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El Valle de los caídos
Un juzgado de la localidad de San Lorenzo de El Escorial, donde se alza ese monumento a los muertos en la Guerra Civil, ordenó "la entrega de los restos cadavéricos de los hermanos Lapeña Altabás a su familiar Dña. María Purificación Lapeña Garrido tras la identificación positiva de los mismos, con el fin de darles digna sepultura", según un auto hecho público este lunes.
Purificación Lapeña, de 58 años, había pedido en septiembre de 2015 ante ese juzgado la exhumación de los cuerpos de su abuelo y su tío-abuelo, Manuel y Antonio-Ramiro Lapeña Altabás.
Estos militantes anarquistas habían sido fusilados y enterrados en una fosa común en la región de Aragón en 1936, el mismo año del inicio de la Guerra Civil (1936-1939), y después, sus restos trasladados en 1959 al Valle de los Caídos, sin consentimiento de la familia.
El Valle de los Caídos, construido entre 1940 y 1958 por el régimen franquista, acoge los cuerpos de miles de víctimas de la Guerra Civil, franquistas y republicanos, así como el de Franco.
Varias decenas de miles de desaparecidos, muertos durante el conflicto o los años represión que siguieron a la victoria de Franco, siguen enterrados en fosas comunes.
Una "ley de Memoria Histórica" aprobada en 2007 con un gobierno socialista permite a los poderes públicos ayudar a las familias de desaparecidos a exhumar, identificar y recuperar los cuerpos de las víctimas.
Sin embargo, el gobierno conservador de Mariano Rajoy, en el poder desde 2011, no la aplica.
Es la primera vez que la justicia autoriza la exhumación de dos cuerpos en ese mausoleo, declaró a la AFP, Miguel Angel Capape, marido de la denunciante y miembro de la Asociación para la Memoria Histórica Arico.
"Han sido varios años de trabajo, de un juzgado a otro, de recursos y de tropezarnos con la puerta en las narices, y al final una puerta se nos abre y podemos ver el final del trayecto", dijo, confiando en poder devolver al padre de la demandante, de 92 años, "los restos de su padre y de su tío".
Purificación Lapeña, de 58 años, había pedido en septiembre de 2015 ante ese juzgado la exhumación de los cuerpos de su abuelo y su tío-abuelo, Manuel y Antonio-Ramiro Lapeña Altabás.
Estos militantes anarquistas habían sido fusilados y enterrados en una fosa común en la región de Aragón en 1936, el mismo año del inicio de la Guerra Civil (1936-1939), y después, sus restos trasladados en 1959 al Valle de los Caídos, sin consentimiento de la familia.
El Valle de los Caídos, construido entre 1940 y 1958 por el régimen franquista, acoge los cuerpos de miles de víctimas de la Guerra Civil, franquistas y republicanos, así como el de Franco.
Varias decenas de miles de desaparecidos, muertos durante el conflicto o los años represión que siguieron a la victoria de Franco, siguen enterrados en fosas comunes.
Una "ley de Memoria Histórica" aprobada en 2007 con un gobierno socialista permite a los poderes públicos ayudar a las familias de desaparecidos a exhumar, identificar y recuperar los cuerpos de las víctimas.
Sin embargo, el gobierno conservador de Mariano Rajoy, en el poder desde 2011, no la aplica.
Es la primera vez que la justicia autoriza la exhumación de dos cuerpos en ese mausoleo, declaró a la AFP, Miguel Angel Capape, marido de la denunciante y miembro de la Asociación para la Memoria Histórica Arico.
"Han sido varios años de trabajo, de un juzgado a otro, de recursos y de tropezarnos con la puerta en las narices, y al final una puerta se nos abre y podemos ver el final del trayecto", dijo, confiando en poder devolver al padre de la demandante, de 92 años, "los restos de su padre y de su tío".
