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Política
Manifestantes en Port Said, Egipto
El tribunal administrativo de El Cairo anuló el decreto firmado por el presidente Mursi, por el que convocaba a elecciones a partir de esa fecha.
El tribunal administrativo decidió también remitir la ley electoral a la Alta Corte Constitucional para que la examine.
El Frente de Salvación Nacional (FSN), una coalición de partidos liberales y de izquierda que se oponen a Mursi, había anunciado que boicotearía estas elecciones, por tener dudas sobre su transparencia.
La presidencia reaccionó en un breve comunicado, indicando que "respeta" el juicio y "reitera su respeto a la Constitución, el estado de derecho y la separación de los poderes", sin precisar claramente si apelará o no la decisión.
La decisión judicial replantea las incertidumbres políticas en un país que tiene dificultades para estabilizarse dos años después de la caída de Hosni Mubarak.
Mursi había convocado a las elecciones el mes pasado por decreto, pero el tribunal administrativo de El Cairo consideró que el procedimiento seguido por el Senado, dominado por los islamistas y encargado de la ley electoral, no era válido, pues la legislación del caso no fue enviada ante la Alta Corte Constitucional para un dictamen definitivo.
El tribunal decidió entonces anular el decreto de Mursi y detener la preparación de las elecciones, que la mayor parte de la oposición preveía boicotear, así como volver a enviar la ley electoral ante la Alta Corte.
Las legislativas debían comenzar el 22 de abril y celebrarse durante dos meses, para designar la nueva Asamblea (cámara baja), luego de la disolución de la anterior en junio de 2012.
Pero varios opositores ya habían cuestionado su transparencia y el momento elegido para organizarlas, al considerar que el país está muy dividido para que se lleven a cabo en calma.
El coordinador del FSN, el Premio Nobel de la paz Mohamed ElBaradei, había denunciado una "superchería" y dio a entender que las elecciones podían ser falseadas como durante el régimen del presidente Hosni Mubarak, pero esta vez a favor de los partidarios de Mursi.
Otro opositor, el islamista moderado Abdel Moneim Abul Futuh, candidato derrotado en las presidenciales del año pasado, había anunciado que su partido se lanzaría a la batalla legislativa.
Los Hermanos Musulmanes, de donde surgió el presidente Mursi, aseguraron que "respetan la decisión de la corte administrativa de parar la preparación de las elecciones y enviar el asunto ante la Corte Constitucional".
La decisión del tribunal coloca a Mursi en una situación difícil.
En varias ocasiones el presidente afirmó que las elecciones llevarían al país por el camino de la estabilidad, descartando las críticas sobre el momento escogido para organizarlas.
Los Hermanos Musulmanes y los salafistas dominaban la anterior Asamblea, elegida en el invierno boreal de 2011/2012 y disuelta en junio del año pasado por la Corte Constitucional, cuando el país estaba dirigido por un consejo militar.
Egipto vive en la actualidad una nueva fase de la difícil transición política desde la caída de Mubarak bajo la presión de una revuelta popular.
El país es afectado por manifestaciones a veces violentas contra el poder islamista, acusado de tratar de acaparar todo el poder, o provocadas por el agravamiento de la situación económica y social.
La tensión es particularmente fuerte en Port Said. El proceso de un drama de fútbol ocurrido el año pasado en esta ciudad del noreste del país provocó sangrientos enfrentamientos entre la población y la policía desde hace varias semanas.
El jefe de los servicios de seguridad locales, Mohsen Radi, fue destituido el miércoles y transferido a El Cairo, una decisión tendiente a calmar la situación en esta ciudad situada en el canal del Suez.
El tribunal administrativo decidió también remitir la ley electoral a la Alta Corte Constitucional para que la examine.
El Frente de Salvación Nacional (FSN), una coalición de partidos liberales y de izquierda que se oponen a Mursi, había anunciado que boicotearía estas elecciones, por tener dudas sobre su transparencia.
La presidencia reaccionó en un breve comunicado, indicando que "respeta" el juicio y "reitera su respeto a la Constitución, el estado de derecho y la separación de los poderes", sin precisar claramente si apelará o no la decisión.
La decisión judicial replantea las incertidumbres políticas en un país que tiene dificultades para estabilizarse dos años después de la caída de Hosni Mubarak.
Mursi había convocado a las elecciones el mes pasado por decreto, pero el tribunal administrativo de El Cairo consideró que el procedimiento seguido por el Senado, dominado por los islamistas y encargado de la ley electoral, no era válido, pues la legislación del caso no fue enviada ante la Alta Corte Constitucional para un dictamen definitivo.
El tribunal decidió entonces anular el decreto de Mursi y detener la preparación de las elecciones, que la mayor parte de la oposición preveía boicotear, así como volver a enviar la ley electoral ante la Alta Corte.
Las legislativas debían comenzar el 22 de abril y celebrarse durante dos meses, para designar la nueva Asamblea (cámara baja), luego de la disolución de la anterior en junio de 2012.
Pero varios opositores ya habían cuestionado su transparencia y el momento elegido para organizarlas, al considerar que el país está muy dividido para que se lleven a cabo en calma.
El coordinador del FSN, el Premio Nobel de la paz Mohamed ElBaradei, había denunciado una "superchería" y dio a entender que las elecciones podían ser falseadas como durante el régimen del presidente Hosni Mubarak, pero esta vez a favor de los partidarios de Mursi.
Otro opositor, el islamista moderado Abdel Moneim Abul Futuh, candidato derrotado en las presidenciales del año pasado, había anunciado que su partido se lanzaría a la batalla legislativa.
Los Hermanos Musulmanes, de donde surgió el presidente Mursi, aseguraron que "respetan la decisión de la corte administrativa de parar la preparación de las elecciones y enviar el asunto ante la Corte Constitucional".
La decisión del tribunal coloca a Mursi en una situación difícil.
En varias ocasiones el presidente afirmó que las elecciones llevarían al país por el camino de la estabilidad, descartando las críticas sobre el momento escogido para organizarlas.
Los Hermanos Musulmanes y los salafistas dominaban la anterior Asamblea, elegida en el invierno boreal de 2011/2012 y disuelta en junio del año pasado por la Corte Constitucional, cuando el país estaba dirigido por un consejo militar.
Egipto vive en la actualidad una nueva fase de la difícil transición política desde la caída de Mubarak bajo la presión de una revuelta popular.
El país es afectado por manifestaciones a veces violentas contra el poder islamista, acusado de tratar de acaparar todo el poder, o provocadas por el agravamiento de la situación económica y social.
La tensión es particularmente fuerte en Port Said. El proceso de un drama de fútbol ocurrido el año pasado en esta ciudad del noreste del país provocó sangrientos enfrentamientos entre la población y la policía desde hace varias semanas.
El jefe de los servicios de seguridad locales, Mohsen Radi, fue destituido el miércoles y transferido a El Cairo, una decisión tendiente a calmar la situación en esta ciudad situada en el canal del Suez.
