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Política
El parlamento catalán
El tribunal aceptó el recurso de inconstitucionalidad presentado el viernes por el Gobierno de Mariano Rajoy contra la reforma, lo que implica su suspensión automática y un nuevo golpe jurídico a los planes secesionistas del Gobierno regional catalán.
Madrid y Barcelona vienen enfrentándose por los planes del Ejecutivo catalán liderado por Carles Puigdemont de celebrar el 1 de octubre un referéndum sobre la independencia de Cataluña. El Gobierno de Rajoy ve ilegal la consulta y asegura que no se producirá.
En medio de esa tensión creciente, el Parlamento catalán, de mayoría secesionista, aprobó el miércoles una reforma del reglamento parlamentario que permitiría aprobar de forma "exprés" y sin debate previo dos leyes clave para el proceso independentista.
Una es la llamada ley del referéndum, con la que se pretende avalar la convocatoria de la consulta soberanista el 1 de octubre, y la otra la ley de transitoriedad jurídica con la que los separatistas buscan dotar a Cataluña de un régimen jurídico propio.
Rajoy criticó la reforma tras su aprobación y denunció que busca "aprobar por trámite de urgencia y sin las más elementales garantías democráticas las leyes con las que pretenden liquidar la soberanía nacional, la Constitución y el Estatuto de Autonomía", la norma básica de la región.
El Gobierno central en Madrid presentó por ello el viernes el recurso. Su aceptación hoy por el Constitucional implica la suspensión cautelar de la reforma y deja al Gobierno catalán prácticamente sin opciones para dar cobertura legal al referéndum.
El pulso independentista se disparó en Cataluña en 2010 cuando el Constitucional español decidió anular algunos puntos del nuevo Estatuto de Autonomía catalán, una suerte de Constitución regional.
En el último lustro, las relaciones entre el Gobierno de España y el de la región fueron especialmente tensas por el desafío separatista. Tal y como hizo hoy, Rajoy impugnó recientemente ante el Constitucional los pasos dados por la región hacia la secesión.
En 2014, un recurso del Gobierno llevó al alto tribunal a declarar ilegal una consulta no oficial sobre la independencia convocada por el Gobierno catalán. Finalmente, la votación se celebró y más de dos millones de personas acudieron a las urnas, de las que un 80 por ciento se pronunció a favor de una Cataluña independiente.
Como consecuencia, el entonces jefe del Ejecutivo catalán, Artur Mas, fue condenado a dos años de inhabilitación por la Justicia.
Madrid y Barcelona vienen enfrentándose por los planes del Ejecutivo catalán liderado por Carles Puigdemont de celebrar el 1 de octubre un referéndum sobre la independencia de Cataluña. El Gobierno de Rajoy ve ilegal la consulta y asegura que no se producirá.
En medio de esa tensión creciente, el Parlamento catalán, de mayoría secesionista, aprobó el miércoles una reforma del reglamento parlamentario que permitiría aprobar de forma "exprés" y sin debate previo dos leyes clave para el proceso independentista.
Una es la llamada ley del referéndum, con la que se pretende avalar la convocatoria de la consulta soberanista el 1 de octubre, y la otra la ley de transitoriedad jurídica con la que los separatistas buscan dotar a Cataluña de un régimen jurídico propio.
Rajoy criticó la reforma tras su aprobación y denunció que busca "aprobar por trámite de urgencia y sin las más elementales garantías democráticas las leyes con las que pretenden liquidar la soberanía nacional, la Constitución y el Estatuto de Autonomía", la norma básica de la región.
El Gobierno central en Madrid presentó por ello el viernes el recurso. Su aceptación hoy por el Constitucional implica la suspensión cautelar de la reforma y deja al Gobierno catalán prácticamente sin opciones para dar cobertura legal al referéndum.
El pulso independentista se disparó en Cataluña en 2010 cuando el Constitucional español decidió anular algunos puntos del nuevo Estatuto de Autonomía catalán, una suerte de Constitución regional.
En el último lustro, las relaciones entre el Gobierno de España y el de la región fueron especialmente tensas por el desafío separatista. Tal y como hizo hoy, Rajoy impugnó recientemente ante el Constitucional los pasos dados por la región hacia la secesión.
En 2014, un recurso del Gobierno llevó al alto tribunal a declarar ilegal una consulta no oficial sobre la independencia convocada por el Gobierno catalán. Finalmente, la votación se celebró y más de dos millones de personas acudieron a las urnas, de las que un 80 por ciento se pronunció a favor de una Cataluña independiente.
Como consecuencia, el entonces jefe del Ejecutivo catalán, Artur Mas, fue condenado a dos años de inhabilitación por la Justicia.
