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El nuevo texto contempla un proceso mixto administrativo-judicial: primero una Comisión de Propiedad Intelectual (un órgano administrativo dependiente del Ministerio de Cultura, integrado por expertos independientes) dictamina si una página que aloja o enlaza contenidos protegidos infringe la ley y luego un juez de la Audiencia Nacional tiene un plazo de cuatro días para decidir si dicta el cierre cautelar. El reglamento, recogido en una disposición dentro de la Ley de Economía Sostenible, ha puesto en alerta a la comunidad internauta, que considera la normativa como un recorte de las libertades civiles.
Ya han manifestado sus reticencias la Asociación de Internautas, y también el empresario Julio Alonso y el bloguero Enrique Dans, dos de los miembros del grupo de expertos que se reunieron con la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, el pasado diciembre para debatir la nueva normativa. Dans ha recibido la medida aprobada hoy como "patéticos movimientos y mentiras del gobierno español" para recortar libertades.
Uno de los primeros en responder ha sido el presidente de la Asociación de Internautas, Victor Domingo. "[La disposición] Es un atajo para sortear un asunto ante el que la justicia española está preparada para responder sin la necesidad de una Comisión antipiratería", ha señalado Domingo. Y ha criticado que la nueva regulación sea tan sólo una disposición incluida en una ley genérica como el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. Por ello, pide que se elimine la disposición y que se desarrolle una nueva regulación mediante una ley orgánica propia "en condiciones".
En esa dirección señala la crítica de Julio Alonso. El director y fundador de WeblogsSL advierte de que el nuevo procedimiento se quiere introducir mediante un reglamento y no en la propia ley. De manera que el texto que suscitó la protesta de los internautas en diciembre se aprobaría íntegro, sin modificación alguna, considera Alonso. Su crítica se centra en que, según su opinión, es el texto original el que vulnera los derechos fundamentales y con la modificación reglamentaria se pretende "corregir" esos excesos. "No se pueden introducir medidas que permiten vulneraciones de derechos fundamentales y añadir las garantías en una norma de rango menor", prosigue.
"Mientras no se elimine la disposición adicional, o al menos se introduzcan en ella todas las garantías de tutela judicial, el resto es papel mojado, palabras que se lleva el viento", escribe Alonso en su blog, Merodeando. Y añade: "Si la ley es inconstitucional, sigue siendo inconstitucional independientemente de lo que diga el reglamento".
Golpe "demoledor" contra la piratería
El director de la Coalición de Creadores, Joan Navarro, se ha felicitado del proyecto de Ley aprobado hoy. "Se trata de un paso muy positivo que confirma el compromiso del Gobierno de acabar con la piratería digital y, además, lo va a hacer sin perseguir a los usuarios, como ocurre en países como Francia o Reino Unido", ha señalado Navarro en declaraciones a EFE. Se refería así a las medidas antipiratería aprobadas, que incluyen la decisión de que sea un juez de la Audiencia Nacional quien establezca el cierre o bloqueo de las páginas web que infrinjan la legalidad, algo que "nosotros exigíamos, pero además -ha dicho Navarro- parece que lo va a hacer de una forma rápida y eficiente".
"Hoy crear una página web cuesta un día y cerrarla, cuatro años, y esta medida lo que pretende es acabar con este grado de impunidad", ha explicado Navarro. "Entendemos que no se va a hacer ninguna limitación a la libertad en internet, pero sí se va a incrementar su seguridad, y este incremento va a permitir que se desarrollen nuevos servicios de la sociedad de la información que ofrecerán más contenidos, de más calidad y mejor precio, y permitirán la creación de entre 15 y 20.000 puestos de trabajo".
Según la Coalición de Creadores, este procedimiento "conseguirá que más del 80% de las denuncias acaben con el desistimiento de la web denunciada y no hará falta la orden de cierre, y sólo en el 20% de los casos tendrá que intervenir el juez, es decir, el efecto sobre la piratería va a ser demoledor", ha dicho Navarro. "Estamos contentos porque esto era muy difícil de conseguir y seguramente vamos a pasar de cuatro años a cuatro meses", ha resumido.
Una Comisión "innecesaria"
Entre los internautas, el proyecto de ley ha generado rechazo. "No hace falta que una Comisión fiscalice las comunicaciones electrónicas de los usuarios y que diga qué es lo que es legal y qué no, porque hay que tener en cuenta que el intercambio de archivos o los enlaces con sitios que faciliten intercambio de archivos no son un delito en España", ha manifestado Domingo a Efe. "Esta ley ya da por supuesto que esto es un delito cuando establece una comisión para investigarlo", añade el representante de la asociación, para quien "el fondo de todo esto es que el Gobierno califica de delito algo que no lo es".
"Hasta ahora, la Justicia no ha dicho nunca que esto sea un delito y todos los casos se han sobreseído; el generar una solución a una necesidad que no tiene la Justicia tiene el trasfondo de que debe de ir en el marco de una Ley Orgánica porque hablamos de derechos fundamentales: lo demás es darle vueltas al molino", ha concluido.
Ya han manifestado sus reticencias la Asociación de Internautas, y también el empresario Julio Alonso y el bloguero Enrique Dans, dos de los miembros del grupo de expertos que se reunieron con la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, el pasado diciembre para debatir la nueva normativa. Dans ha recibido la medida aprobada hoy como "patéticos movimientos y mentiras del gobierno español" para recortar libertades.
Uno de los primeros en responder ha sido el presidente de la Asociación de Internautas, Victor Domingo. "[La disposición] Es un atajo para sortear un asunto ante el que la justicia española está preparada para responder sin la necesidad de una Comisión antipiratería", ha señalado Domingo. Y ha criticado que la nueva regulación sea tan sólo una disposición incluida en una ley genérica como el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. Por ello, pide que se elimine la disposición y que se desarrolle una nueva regulación mediante una ley orgánica propia "en condiciones".
En esa dirección señala la crítica de Julio Alonso. El director y fundador de WeblogsSL advierte de que el nuevo procedimiento se quiere introducir mediante un reglamento y no en la propia ley. De manera que el texto que suscitó la protesta de los internautas en diciembre se aprobaría íntegro, sin modificación alguna, considera Alonso. Su crítica se centra en que, según su opinión, es el texto original el que vulnera los derechos fundamentales y con la modificación reglamentaria se pretende "corregir" esos excesos. "No se pueden introducir medidas que permiten vulneraciones de derechos fundamentales y añadir las garantías en una norma de rango menor", prosigue.
"Mientras no se elimine la disposición adicional, o al menos se introduzcan en ella todas las garantías de tutela judicial, el resto es papel mojado, palabras que se lleva el viento", escribe Alonso en su blog, Merodeando. Y añade: "Si la ley es inconstitucional, sigue siendo inconstitucional independientemente de lo que diga el reglamento".
Golpe "demoledor" contra la piratería
El director de la Coalición de Creadores, Joan Navarro, se ha felicitado del proyecto de Ley aprobado hoy. "Se trata de un paso muy positivo que confirma el compromiso del Gobierno de acabar con la piratería digital y, además, lo va a hacer sin perseguir a los usuarios, como ocurre en países como Francia o Reino Unido", ha señalado Navarro en declaraciones a EFE. Se refería así a las medidas antipiratería aprobadas, que incluyen la decisión de que sea un juez de la Audiencia Nacional quien establezca el cierre o bloqueo de las páginas web que infrinjan la legalidad, algo que "nosotros exigíamos, pero además -ha dicho Navarro- parece que lo va a hacer de una forma rápida y eficiente".
"Hoy crear una página web cuesta un día y cerrarla, cuatro años, y esta medida lo que pretende es acabar con este grado de impunidad", ha explicado Navarro. "Entendemos que no se va a hacer ninguna limitación a la libertad en internet, pero sí se va a incrementar su seguridad, y este incremento va a permitir que se desarrollen nuevos servicios de la sociedad de la información que ofrecerán más contenidos, de más calidad y mejor precio, y permitirán la creación de entre 15 y 20.000 puestos de trabajo".
Según la Coalición de Creadores, este procedimiento "conseguirá que más del 80% de las denuncias acaben con el desistimiento de la web denunciada y no hará falta la orden de cierre, y sólo en el 20% de los casos tendrá que intervenir el juez, es decir, el efecto sobre la piratería va a ser demoledor", ha dicho Navarro. "Estamos contentos porque esto era muy difícil de conseguir y seguramente vamos a pasar de cuatro años a cuatro meses", ha resumido.
Una Comisión "innecesaria"
Entre los internautas, el proyecto de ley ha generado rechazo. "No hace falta que una Comisión fiscalice las comunicaciones electrónicas de los usuarios y que diga qué es lo que es legal y qué no, porque hay que tener en cuenta que el intercambio de archivos o los enlaces con sitios que faciliten intercambio de archivos no son un delito en España", ha manifestado Domingo a Efe. "Esta ley ya da por supuesto que esto es un delito cuando establece una comisión para investigarlo", añade el representante de la asociación, para quien "el fondo de todo esto es que el Gobierno califica de delito algo que no lo es".
"Hasta ahora, la Justicia no ha dicho nunca que esto sea un delito y todos los casos se han sobreseído; el generar una solución a una necesidad que no tiene la Justicia tiene el trasfondo de que debe de ir en el marco de una Ley Orgánica porque hablamos de derechos fundamentales: lo demás es darle vueltas al molino", ha concluido.
