pero el ejecutivo siempre ha dicho que quiere tener las mejores relaciones con Roma.
En esta línea, el año pasado, antes de la visita papal, el gobierno pospuso un proyecto de ley conflictivo, la ley de libertad religiosa, que preveía entre otras cosas retirar crucifijos de lugares públicos, no oficiar funerales de Estado católicos y que el presidente no jure su cargo frente a un crucifijo.
Aun así, el Papa cargó en su visita contra el anticlericalismo "agresivo", pero el ejecutivo ha advertido de que no sería "oportuno" que durante las JMJ el Papa haga comentarios similares.
"La nostalgia de 'los buenos tiempos pasados' que parecen tener algunas personas, añorando los tiempos en que la Iglesia oficial 'mandaba' mucho (...) no es una buena actitud hoy", apunta Federico Pastor, presidente de la Asociación de teólogos Juan XXIII, que propone "crear nuevas respuestas a los nuevos retos".
El Santo Padre llega a un país puntero en avances sociales, un Estado aconfesional en continuo proceso de secularización desde que en 1975 terminó la dictadura del muy católico Francisco Franco y donde la Iglesia sigue conservando privilegios.
Aunque el 73% de la población se declara católica, frente al 80% hace ocho años, sólo el 14% va a misa los domingos, según datos oficiales.
En la España del presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, las bodas civiles (54,3%) superaron a las religiosas por primera vez en 2009 y los matrimonios cayeron un 10% frente al año anterior.
En 2010 las bodas homosexuales, permitidas desde 2005, supusieron el 2,1% del total, y uno de cada tres hijos nace fuera del matrimonio, el doble que hace 10 años.
La Iglesia "no conecta para nada con las inquietudes" de los jóvenes españoles, que son "de los más descreídos de Europa", estimó recientemente el teólogo Juan José Tamayo.
En su última visita, Benedicto XVI fue, según algunos, demasiado lejos al denunciar el retorno a España del "agresivo" movimiento anticlerical y laicista vivido en los años 30, durante la II República anterior a la Guerra Civil.
"Seguramente el Vaticano tiene como prioridad países como España", comenta a la AFP Raquel Mallavibarrena, una portavoz de las progresistas Redes Cristianas, que denuncia "la situación de privilegio real que tiene la jerarquía católica en España".
Con el fin del franquismo, España y la Santa Sede firmaron en 1979 un acuerdo, aún vigente, sobre financiación de la educación y del patrimonio "que ningún gobierno de la democracia ha puesto en cuestión", señala Mallavibarrena.
Y hasta 2007, la Iglesia obtenía del presupuesto público unos 30 millones de euros anuales y no pagaba el impuesto sobre el valor añadido (IVA).
Ahora se financia vía impuestos: los católicos destinan el 0,7% de sus impuestos a la Iglesia, lo que según la portavoz sigue siendo un privilegio porque no reciben "un impuesto extra, como es el caso de otros países".
El Estado también paga a profesores que enseñan religión católica en los colegios públicos, a lo que se añade que "los obispos mantienen una beligerancia y una 'impunidad' para opinar y reclamar derechos que seguramente es heredera del nacional catolicismo" franquista, apunta.
Desde que Zapatero llegó al gobierno, en 2004, los obispos han denunciado políticas sociales como la ley de matrimonios homosexuales, el divorcio exprés y la reforma de la ley del aborto organizando masivas manifestaciones.
Esas medidas también provocaron roces con el Vaticano, pero el ejecutivo siempre ha dicho que quiere tener las mejores relaciones con Roma.
En esta línea, el año pasado, antes de la visita papal, el gobierno pospuso un proyecto de ley conflictivo, la ley de libertad religiosa, que preveía entre otras cosas retirar crucifijos de lugares públicos, no oficiar funerales de Estado católicos y que el presidente no jure su cargo frente a un crucifijo.
Aun así, el Papa cargó en su visita contra el anticlericalismo "agresivo", pero el ejecutivo ha advertido de que no sería "oportuno" que durante las JMJ el Papa haga comentarios similares.
"La nostalgia de 'los buenos tiempos pasados' que parecen tener algunas personas, añorando los tiempos en que la Iglesia oficial 'mandaba' mucho (...) no es una buena actitud hoy", apunta Federico Pastor, presidente de la Asociación de teólogos Juan XXIII, que propone "crear nuevas respuestas a los nuevos retos".
