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Presos republicanos fusilados en Badajoz en agosto de 1936
MADRID, (AFP) - El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, señaló este miércoles que la institución que preside "no apoya ninguna acusación contra Garzón", después de que el martes, el CGPJ decidiera "pedir un informe a la fiscalía sobre la suspensión de funciones a Garzón", primer paso para decidir sobre una eventual suspensión del magistrado.
"Habrá que estudiar la petición y emitir el dictamen que proceda en derecho", añadió Conde-Pumpido, asegurando que "es conocida la postura del Ministerio Fiscal en el sentido de que no fórmula acusación contra Garzón en estos asuntos".
El CGPJ estudia la posibilidad de suspender a Garzón debido a la investigación que sobre él lleva adelante el Tribunal Supremo por sus pesquisas sobre los desaparecidos de la Guerra Civil (1936-1939) y el franquismo (1939-1975) y por el dinero que cobró por dar unas conferencias en la Universidad de Nueva York.
La semana pasada, un juez del Tribunal Supremo indicó que existen "indicios de presunto delito de prevaricación (dictar una resolución injusta, a sabiendas de que lo es, ndlr) por parte de Garzón por investigar las desapariciones a sabiendas de que no era competente", según las fuentes.
Garzón decidió en octubre de 2008 investigar la suerte de más de 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil, alegando que el delito de "detención ilegal, sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la humanidad", es "permanente".
Un mes después renunció a ella y trasladó la causa a los juzgados territoriales en los que se encuentran varias fosas comunes que había autorizado a abrir.
El sindicato Manos Limpias, calificado de ultraderechista por los medios españoles, se querelló contra Garzón alegando que no era competente para efectuar esa investigación, a lo que se suma otra denuncia reciente de la formación ultraderechista Falange Española de la JONS.
El juez es objeto también de una denuncia, admitida en enero, de dos abogados por los 200.000 euros percibidos por unos cursos patrocinados por el banco Santander impartidos en la universidad de Nueva York en 2005 y 2006.
"Habrá que estudiar la petición y emitir el dictamen que proceda en derecho", añadió Conde-Pumpido, asegurando que "es conocida la postura del Ministerio Fiscal en el sentido de que no fórmula acusación contra Garzón en estos asuntos".
El CGPJ estudia la posibilidad de suspender a Garzón debido a la investigación que sobre él lleva adelante el Tribunal Supremo por sus pesquisas sobre los desaparecidos de la Guerra Civil (1936-1939) y el franquismo (1939-1975) y por el dinero que cobró por dar unas conferencias en la Universidad de Nueva York.
La semana pasada, un juez del Tribunal Supremo indicó que existen "indicios de presunto delito de prevaricación (dictar una resolución injusta, a sabiendas de que lo es, ndlr) por parte de Garzón por investigar las desapariciones a sabiendas de que no era competente", según las fuentes.
Garzón decidió en octubre de 2008 investigar la suerte de más de 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil, alegando que el delito de "detención ilegal, sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la humanidad", es "permanente".
Un mes después renunció a ella y trasladó la causa a los juzgados territoriales en los que se encuentran varias fosas comunes que había autorizado a abrir.
El sindicato Manos Limpias, calificado de ultraderechista por los medios españoles, se querelló contra Garzón alegando que no era competente para efectuar esa investigación, a lo que se suma otra denuncia reciente de la formación ultraderechista Falange Española de la JONS.
El juez es objeto también de una denuncia, admitida en enero, de dos abogados por los 200.000 euros percibidos por unos cursos patrocinados por el banco Santander impartidos en la universidad de Nueva York en 2005 y 2006.
