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Pascual Pichún
"Ese era el sueño de mi padre, poder venir aquí (ante la Corte) para que el Estado chileno repare lo que hizo y no vuelva a equivocarse más en la aplicación de las leyes terroristas en contra del pueblo mapuche", declaró Juan Pichún, hijo del lonko (jefe espiritual y político) de Temulemu, una de las comunidades del pueblo indígena mapuche.
Ante los siete magistrados de la Corte regional, en una abarrotada sala de audiencias, tres miembros de la comunidad mapuche, entre ellos Pichún, ofrecieron testimonio de la represión que sufrió esta etnia indígena en la década pasada, la cual desembocó en la condena por terrorismo contra varios de sus miembros.
Todos fueron acusados de provocar un incendio forestal en un proceso en el que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, se violaron las garantías procesales y se les condenó sin pruebas.
"Mi padre nunca entendió por qué fue tratado así por el Estado chileno", aseguró Juan Pichún, quien aseguró que su padre fue un hombre pacífico, dedicado a su familia y al servicio de la comunidad.
Pichún dijo que su padre "fue estigmatizado por el gobierno y los medios de comunicación que dijeron que él fue un terrorista", y eso lo sufrió toda la familia que fueron discriminados por los "no mapuches".
El testigo explicó que durante los años que su padre estuvo en la cárcel, la familia sufrió grandes limitaciones económicas que obligaron a él y a sus hermanos a abandonar los estudios y frustraron sus sueños de llegar a ser profesionales.
Tras su salida de prisión, Pascual Pichún nunca recuperó sus derechos ciudadanos, como el voto o la posibilidad de ser elegido a cargos públicos, aunque sí mantuvo el afecto de su familia y de su comunidad, que nunca creyeron las acusaciones.
La suerte de Víctor Ancalaf Yaupe, condenado a diez años de prisión, fue diferente: tras su salida de la cárcel su familia se había atomizado y nunca pudo recuperar su vida anterior, en la que se desempeñaba como "werken", portavoz cultural y político de la comunidad mapuche.
"Mis hijos sufrieron discriminación en el colegio porque les decían que su padre era un terrorista", señaló Ancalaf quien dijo que su familia se fue alejando porque además fue recluido en una prisión a 250 kilómetros de distancia de la comunidad y no alcanzaban los recursos para ir a visitarlo.
"La lucha del pueblo mapuche por sus derechos (en particular la recuperación de sus tierras ancestrales) es histórica, pero siempre ha sido pacífica y no tiene que ver con el terrorismo", señaló el dirigente.
Otro declarante fue Florencio Marileo, quien también estuvo preso varios años y participó en prolongadas huelgas de hambre en 2010, para demandar la revisión de su caso y sus compañeros condenados.
Marileo dijo a la Corte IDH que, una vez liberado, su vida ha sido difícil porque no puede conseguir trabajo.
Uno de los alegatos de la CIDH y de los representantes de las víctimas es que el gobierno chileno aplicó a las luchas reivindicativas de esta etnia indígena, de manera discriminatoria, una ley antiterrorista que no encaja con las normativas internacionales modernas.
En la audiencia iniciada este miércoles y que concluirá el jueves, también declaró como testigo del Estado el abogado penalista Juan Domingo Acosta, quien en 2010 participó en una comisión que introdujo cambios a la Ley Antiterrorista.
Acosta aseguró que producto del trabajo de esa comisión, el Congreso aprobó reformas que significaron "una depuración significativa" de ese cuerpo legal.
Ante los siete magistrados de la Corte regional, en una abarrotada sala de audiencias, tres miembros de la comunidad mapuche, entre ellos Pichún, ofrecieron testimonio de la represión que sufrió esta etnia indígena en la década pasada, la cual desembocó en la condena por terrorismo contra varios de sus miembros.
Todos fueron acusados de provocar un incendio forestal en un proceso en el que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, se violaron las garantías procesales y se les condenó sin pruebas.
"Mi padre nunca entendió por qué fue tratado así por el Estado chileno", aseguró Juan Pichún, quien aseguró que su padre fue un hombre pacífico, dedicado a su familia y al servicio de la comunidad.
Pichún dijo que su padre "fue estigmatizado por el gobierno y los medios de comunicación que dijeron que él fue un terrorista", y eso lo sufrió toda la familia que fueron discriminados por los "no mapuches".
El testigo explicó que durante los años que su padre estuvo en la cárcel, la familia sufrió grandes limitaciones económicas que obligaron a él y a sus hermanos a abandonar los estudios y frustraron sus sueños de llegar a ser profesionales.
Tras su salida de prisión, Pascual Pichún nunca recuperó sus derechos ciudadanos, como el voto o la posibilidad de ser elegido a cargos públicos, aunque sí mantuvo el afecto de su familia y de su comunidad, que nunca creyeron las acusaciones.
La suerte de Víctor Ancalaf Yaupe, condenado a diez años de prisión, fue diferente: tras su salida de la cárcel su familia se había atomizado y nunca pudo recuperar su vida anterior, en la que se desempeñaba como "werken", portavoz cultural y político de la comunidad mapuche.
"Mis hijos sufrieron discriminación en el colegio porque les decían que su padre era un terrorista", señaló Ancalaf quien dijo que su familia se fue alejando porque además fue recluido en una prisión a 250 kilómetros de distancia de la comunidad y no alcanzaban los recursos para ir a visitarlo.
"La lucha del pueblo mapuche por sus derechos (en particular la recuperación de sus tierras ancestrales) es histórica, pero siempre ha sido pacífica y no tiene que ver con el terrorismo", señaló el dirigente.
Otro declarante fue Florencio Marileo, quien también estuvo preso varios años y participó en prolongadas huelgas de hambre en 2010, para demandar la revisión de su caso y sus compañeros condenados.
Marileo dijo a la Corte IDH que, una vez liberado, su vida ha sido difícil porque no puede conseguir trabajo.
Uno de los alegatos de la CIDH y de los representantes de las víctimas es que el gobierno chileno aplicó a las luchas reivindicativas de esta etnia indígena, de manera discriminatoria, una ley antiterrorista que no encaja con las normativas internacionales modernas.
En la audiencia iniciada este miércoles y que concluirá el jueves, también declaró como testigo del Estado el abogado penalista Juan Domingo Acosta, quien en 2010 participó en una comisión que introdujo cambios a la Ley Antiterrorista.
Acosta aseguró que producto del trabajo de esa comisión, el Congreso aprobó reformas que significaron "una depuración significativa" de ese cuerpo legal.
