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Política
Un manifestante durante las protestas
Este sábado, sin embargo, se cumplen dos meses sin las imágenes de las protestas de la oposición contra el gobierno de Nicolás Maduro que diariamente daban la vuelta al mundo. Y eso que la crisis del país sigue viva y marchando como aplanadora.
Las marchas comenzaron hace casi seis meses, el 4 de abril, con unos episodios más violentos que otros, y dejaron 123 muertos hasta el 30 de julio. La chispa del descontento la encendió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con dos sentencias que despojaron de sus atribuciones legales a la Asamblea Nacional, el Congreso de mayoría opositora.
Durante las protestas, que se apagaron justo cuando el país votaba la controvertida Asamblea Constituyente promovida por el presidente venezolano, la oposición ensayó diversas formas de protesta buscando debilitar las bases de apoyo del Gobierno bolivariano. Éste, sin embargo, contó con unas Fuerzas Armadas dispuestas a contener las protestas y evitar que las marchas llegaran al centro de Caracas, una meta que los opositores no llegaron a alcanzar.
Maduro jugó la carta de la Constituyente, pero al no llevar a cabo una consulta para que el pueblo decidiera si se activaba o no ese mecanismo, perdió legitimidad. De hecho, unos 40 países la desconocieron, mientras que Estados Unidos desplegó su arsenal de sanciones contra miembros del Gobierno.
Tras enfriarse la calle, el mandatario se atrincheró en sus posiciones, al sentirse más fuerte con el respaldo de la Constituyente. En su más reciente provocación, anunció que presentará el proyecto de presupuesto de 2018 ante la Constituyente, aunque por ley debería hacerlo en la Asamblea Nacional, el Congreso de mayoría opositora.
Maduro responsabilizó a la oposición del saldo mortal de las protestas y a la fiscal general destituida Luisa Ortega Díaz -que huyó al extranjero- de apoyar la violencia en las manifestaciones.
Además de los muertos, las protestas dejaron huellas que aún permanecen en los escenarios de los choques, los municipios Chacao, Baruta y El Hatillo, todos en el este de la ciudad. Pero no se trata sólo de grafitis con insultos a Maduro y sus ministros del Interior, Néstor Reverol, y de Defensa, general Vladimir Padrino, en los muros.
También hubo consecuencias políticas: Los alcaldes de Chacao, Ramón Muchacho, y de El Hatillo, David Smolaski, fueron destituidos y encausados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que los condenó a 15 meses de cárcel por desconocer la orden de impedir las protestas. Ambos políticos rechazaron entregarse y huyeron del país.
En las últimas semanas grupos de manifestantes intentaron reactivar las protestas, pero la policía de Chacao, intervenida por el Gobierno, y la Guardia Nacional (policía militarizada) actuaron de inmediato para anular los focos de disturbios.
Mientras, la crisis sigue sin salida. Maduro rechazó adelantar las elecciones presidenciales programadas para finales de 2018 y la economía está azotada por la dinámica de decrecimiento con inflación, rumbo a la hiperinflación.
La oposición, entretanto, entró en el escenario proselitista por las elecciones de gobernadores del 15 de octubre, con amenazas del Gobierno de inhabilitar a candidatos identificados con las protestas. La participación de la oposición en las elecciones es rechazada por una parte de sus partidarios que llaman a la abstención, alegando que acudiendo a las urnas se estaría legitimando un Consejo Nacional Electoral (CNE) fraudulento.
La oposición replica que el escenario será peor si el 15 de octubre el oficialismo aparece ganando la mayoría de las 23 gobernaciones.
El jefe del comando de campaña de la oposición, el alcalde de Baruta, Gerardo Blyde, dijo que votar el 15 de octubre será parte de la protesta contra el Gobierno.
"Tendremos un cambio para sustituir a Maduro del Gobierno. Esperamos que sea lo más pronto posible. No podemos permitir que por abstenernos perdamos todas las gobernaciones. No nos sentimos de fiesta electoral, estamos frente a un pueblo que está pasando hambre", señaló.
En la misma línea, el candidato a la gobernación del estado de Miranda, Carlos Ocariz, quien busca tomar el relevo del líder opositor Henrique Capriles, señaló que el oficialismo quiere inhibir el voto. "No le sigamos el juego y salgamos a votar el 15 de octubre", exclamó.
Maduro, por su parte, afirma que la Constituyente devolvió la paz al país y advierte: Los gobernadores que sean elegidos deberán reconocer esa Asamblea o de lo contrario serán removidos.
Mientras, las conversaciones entre el gobierno y la oposición en República Dominicana están estancadas. El miércoles debía tener lugar una segunda ronda, pero la delegación opositora declinó asistir por considerar que no se dan de momento las condiciones para continuar las conversaciones.
Las marchas comenzaron hace casi seis meses, el 4 de abril, con unos episodios más violentos que otros, y dejaron 123 muertos hasta el 30 de julio. La chispa del descontento la encendió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con dos sentencias que despojaron de sus atribuciones legales a la Asamblea Nacional, el Congreso de mayoría opositora.
Durante las protestas, que se apagaron justo cuando el país votaba la controvertida Asamblea Constituyente promovida por el presidente venezolano, la oposición ensayó diversas formas de protesta buscando debilitar las bases de apoyo del Gobierno bolivariano. Éste, sin embargo, contó con unas Fuerzas Armadas dispuestas a contener las protestas y evitar que las marchas llegaran al centro de Caracas, una meta que los opositores no llegaron a alcanzar.
Maduro jugó la carta de la Constituyente, pero al no llevar a cabo una consulta para que el pueblo decidiera si se activaba o no ese mecanismo, perdió legitimidad. De hecho, unos 40 países la desconocieron, mientras que Estados Unidos desplegó su arsenal de sanciones contra miembros del Gobierno.
Tras enfriarse la calle, el mandatario se atrincheró en sus posiciones, al sentirse más fuerte con el respaldo de la Constituyente. En su más reciente provocación, anunció que presentará el proyecto de presupuesto de 2018 ante la Constituyente, aunque por ley debería hacerlo en la Asamblea Nacional, el Congreso de mayoría opositora.
Maduro responsabilizó a la oposición del saldo mortal de las protestas y a la fiscal general destituida Luisa Ortega Díaz -que huyó al extranjero- de apoyar la violencia en las manifestaciones.
Además de los muertos, las protestas dejaron huellas que aún permanecen en los escenarios de los choques, los municipios Chacao, Baruta y El Hatillo, todos en el este de la ciudad. Pero no se trata sólo de grafitis con insultos a Maduro y sus ministros del Interior, Néstor Reverol, y de Defensa, general Vladimir Padrino, en los muros.
También hubo consecuencias políticas: Los alcaldes de Chacao, Ramón Muchacho, y de El Hatillo, David Smolaski, fueron destituidos y encausados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que los condenó a 15 meses de cárcel por desconocer la orden de impedir las protestas. Ambos políticos rechazaron entregarse y huyeron del país.
En las últimas semanas grupos de manifestantes intentaron reactivar las protestas, pero la policía de Chacao, intervenida por el Gobierno, y la Guardia Nacional (policía militarizada) actuaron de inmediato para anular los focos de disturbios.
Mientras, la crisis sigue sin salida. Maduro rechazó adelantar las elecciones presidenciales programadas para finales de 2018 y la economía está azotada por la dinámica de decrecimiento con inflación, rumbo a la hiperinflación.
La oposición, entretanto, entró en el escenario proselitista por las elecciones de gobernadores del 15 de octubre, con amenazas del Gobierno de inhabilitar a candidatos identificados con las protestas. La participación de la oposición en las elecciones es rechazada por una parte de sus partidarios que llaman a la abstención, alegando que acudiendo a las urnas se estaría legitimando un Consejo Nacional Electoral (CNE) fraudulento.
La oposición replica que el escenario será peor si el 15 de octubre el oficialismo aparece ganando la mayoría de las 23 gobernaciones.
El jefe del comando de campaña de la oposición, el alcalde de Baruta, Gerardo Blyde, dijo que votar el 15 de octubre será parte de la protesta contra el Gobierno.
"Tendremos un cambio para sustituir a Maduro del Gobierno. Esperamos que sea lo más pronto posible. No podemos permitir que por abstenernos perdamos todas las gobernaciones. No nos sentimos de fiesta electoral, estamos frente a un pueblo que está pasando hambre", señaló.
En la misma línea, el candidato a la gobernación del estado de Miranda, Carlos Ocariz, quien busca tomar el relevo del líder opositor Henrique Capriles, señaló que el oficialismo quiere inhibir el voto. "No le sigamos el juego y salgamos a votar el 15 de octubre", exclamó.
Maduro, por su parte, afirma que la Constituyente devolvió la paz al país y advierte: Los gobernadores que sean elegidos deberán reconocer esa Asamblea o de lo contrario serán removidos.
Mientras, las conversaciones entre el gobierno y la oposición en República Dominicana están estancadas. El miércoles debía tener lugar una segunda ronda, pero la delegación opositora declinó asistir por considerar que no se dan de momento las condiciones para continuar las conversaciones.
