La Justicia prohíbe usar locales públicos para el referéndum catalán

La magistrada que instruye las querellas interpuestas contra el Ejecutivo de la región española por la convocatoria y organización de la consulta acordó en un auto al que tuvo acceso dpa "adoptar todas las medidas que impidan la consecución del referéndum", cuya celebración fue prohibida "de facto" por la Justicia española.
En ese sentido, la jueza pidió que se impida usar locales públicos para la preparación de la votación y ordenó su cierre a partir del 1 de octubre, incluyendo aquellos "que se utilicen como infraestructura logística" durante esa jornada.
"También se requisará todo el material que estuviera en disposición de introducirse o fuera habido dentro de dichos locales o edificios", dispuso la magistrada en su escrito.
La jueza ordenó, además, a la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía catalana -los Mossos d'Esquadra- "actuar conjuntamente para el cumplimiento de lo ordenado".
Con este auto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña asume la investigación sobre el referéndum catalán. La magistrada ordenó a la Fiscalía "cesar en las diligencias, actuaciones e instrucciones" relacionadas con la consulta. El ministerio público había ordenado el martes a la Policía el precinto de las sedes de votación.
Los locales electorales están en el punto de mira a cuatro días de la fecha fijada por el Gobierno regional de Cataluña para la celebración de un referéndum unilateral sobre la independencia cuya convocatoria fue anulada recientemente por el Tribunal Constitucional a instancias de un recurso interpuesto por el Gobierno español de Mariano Rajoy.
A raíz de la orden de precinto por parte de la Fiscalía, los Mossos d'Esquadra advirtieron hoy de posibles consecuencias de "seguridad ciudadana" y "riesgo de alteraciones del orden público".
Así lo trasladó el jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, al fiscal superior de Cataluña y así lo expresó posteriormente el cuerpo de seguridad en su cuenta de Twitter. "La aplicación de las medidas acordadas por la Fiscalía se han de ajustar a los principios básicos que rigen cualquier actuación policial", señalaron los Mossos.
"Esto implica la necesidad de tener especial cuidado con los principios de oportunidad, proporcionalidad y coherencia. El cumplimiento de instrucciones no excluye la responsabilidad profesional de contemplar que aplicarlas puede comportar consecuencias no deseadas", añadieron.
Entre los locales públicos que se prevé utilizar para la votación del domingo hay centros educativos y de salud, bibliotecas, juzgados, pabellones deportivos, residencias y sedes de asociaciones civiles, indicó hoy Trapero, según informó la agencia Europa Press.
La comunidad educativa, en una iniciativa llamada "escoles obertes" (escuelas abiertas), instó a abrir los colegios y a organizarlos "para garantizar que todo el mundo pueda votar".
El fiscal jefe de Menores, Javier Huete, ordenó vigilar posibles "situaciones de riesgo" para aquellos niños y adolescentes que participen en actos relacionados con el referéndum, así como llevar a cabo "un seguimiento individualizado de cada caso".
Pese a que la Guardia Civil cerró en los últimos días más de un centenar de webs relacionadas con el referéndum catalán, el "número dos" del Gobierno de la región, Oriol Junqueras, difundió hoy en las redes sociales información sobre la jornada de votación.
Entre 60 y 80 centros de salud se convertirán en sede electoral el domingo, según los planes del Ejecutivo catalán, que decidió asumir la responsabilidad de los consorcios y entidades públicas que gestionan estos centros en Cataluña para garantizar el derecho a voto de todos los trabajadores sanitarios, informaron medios españoles.
La tensión se eleva entre Cataluña y Madrid a medida que se acerca el 1 de octubre.
El Ministerio de Interior español acordó asumir hace unos días la coordinación de las fuerzas de seguridad en Cataluña para impedir la celebración de la consulta soberanista. Como respuesta, el jefe del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, convocó para mañana una reunión del principal órgano de coordinación policial en la región, a la que acudirán representantes de Interior.
Los operativos policiales realizados contra la consulta soberanista, que el 20 de septiembre se saldaron con 14 detenidos y unos 40 registros, provocaron grandes protestas la semana pasada en la región española, de 7,5 millones de habitantes.
Hoy, el tribunal de la Audiencia Nacional admitió a trámite una denuncia de la Fiscalía por un presunto delito de sedición durante los altercados que tuvieron lugar en la madrugada del día 21 en Barcelona al entender que un grupo de manifestantes pudo impedir a la Guardia Civil ejercer sus funciones durante los registros.
Además, el Tribunal Supremo rechazó suspender urgentemente los controles impuestos por el Ministerio de Hacienda español al Gobierno de Cataluña para evitar la financiación del referéndum, tal y como solicitó el partido izquierdista Podemos.
En vísperas de la fecha fijada para el referéndum independentista, tanto el Gobierno catalán de Carles Puigdemont como el Ejecutivo español siguen enrocados en sus respectivas posturas.
Ante la "grave situación que se vive en Cataluña", los obispos españoles pidieron hoy que se abra un diálogo "desde la verdad y la búsqueda del bien común de todos", así como evitar "decisiones y actuaciones irreversibles y de graves consecuencias".