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Política
Tierras devueltas por las FARC al estado.
La denuncia fue hecha por Francisco González, quien durante su vida como guerrillero usó el alias de "Pacho Chino" y ahora está a cargo del proceso de desmovilización del grupo en el suroeste del país.
González dijo a la cadena de radio Caracol que las ayudas económicas prometidas por el Gobierno no han llegado, por lo que al menos 200 ex guerrilleros han tenido que abandonar las zonas de concentración de esa región para ir a vivir con sus familias.
"Los cumplimientos han sido bastante débiles, no hay preocupación por cumplir a los (ex) combatientes", dijo González.
El portavoz de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) dijo que los ex guerrilleros que han salido de los campamentos no son desertores porque no han vuelto a tomar las armas, sino que se han visto forzados a pedir ayuda a sus familiares.
González afirmó que el incumplimiento del Gobierno se refleja en las obras inconclusas en los 26 campamentos en los cuales se concentraron desde febrero los poco más de 6.800 miembros de las FARC, que debían estar listos desde diciembre de 2016.
"Algunos ni siquiera fueron construidos", dijo González, tras indicar que en otros campamentos subsisten problemas de agua potable, energía y salud.
Asimismo, González señaló que muchos ex guerrilleros no han recibido la ayuda económica contemplada en el acuerdo de paz porque han afrontado problemas para abrir cuentas bancarias.
Numerosos integrantes de las FARC no tenían documentos de identificación hasta hace poco y otros han afrontado problemas judiciales porque las órdenes de captura en su contra aún no han sido borradas de los archivos judiciales.
"Muchos tienen problemas jurídicos y no se les reconoce, por el contrario, son detenidos y no se les cumple", afirmó.
Las FARC, a su vez, son señaladas por organismos estatales de incumplir el acuerdo al incluir en la lista de miembros a por lo menos 25 presuntos narcotraficantes que nunca han sido guerrilleros y que estarían tratando de eludir a la justicia de esa forma.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, dijo hoy que la inclusión de esas personas en la lista no solo puede configurar un "incumplimiento", sino que tipificaría el delito de fraude procesal.
"En caso de que hayan entrado (al proceso de paz personas que no son de las FARC), la Fiscalía debe valorar la posible comisión de conductas punibles", advirtió Martínez.
El Gobierno y las FARC suscribieron el acuerdo de paz en noviembre de 2016, tras cuatro años de negociaciones en La Habana que permitieron poner fin a una confrontación que empezó en 1964.
Tras la firma del acuerdo, los miembros de las FARC se concentraron en campamentos y entregaron las armas a la Organización de Naciones Unidas (ONU), que las está destruyendo para que sirvan de materia prima para la elaboración de tres monumentos a la paz.
El grupo ex guerrillero acaba de fundar el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) a través del cual participará en la política del país.
González dijo a la cadena de radio Caracol que las ayudas económicas prometidas por el Gobierno no han llegado, por lo que al menos 200 ex guerrilleros han tenido que abandonar las zonas de concentración de esa región para ir a vivir con sus familias.
"Los cumplimientos han sido bastante débiles, no hay preocupación por cumplir a los (ex) combatientes", dijo González.
El portavoz de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) dijo que los ex guerrilleros que han salido de los campamentos no son desertores porque no han vuelto a tomar las armas, sino que se han visto forzados a pedir ayuda a sus familiares.
González afirmó que el incumplimiento del Gobierno se refleja en las obras inconclusas en los 26 campamentos en los cuales se concentraron desde febrero los poco más de 6.800 miembros de las FARC, que debían estar listos desde diciembre de 2016.
"Algunos ni siquiera fueron construidos", dijo González, tras indicar que en otros campamentos subsisten problemas de agua potable, energía y salud.
Asimismo, González señaló que muchos ex guerrilleros no han recibido la ayuda económica contemplada en el acuerdo de paz porque han afrontado problemas para abrir cuentas bancarias.
Numerosos integrantes de las FARC no tenían documentos de identificación hasta hace poco y otros han afrontado problemas judiciales porque las órdenes de captura en su contra aún no han sido borradas de los archivos judiciales.
"Muchos tienen problemas jurídicos y no se les reconoce, por el contrario, son detenidos y no se les cumple", afirmó.
Las FARC, a su vez, son señaladas por organismos estatales de incumplir el acuerdo al incluir en la lista de miembros a por lo menos 25 presuntos narcotraficantes que nunca han sido guerrilleros y que estarían tratando de eludir a la justicia de esa forma.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, dijo hoy que la inclusión de esas personas en la lista no solo puede configurar un "incumplimiento", sino que tipificaría el delito de fraude procesal.
"En caso de que hayan entrado (al proceso de paz personas que no son de las FARC), la Fiscalía debe valorar la posible comisión de conductas punibles", advirtió Martínez.
El Gobierno y las FARC suscribieron el acuerdo de paz en noviembre de 2016, tras cuatro años de negociaciones en La Habana que permitieron poner fin a una confrontación que empezó en 1964.
Tras la firma del acuerdo, los miembros de las FARC se concentraron en campamentos y entregaron las armas a la Organización de Naciones Unidas (ONU), que las está destruyendo para que sirvan de materia prima para la elaboración de tres monumentos a la paz.
El grupo ex guerrillero acaba de fundar el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) a través del cual participará en la política del país.
