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Este viernes, la Audiencia Nacional, la máxima instancia judicial en España, decretó la puesta en libertad de Juan Manuel Piriz López, el segundo etarra que se beneficia en el país del fallo emitido el lunes por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) sobre el caso de Inés del Río.
Por la tarde, el exconvicto, condenado a 61 años de prisión por asesinar a un exetarra arrepentido y disparar a dos policías, abandonaba la cárcel de Botafuegos de Algeciras, acompañado por algunas familiares con la bandera vasca y un cartel pidiendo una amnistía.
Según la Audiencia, a Píriz López también "le afecta la sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos", informó una fuente jurídica.
Condenada en 1989 a 3.828 años de cárcel por 24 asesinatos, Del Río fue liberada el martes después de que Estrasburgo anulara el alargamiento de penas de la doctrina Parot, aplicada con carácter retroactivo desde 2006 en España.
Según esta doctrina, las reducciones de condena se deben descontar del total de la pena a la que ha sido condenado un preso y no de los 30 años de cumplimiento máximo efectivo previstos por la ley.
Por ello, Del Río tenía que salir de la cárcel en 2017 en vez de 2008, como estaba previsto inicialmente. Su victoria judicial abre ahora las puertas a la liberación de decenas de etarras en situación similar.
Hasta el momento, la Audiencia Nacional ha recibido 51 recursos de exmiembros de la organización vasca, que deberán irse resolviendo a partir del 8 de noviembre.
La sentencia y las primeras excarcelaciones de etarras han indignado a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, principal representante del colectivo, que pidió el lunes al gobierno no aplicar la sentencia y ha organizado una manifestación para el domingo en el centro de Madrid.
Bajo el lema "Justicia para un final con vencedores y vencidos", AVT denuncia en la convocatoria que "las puertas de las cárceles se abran para asesinos con decenas de vidas rotas a sus espaldas, consintiendo que paseen libremente por las calles sin haber cumplido su deuda con la Justicia".
A la concentración está prevista la asistencia de destacados miembros del Partido Popular, los conservadores en el poder, que se ha sumado a la protesta contra la sentencia del tribunal europeo.
"Esa sentencia no me gusta nada. Me parece una sentencia injusta y equivocada", afirmó el líder del partido y jefe de gobierno español Mariano Rajoy el jueves desde Bruselas.
Presionado por el importante lobby conservador de las víctimas, el gobierno ha endurecido el discurso desde inicios de semana, cuando se limitó a lamentar la decisión.
"El gobierno tiene que estar en su sitio apoyando a las víctimas. Pero no vamos a estar como gobierno, sí como partido, en la manifestación", añadió.
Además, el Ejecutivo aprobó este viernes un anteproyecto de ley para crear un Estatuto de la Víctima que les permitiría, entre otras medidas, recurrir los decretos judiciales que otorguen la libertad condicional a sus agresores, explicó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
Desde su llegada al poder en 2011, el gobierno de Mariano Rajoy ha mostrado una posición inflexible hacia ETA, responsable de la muerte de 829 personas durante cuarenta años de atentados por la independencia del País Vasco y Navarra.
Considerada organización terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos, el grupo renunció a la violencia el 20 de octubre de 2011.
Desde entonces, la situación se ha estancado con el gobierno pidiendo su disolución incondicional y el abandono de las armas mientras ETA aguarda una negociación sobre la situación de los 600 presos recluidos en España y Francia.
