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Política
Manifestantes partidarios de Lula
La máxima corte brasileña, el Supremo Tribunal Federal (STF), denegó en la madrugada de hoy un recurso especial de "habeas corpus" que era considerado como la mejor opción de Lula para evitar ir a prisión por una condena a 12 años por corrupción.
La votación de los 11 jueces se cerró con un ajustado voto de 6-5 tras casi 11 horas de deliberaciones. La corte trataba sólo el recurso específico de Lula - el "habeas corpus" es un recurso individual presentado por una persona para evitar su detención -, pero giró también en torno a la efectividad de la Justicia y la práctica habitual de permitir a muchos acusados permanecer libres hasta el final definitivo de sus procesos.
"Después de la segunda instancia, la ejecución de la pena se convierte en una necesidad de orden público, para preservar la credibilidad de la Justicia", reclamó Luís Roberto Barroso, uno de los jueces que votó por rechazar el recurso.
Los fiscales del caso "Lava Jato" ("Lavado de autos") convirtieron el fallo incluso en un parteaguas para la enorme investigación sobre corrupción política que sacude a Brasil desde hace años.
El 4 de abril "puede entrar en la historia de Brasil como el día en que la propia Justicia siguió el camino del retroceso, de la ineficiencia del sistema penal y de la impunidad", escribió Deltan Dallagnol, uno de los fiscales de "Lava Jato" en Twitter antes del juicio.
Lula fue condenado el año pasado en primer grado y su sentencia fue confirmada en enero en segunda instancia. El ex jefe de Estado, de 72 años, fue declarado culpable de haber aceptado como soborno la reforma de un apartamento de la constructora OAS a cambio de favorecerla en sus negocios con la estatal Petrobras. La petrolera está en el centro de los escándalo de "Lava Jato".
La corte de apelación de segundo grado subió la pena de cárcel de nueve años y medio a 12 años y un mes. La defensa aún puede apelar en dos instancias superiores contra la condena, entre ellas ante el propio Supremo por posibles violaciones de derechos constitucionales del acusado, pero la prisión preventiva ya parece inevitable. En Brasil se estima que la emisión de la orden de arresto es cuestión de días.
Pero incluso en ese caso es posible que Lula no permanezca en prisión, sino que sea puesto temporalmente en libertad y quizá vuelva a entrar por una larga batalla jurídica de meses. El caso podría llegar hasta las elecciones de octubre y extenderse incluso hasta el próximo año.
El drama judicial de Lula seguirá por eso agitando a Brasil, un país convulso desde hace años por los escándalos de "Lava Jato".
El Partido de los Trabajadores (PT) rechazó el fallo del Supremo contra su líder histórico con duros calificativos contra la Justicia. "Nuestra Constitución fue rasgada por quien debería defenderla", escribió el partido. "Lula es inocente y eso será proclamado en un juicio justo".
La postura del mayor partido de izquierdas de América Latina refleja la idea de millones de seguidores de Lula, que creen que el juicio es una "farsa" y una "persecución política". A ello se contrapone, sin embargo, otro gran número de brasileños que quieren ver a políticos como Lula presos por las tramas corruptas.
Según las últimas encuestas, Lula genera rechazo en el 40 por ciento de los votantes. A cambio, un 36 por ciento votaría otra vez por él como presidente, un valor que representa más del doble de lo que alcanza el segundo en los sondeos, el radical de derechas Jair Bolsonaro (16 por ciento).
Tras su condena Lula quedó automáticamente inhabilitado para ser candidato por la ley de "Ficha Limpa" ("expediente limpio"), que impide postular a políticos con antecedentes. Una corte electoral debe dar sin embargo el veredicto oficial sólo en agosto, cuando se inscriban las candidaturas.
Al descrédito de la clase política han contribuido en los últimos años también la sensación de impunidad. El Congreso impidió en 2017 que el actual presidente, el conservador Michel Temer, fuera juzgado por acusaciones de corrupción posiblemente más graves que las de Lula, al negarse en dos ocasiones a levantarle la inmunidad.
La democracia brasileña es frágil y, en ese escenario, hay sectores de la población que ven una solución en una intervención militar, en un país gobernado por una dictadura durante más de dos décadas de 1964 a 1985.
La caída del mito de Lula acentúa ahora la tragedia de Brasil. El carismático ex obrero metalúrgico, hace poco todavía un celebrado estadista por el éxito de sus dos Gobiernos progresistas entre 2003 y 2010, está a punto de entrar a prisión por un caso que divide al gigante sudamericano en dos mitades que parecen irreconciliables. Tiempos explosivos en un país que era hace unos años la estrella emergente de América Latina.
La votación de los 11 jueces se cerró con un ajustado voto de 6-5 tras casi 11 horas de deliberaciones. La corte trataba sólo el recurso específico de Lula - el "habeas corpus" es un recurso individual presentado por una persona para evitar su detención -, pero giró también en torno a la efectividad de la Justicia y la práctica habitual de permitir a muchos acusados permanecer libres hasta el final definitivo de sus procesos.
"Después de la segunda instancia, la ejecución de la pena se convierte en una necesidad de orden público, para preservar la credibilidad de la Justicia", reclamó Luís Roberto Barroso, uno de los jueces que votó por rechazar el recurso.
Los fiscales del caso "Lava Jato" ("Lavado de autos") convirtieron el fallo incluso en un parteaguas para la enorme investigación sobre corrupción política que sacude a Brasil desde hace años.
El 4 de abril "puede entrar en la historia de Brasil como el día en que la propia Justicia siguió el camino del retroceso, de la ineficiencia del sistema penal y de la impunidad", escribió Deltan Dallagnol, uno de los fiscales de "Lava Jato" en Twitter antes del juicio.
Lula fue condenado el año pasado en primer grado y su sentencia fue confirmada en enero en segunda instancia. El ex jefe de Estado, de 72 años, fue declarado culpable de haber aceptado como soborno la reforma de un apartamento de la constructora OAS a cambio de favorecerla en sus negocios con la estatal Petrobras. La petrolera está en el centro de los escándalo de "Lava Jato".
La corte de apelación de segundo grado subió la pena de cárcel de nueve años y medio a 12 años y un mes. La defensa aún puede apelar en dos instancias superiores contra la condena, entre ellas ante el propio Supremo por posibles violaciones de derechos constitucionales del acusado, pero la prisión preventiva ya parece inevitable. En Brasil se estima que la emisión de la orden de arresto es cuestión de días.
Pero incluso en ese caso es posible que Lula no permanezca en prisión, sino que sea puesto temporalmente en libertad y quizá vuelva a entrar por una larga batalla jurídica de meses. El caso podría llegar hasta las elecciones de octubre y extenderse incluso hasta el próximo año.
El drama judicial de Lula seguirá por eso agitando a Brasil, un país convulso desde hace años por los escándalos de "Lava Jato".
El Partido de los Trabajadores (PT) rechazó el fallo del Supremo contra su líder histórico con duros calificativos contra la Justicia. "Nuestra Constitución fue rasgada por quien debería defenderla", escribió el partido. "Lula es inocente y eso será proclamado en un juicio justo".
La postura del mayor partido de izquierdas de América Latina refleja la idea de millones de seguidores de Lula, que creen que el juicio es una "farsa" y una "persecución política". A ello se contrapone, sin embargo, otro gran número de brasileños que quieren ver a políticos como Lula presos por las tramas corruptas.
Según las últimas encuestas, Lula genera rechazo en el 40 por ciento de los votantes. A cambio, un 36 por ciento votaría otra vez por él como presidente, un valor que representa más del doble de lo que alcanza el segundo en los sondeos, el radical de derechas Jair Bolsonaro (16 por ciento).
Tras su condena Lula quedó automáticamente inhabilitado para ser candidato por la ley de "Ficha Limpa" ("expediente limpio"), que impide postular a políticos con antecedentes. Una corte electoral debe dar sin embargo el veredicto oficial sólo en agosto, cuando se inscriban las candidaturas.
Al descrédito de la clase política han contribuido en los últimos años también la sensación de impunidad. El Congreso impidió en 2017 que el actual presidente, el conservador Michel Temer, fuera juzgado por acusaciones de corrupción posiblemente más graves que las de Lula, al negarse en dos ocasiones a levantarle la inmunidad.
La democracia brasileña es frágil y, en ese escenario, hay sectores de la población que ven una solución en una intervención militar, en un país gobernado por una dictadura durante más de dos décadas de 1964 a 1985.
La caída del mito de Lula acentúa ahora la tragedia de Brasil. El carismático ex obrero metalúrgico, hace poco todavía un celebrado estadista por el éxito de sus dos Gobiernos progresistas entre 2003 y 2010, está a punto de entrar a prisión por un caso que divide al gigante sudamericano en dos mitades que parecen irreconciliables. Tiempos explosivos en un país que era hace unos años la estrella emergente de América Latina.
