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Rull-a la izquierda-y Turull, en Madrid
El juez a cargo de la causa anunció el procesamiento de 25 de los 28 investigados por delitos vinculados al plan independentista, reactivó la orden de captura europea para seis de ellos que huyeron de España y envió a prisión incondicional a otros cinco.
La última medida tuvo un impacto político inmediato: entre los que ingresaron en prisión se encuentra el candidato a presidente catalán Jordi Turull, que mañana intentaría ser investido por el Parlamento en Barcelona tras fracasar en una primera sesión el jueves.
El envío a prisión de Turull entierra virtualmente el nuevo intento de los partidos independentistas de formar Gobierno en Cataluña, el tercero fallido desde las elecciones regionales del 21 de diciembre. Miles de personas salieron por la noche a las calles de Barcelona y otras ciudades catalanas para exigir la libertad de los presos.
La intensa jornada judicial comenzó a primera hora cuando el Supremo anunció el procesamiento de 25 investigados, incluido el destituido presidente Carles Puigdemont y sus ex consejeros (ministros regionales). Todos quedan así a un paso de ser juzgados.
Puigdemont y otros 12 soberanistas están procesados por rebelión, un delito castigado con hasta 30 años de cárcel. Al resto se les imputa otros cargos como desobediencia y malversación.
El auto judicial sostiene que los líderes del proceso independentista buscaron que "el Estado de Derecho se rindiera a la determinación violenta de una parte de la población". Detalla también un entramado que desvió fondos, agitó la calle y boicoteó operativos policiales que buscaban hacer cumplir la ley.
Entre los procesados figuran también el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y los ex líderes de dos influyentes entidades civiles independentistas, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Los cuatro llevan meses en prisión preventiva.
El procesamiento motivó el rechazo inmediato del independentismo, que volvió a acusar a la Justicia española de parcial y politizada. "Estamos luchando contra un régimen autoritario que no respeta la decisión del pueblo de Cataluña", criticó Puigdemont en un acto en Helsinki. Las entidades civiles soberanistas llamaron a manifestarse "de forma pacífica y cívica pero con determinación".
En un segundo frente, el juez dictó prisión incondicional para cinco de los seis procesados que había citado hoy para comunicarles si revisaba sus medidas cautelares: Turull, los ex consejeros Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull y la ex presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell. Los primeros cuatro habían pasado ya un mes en prisión hasta quedar en libertad bajo fianza en diciembre.
"Por favor, dedicad todas las energías a defender pacíficamente la democracia y la dignidad de Cataluña", señaló Turull en un mensaje difundido en Twitter. Su abogado anunció que pedirá que se mantenga el pleno de investidura mañana, pero la legislación indica claramente que el candidato a "president" debe estar presente en la votación.
La sexta citada era Marta Rovira, "número dos" del partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Sin embargo, eludió la cita y abandonó España, convirtiéndose así en la séptima soberanista huida. En una carta difundida por su partido, Rovira recordó que tiene una hija. "El exilio me permitirá hacer de madre, y se lo merece. Mucho".
A última hora, el juez del Supremo emitió una orden de detención europea contra Rovira, que según su entorno se encuentra en Suiza, y reactivó las que había dejado en suspenso contra Puigdemont y los cuatro ex consejeros que se marcharon con él a Bruselas tras ser destituidos a fines de octubre, informaron fuentes judiciales a la prensa local.
El futuro de la crisis en Cataluña vuelve a pasar así por la respuesta de la Justicia belga y suiza y por lo que ocurra mañana sábado en el Parlamento en Barcelona ante la imposibilidad de Turull de asistir al segundo pleno en el que intentaría convertirse en presidente regional.
Todo indica que será el tercer intento fallido de los independentistas para formar Gobierno. En enero no lograron investir a Puigdemont, porque el ex presidente sería detenido si vuelve a España, y este mes suspendieron también una sesión para hacer "president" a Jordi Sànchez, debido a que el juez le negó permiso para salir de prisión y asistir al pleno.
El bloque soberanista deberá buscar ahora un nuevo candidato a la investidura, aunque su división interna no garantiza ya que pueda ser elegido. Si no hay acuerdo en dos meses, se convocarán automáticamente nuevas elecciones, previsiblemente para julio.
La última medida tuvo un impacto político inmediato: entre los que ingresaron en prisión se encuentra el candidato a presidente catalán Jordi Turull, que mañana intentaría ser investido por el Parlamento en Barcelona tras fracasar en una primera sesión el jueves.
El envío a prisión de Turull entierra virtualmente el nuevo intento de los partidos independentistas de formar Gobierno en Cataluña, el tercero fallido desde las elecciones regionales del 21 de diciembre. Miles de personas salieron por la noche a las calles de Barcelona y otras ciudades catalanas para exigir la libertad de los presos.
La intensa jornada judicial comenzó a primera hora cuando el Supremo anunció el procesamiento de 25 investigados, incluido el destituido presidente Carles Puigdemont y sus ex consejeros (ministros regionales). Todos quedan así a un paso de ser juzgados.
Puigdemont y otros 12 soberanistas están procesados por rebelión, un delito castigado con hasta 30 años de cárcel. Al resto se les imputa otros cargos como desobediencia y malversación.
El auto judicial sostiene que los líderes del proceso independentista buscaron que "el Estado de Derecho se rindiera a la determinación violenta de una parte de la población". Detalla también un entramado que desvió fondos, agitó la calle y boicoteó operativos policiales que buscaban hacer cumplir la ley.
Entre los procesados figuran también el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y los ex líderes de dos influyentes entidades civiles independentistas, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Los cuatro llevan meses en prisión preventiva.
El procesamiento motivó el rechazo inmediato del independentismo, que volvió a acusar a la Justicia española de parcial y politizada. "Estamos luchando contra un régimen autoritario que no respeta la decisión del pueblo de Cataluña", criticó Puigdemont en un acto en Helsinki. Las entidades civiles soberanistas llamaron a manifestarse "de forma pacífica y cívica pero con determinación".
En un segundo frente, el juez dictó prisión incondicional para cinco de los seis procesados que había citado hoy para comunicarles si revisaba sus medidas cautelares: Turull, los ex consejeros Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull y la ex presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell. Los primeros cuatro habían pasado ya un mes en prisión hasta quedar en libertad bajo fianza en diciembre.
"Por favor, dedicad todas las energías a defender pacíficamente la democracia y la dignidad de Cataluña", señaló Turull en un mensaje difundido en Twitter. Su abogado anunció que pedirá que se mantenga el pleno de investidura mañana, pero la legislación indica claramente que el candidato a "president" debe estar presente en la votación.
La sexta citada era Marta Rovira, "número dos" del partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Sin embargo, eludió la cita y abandonó España, convirtiéndose así en la séptima soberanista huida. En una carta difundida por su partido, Rovira recordó que tiene una hija. "El exilio me permitirá hacer de madre, y se lo merece. Mucho".
A última hora, el juez del Supremo emitió una orden de detención europea contra Rovira, que según su entorno se encuentra en Suiza, y reactivó las que había dejado en suspenso contra Puigdemont y los cuatro ex consejeros que se marcharon con él a Bruselas tras ser destituidos a fines de octubre, informaron fuentes judiciales a la prensa local.
El futuro de la crisis en Cataluña vuelve a pasar así por la respuesta de la Justicia belga y suiza y por lo que ocurra mañana sábado en el Parlamento en Barcelona ante la imposibilidad de Turull de asistir al segundo pleno en el que intentaría convertirse en presidente regional.
Todo indica que será el tercer intento fallido de los independentistas para formar Gobierno. En enero no lograron investir a Puigdemont, porque el ex presidente sería detenido si vuelve a España, y este mes suspendieron también una sesión para hacer "president" a Jordi Sànchez, debido a que el juez le negó permiso para salir de prisión y asistir al pleno.
El bloque soberanista deberá buscar ahora un nuevo candidato a la investidura, aunque su división interna no garantiza ya que pueda ser elegido. Si no hay acuerdo en dos meses, se convocarán automáticamente nuevas elecciones, previsiblemente para julio.
