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Los restos del dictador reposan, junto a los del líder fascista José Antonio Primo de Rivera, en una basílica excavada en la roca y presidida por una inmensa cruz de piedra de 100 metros en el Valle de los Caídos, a unos 50 km al noroeste de la capital.
Este mausoleo es visto como un símbolo de un régimen represivo por las víctimas del franquismo, que piden que se convierta en un memorial, así como que se retire el cuerpo de Franco, de cuya muerte el 20 de noviembre de 1975 se cumple este miércoles 38 años.
"El personaje máximo exponente de un régimen totalitario contrario a la libertad y a la dignidad de toda la ciudadanía, el enemigo de la democracia, no puede presidir un conjunto monumental que debe servir para homenajear la memoria de todas las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura posterior", según el diputado socialista, Odón Elorza.
Elorza presentó una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para convertir el Valle de los Caídos en un memorial y sacar los restos de Franco.
"Desde el punto de vista legal no hay posibilidad" de que se pueda llevar a cabo la retirada de los restos de Franco, afirmó el vicepresidente de la Fundación Francisco Franco, asegurando que "yo, desde luego, y la Fundación haremos todo lo posible para impedirlo".
El mausoleo contiene también osarios con los restos de miles de muertos durante la Guerra Civil, tanto franquistas como republicanos, muchos de estos últimos trasladados sin autorización de sus familiares, como fue el caso del padre de Fausto Canales.
Fusilado por falangistas en agosto de 1936, apenas iniciada la Guerra Civil, posteriormente "sin nuestro conocimiento, sin saber exactamente donde estaban (los restos), se los llevó una comitiva al Valle de los Caídos una semana antes de inaugurarse" en 1958 tras 18 años de obras llevadas a cabo por 15.000 trabajadores forzados, relata Canales, de 79 años.
La exhumación del cuerpo de Franco y dejar el lugar como homenaje a las víctimas de la Guerra Civil había sido ya propuesto en 2011 por una comisión encargada por el entonces gobierno socialista de analizar este asunto, pero se ha quedado en simple recomendación, especialmente tras la llegada al poder del actual gobierno conservador y la crisis económica.
"¿De verdad cree usted que los españoles entenderían que en estos momentos destinásemos 13 millones de euros a algo que la propia comisión nos dice que lo hagamos cuando haya recursos?", respondió el martes el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón durante una sesión de control al gobierno.
"Es una cuestión de voluntad política, no económica", afirma Edurne Rubio, de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, asegurando que "hay muchísimas actuaciones que se pueden poner en marcha con un impacto presupuestario mínimo, como por ejemplo, la nulidad de los juicios franquistas".
El problema de la nulidad de los juicios franquistas se une a la investigación de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura, que la justicia española sigue evitando alegando una ley de amnistía de 1977, pese a las recomendaciones del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas.
Mientras un grupo de víctimas han logrado que la justicia argentina investigue los crímenes del franquismo, la ONU instó a España a derogar su ley de Amnistía, que "no puede servir como una barrera a la investigación de graves violaciones a los derechos humanos".
