Los últimos archivos de Katyn y el trauma de las naciones

Como ocurre con frecuencia en la práctica parlamentaria, cuando se tratan estos delicados temas, las emociones negativas suelen restallar en el fragor de las discusiones, culminando en declaraciones inconvenientes que caen de inmediato en el punto de mira de la prensa polaca.

Y todo lo positivo pasa a un segundo plano o, sencillamente, se ignora. En este sentido, no estaría de más recordar que el reconocimiento oficial de la existencia de protocolos secretos al Pacto Molotov-Ribbentrop y que resultó fundamental para que, en 1990 se levantara el veto en torno al tema de Katyn, fue un logro del Congreso de los Diputados del Pueblo, nuestro parlamento de entonces.

Por otra parte, muy a menudo las resoluciones parlamentarias pueden tener un carácter contraproducente y muy peligroso. El pasado 17 de septiembre, el Sejm (parlamento polaco) aprobó una resolución sobre los sucesos de 1939-41 en la que acusaba a la URSS de genocidio. Muchos de mis colegas en la Duma, indignados, exigieron una respuesta dura e inmediata. Se propuso redactar un comunicado equivalente. No fue nada fácil apaciguar los ánimos y hacer comprender a sus señorías que había que romper el círculo vicioso de acusaciones mutuas y de declaraciones irreflexivas hechas en la agitación de las emociones.

Finalmente, nos limitamos a enviar una carta al presidente del comité de asuntos internacionales del Parlamento polaco en la que le expusimos nuestros puntos de vista.

En esta carta no había ningún rastro de justificación por las vidas de aquellos oficiales e intelectuales polacos, segadas en el bosque de Katyn. Eso ya había sido reconocido, pero queríamos hacer hincapié en un detalle que, a nuestro parecer, era importante: según todas las pruebas documentales, Stalin en ningún momento había considerado a estas personas como oficiales, ni como intelectuales. Para él ni siquiera eran ya polacos. Su mente los había asimilado automáticamente a la condición de ciudadanos de la Unión Soviética. Cuando fueron hechos prisioneros, formalmente y, según la propia expresión del propio líder soviético, Polonia "había dejado de existir". Los presos se encontraban en un territorio que Stalin ya consideraba la URSS.

Y si esos hombres eran ciudadanos soviéticos, siguiendo la cruel lógica de aquel periodo, se podía disponer de ellos sin dar más explicaciones. Así razonaba el padre de la patria, que hizo pasar a su pueblo por sufrimientos como mínimo igual al de Katyn. Nos parece que, aunque sólo sea por este motivo, endosar toda la responsabilidad de esa tragedia al pueblo ruso de hoy sería cuanto menos injusto.

Es evidente que las declaraciones populistas apoyadas en palabras de fuerte contenido emocional como genocidio, y repetidas hasta la saciedad, rentan muy buenos dividendos en el terreno de la  política. Pero también es bien sabido que la constante explotación de la imagen de victima termina por ser contraproducente, tanto en la educación de un niño, en cualquier campaña política, como en la memoria histórica de un pueblo. Rusia se ha topado con casos de este tipo en el pasado, cuando dos naciones decidieron archivar las ofensas del pasado al comprobar el nulo provecho de recordarlas en el presente y el posible daño psicológico que acarrearía mantenerlas en el futuro. Fue el caso de las fricciones diplomáticas derivadas de los lamentables acontecimientos de 1956 en Hungría y los de 1968 en Checoslovaquia; diferencias que ya han sido superadas. Afortunadamente, Praga y Budapest optaron por dejarlas para los libros de historia.

Está largamente demostrado que sólo la verdad es capaz de curar todas las heridas y de unir a los pueblos. Esa es la labor a la que se han entregado el primer ministro polaco Donald Tusk y el primer ministro ruso Vladimir Putin. Dos personalidades de perfil parecido, ideales para resolver los problemas pendientes entre nuestros países. En este marco, las promesas de abrir los respectivos archivos de la II Guerra Mundial, dadas durante el 70º aniversario del comienzo de la misma el pasado septiembre de 2009, son un paso importante en la dirección acertada.

A pesar de la publicación de multitud de documentos, relacionados con el asunto de Katyn, continúa la polémica sobre cuál fue la motivación de Stalin cuando tomó la decisión de fusilar a los presos en febrero-marzo de 1940. No hay unanimidad sobre la causa que le impulsó a elevar con carácter de urgencia este asunto al Politburó y, después de cumplir con el formalismo de recibir el garantizado beneplácito de sus miembros, llevar el asunto hasta el final, a pesar de que los planes iniciales suponían trasladarlos a campos de concentración del interior de Rusia e incluso poner en libertad a algunos.

Es posible que la publicación de los últimos documentos en poder de la Fiscalía Militar Central arroje un poco de luz sobre este misterio, pero, en mi opinión, es bastante improbable, ya que no se trata de los papeles del Politburó y de otros estamentos gubernamentales, de los famosos materiales de la carpeta especial del Politburó sobre el asunto de Katyn que fueron publicados ya en 1992. En los documentos restantes, posiblemente, se hará mención de fusilamientos concretos, con datos de testigos e informadores reclutados entre los mismos presos polacos, por orden del tristemente famoso Comisario del Pueblo (ministro) del Interior, Lavrenti Beria. Habría que preguntarse si merece la pena desempolvar todo esto, destruir reputaciones y familias en el seno de la propia Polonia. Despertar nuevos odios.

Sobre todo esto hay que reflexionar muy bien antes de decidirse a desclasificar estos últimos documentos. La solución ideal sería enviar todos los materiales sin excepción a los investigadores polacos para que se cercioren de que no hay ninguna horrible verdad oculta en sus páginas.

Al mismo tiempo, se les exigiría la promesa de respetar la intimidad de las personas, cuyos nombres pudieran figurar en las mismas. Ha pasado demasiado tiempo y no tiene sentido despertar a los muertos para atormentar a los vivos.

Pero, siendo realista, no creo que esta solución sea posible. Los investigadores, historiadores en este caso, no siempre son personas disciplinadas y con una estricta ética profesional  Además, sería difícil determinar, incluso desde el punto de vista jurídico, quién es un ejemplo de ética y honradez y quién no, antes de poner en su mano esta delicada información.

En resumidas cuentas, las consecuencias que puede tener la utilización de estos archivos con taimados fines políticos las tenemos a la vista, hoy, en Polonia. 

Konstantin Kosachov, presidente del comité de asuntos internacionales de la Duma de Estado.