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Política
Manifestantes en Bolivia
"En la práctica, miembros de dichas comunidades siguen siendo objeto de discriminación y están subrepresentados en todos los órganos de poder público y de toma de decisión" y sufren "la violación sistemática de los derechos humanos", indicó el Comité, en referencia a Bolivia, un país cuyo actual presidente, Evo Morales, es de orígen indígena.
El dictamen añade que "los conflictos y actos de violencia racista contra personas de orígen indígena y campesino" se agravaron a partir del año 2006 y reclama la investigación de "los hechos, la identificación y juicio de los autores, así como la garantía de un recurso efectivo para las víctimas y sus familiares".
Compuesto por 18 expertos independientes que vigilan el acatamiento por los países signatarios de la Convención internacional en la materia, este Comité le pide a Bolivia que tome medidas "para garantizar la representación política" de los indígenas en el Estado, y velar "para la aceptación intercultural y la construcción de una sociedad incluyente y pluralista".
Por otra parte, al Comité le inquieta que a la obligatoriedad de consultar con los pueblos indígenas para que el gobierno decida la explotación de recursos naturales en sus tierras, dispuesta por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), le falte "regulación" en Bolivia, "excepto en hidrocarburos".
En consecuencia exhorta al gobierno de Evo Morales "a desarrollar mecanismos prácticos para la implementación del derecho a la consulta de una manera que respete el consentimiento libre y fundamentado de las comunidades afectadas".
Solicita también que los pueblos indígenas puedan "recurrir a los tribunales, o a cualquier órgano independiente creado especialmente con este fin, para defender sus derechos tradicionales y su derecho a ser consultados antes que se otorguen concesiones, así como a recibir una indemnización justa por cualquier perjuicio sufrido".
Además, el Comité estima urgente "garantizar el pleno ejercicio de los derechos del pueblo guaraní, incluyendo la aceleración del proceso de recuperación de tierras ancestrales", y le recomienda al gobierno "intensificar esfuerzos para prevenir, investigar y procesar debidamente las formas contemporáneas de esclavitud", y "erradicar el trabajo forzado y la servidumbre".
El dictamen añade que "los conflictos y actos de violencia racista contra personas de orígen indígena y campesino" se agravaron a partir del año 2006 y reclama la investigación de "los hechos, la identificación y juicio de los autores, así como la garantía de un recurso efectivo para las víctimas y sus familiares".
Compuesto por 18 expertos independientes que vigilan el acatamiento por los países signatarios de la Convención internacional en la materia, este Comité le pide a Bolivia que tome medidas "para garantizar la representación política" de los indígenas en el Estado, y velar "para la aceptación intercultural y la construcción de una sociedad incluyente y pluralista".
Por otra parte, al Comité le inquieta que a la obligatoriedad de consultar con los pueblos indígenas para que el gobierno decida la explotación de recursos naturales en sus tierras, dispuesta por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), le falte "regulación" en Bolivia, "excepto en hidrocarburos".
En consecuencia exhorta al gobierno de Evo Morales "a desarrollar mecanismos prácticos para la implementación del derecho a la consulta de una manera que respete el consentimiento libre y fundamentado de las comunidades afectadas".
Solicita también que los pueblos indígenas puedan "recurrir a los tribunales, o a cualquier órgano independiente creado especialmente con este fin, para defender sus derechos tradicionales y su derecho a ser consultados antes que se otorguen concesiones, así como a recibir una indemnización justa por cualquier perjuicio sufrido".
Además, el Comité estima urgente "garantizar el pleno ejercicio de los derechos del pueblo guaraní, incluyendo la aceleración del proceso de recuperación de tierras ancestrales", y le recomienda al gobierno "intensificar esfuerzos para prevenir, investigar y procesar debidamente las formas contemporáneas de esclavitud", y "erradicar el trabajo forzado y la servidumbre".
