Mursi destituyó a Mahmud en noviembre en virtud de una "declaración constitucional" que le otorgaba poderes excepcionales y lo sustituyó por Talat Abdalá. Esta decisión suscitó gran malestar entre los magistrados, que denunciaron una injerencia del poder ejecutivo en los asuntos judiciales.
Al final el presidente dio marcha atrás en el decreto que le atribuía poderes excepcionales pero mantuvo al nuevo fiscal general.
El veredicto del tribunal de apelaciones provocará probablemente un nuevo conflicto entre la presidencia y el poder judicial.
"Nos encontramos ante un obstáculo. La sentencia debe aplicarse [pero las decisiones de] la declaración constitucional [de Mursi] están protegidas" por la Constitución adoptada en diciembre, explicó a la AFP el abogado Jaled Abu Bakr.
"Esta decisión hace que ahora tengamos dos fiscales generales. La solución sería que un tribunal superior como la Corte Constitucional zanje", concluyó.
Abdel Meguid Mahmud fue nombrado en tiempos del presidente derrocado Hosni Mubarak. Los activistas de la primavera árabe de 2011 lo acusaban de parcialidad y de habérselas arreglado para que la fiscalía presentase pruebas insuficientes en los juicios a los antiguos responsables del régimen.
Al final el presidente dio marcha atrás en el decreto que le atribuía poderes excepcionales pero mantuvo al nuevo fiscal general.
El veredicto del tribunal de apelaciones provocará probablemente un nuevo conflicto entre la presidencia y el poder judicial.
"Nos encontramos ante un obstáculo. La sentencia debe aplicarse [pero las decisiones de] la declaración constitucional [de Mursi] están protegidas" por la Constitución adoptada en diciembre, explicó a la AFP el abogado Jaled Abu Bakr.
"Esta decisión hace que ahora tengamos dos fiscales generales. La solución sería que un tribunal superior como la Corte Constitucional zanje", concluyó.
Abdel Meguid Mahmud fue nombrado en tiempos del presidente derrocado Hosni Mubarak. Los activistas de la primavera árabe de 2011 lo acusaban de parcialidad y de habérselas arreglado para que la fiscalía presentase pruebas insuficientes en los juicios a los antiguos responsables del régimen.