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Política
Manifestantes contra el combo
La huelga fue convocada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) y el Bloque Unitario Social y Sindical costarricense (BUUSCO), que aglutinan a decenas de organizaciones gremiales de Costa Rica.
"Exigimos un diálogo en torno al paquete de impuestos que, como está concebido, golpeará los bolsillos de los trabajadores y no tocará al gran capital", dijo tras la realización de una marcha por el centro de la capital el secretario general de la ANEP, Albino Vargas.
Varios miles de personas participaron en la manifestación de repudio al "combo fiscal", como lo llaman los sindicatos, como parte de la paralización de labores convocada para este miércoles por los gremios.
La marcha arrancó en el sector central de la capital y se desplazó por varias manzanas hasta desembocar frente a la Asamblea Legislativa.
"No al paquetazo fiscal", "rechazamos más impuestos para la clase trabajadora", se leía en algunos pancartas que portaban participantes en la manifestación, que transcurrió en orden y en forma pacífica.
La paralización de labores afectó el servicio de tren, que moviliza a diario a unas 16.000 personas, importantes hospitales y centros de salud, escuelas de primera y segunda enseñanza y universidades, y labores en unas 20 de las 82 municipalidades del país, según reportes de la prensa local.
"Hemos ido a una huelga nacional en contra de un combo fiscal que no afecta al capital, sino el bolsillo de los trabajadores", dijo el secretario general de la ANEP.
"Exigimos diálogo, no más impuesto a los trabajadores, que se combata la evasión fiscal", dijo por su parte el dirigente magisterial Gilberto Cascante.
Los sindicatos, algunos de los cuales tuvieron cercanía con el actual Gobierno del presidente Luis Guillermo Solís, un centrista, convocaron a la huelga a escasas dos semanas de que asuma el poder el presidente electo en la segunda ronda el 1 de abril, Carlos Alvarado, quien fue apoyado por el oficialista Partido Acción Ciudadana.
Alvarado, quien respaldó el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, había llamado a la mesura a las fuerzas sindicales, e incluso dialogó con sus dirigentes, pero no logró que éstos revocaran la convocatoria a huelga.
Tanto la ANEP como BUUSCO anticiparon hace dos semanas que si el proyecto de ley no es replanteado realizarán paros escalonados en los próximos días. El nuevo Parlamento electo en los comicios del 4 de febrero se instala el 1 de mayo y el traspaso de poderes será el 8 de mayo.
"Esto apenas empieza, vendrán acciones más fuertes, incluso podría ser hasta una huelga general indefinida", advirtió Albino Vargas, en declaraciones a dpa. "No es justo que se cargue al pueblo y se le responsabilice de un déficit fiscal del que no tiene la culpa", añadió.
El Gobierno argumenta que el "combo fiscal" es urgente para paliar un déficit en las finanzas públicas, que en 2018 superó un 6 por ciento del producto interno bruto (PIB) y que según el Banco Central podría llegar hasta un 8 por ciento en 2019 si no se adoptan medidas de contención.
Una comisión especial de la Asamblea Legislativa ya aprobó un proyecto que contempla transformar el impuesto a las ventas en uno al valor agregado (IVA) a los bienes y servicios.
Ambos son del 13 por ciento, pero con el IVA se ampliarían los rubros gravables, como servicios de educación y de medicina privada y compras por internet, entre otros, e incluso algunos artículos de la canasta básica.
Sin embargo, debe ser debatido y avalado definitivamente ya sea por la actual legislatura o por el nuevo cuerpo, que se renovará en mayo cuando asuman los 57 diputados electos en los comicios de febrero.
La iniciativa pretende además fijar en 2,54 por ciento las anualidades (beneficios por años de servicio) a empleados públicos, y que sean calificados como "buenos" funcionarios. En la actualidad hay diferentes rangos en el pago de anualidades, que en algunas instituciones autónomas es de hasta 5 o 7 por ciento.
El proyecto busca asimismo eliminar las exoneraciones a las ganancias de las organizaciones cooperativas y de las Asociaciones Solidaristas (organizaciones que operan mediante acuerdos entre patronos y trabajadores para evitar diferendos laborales) y que tienen gran auge en el país.
"La huelga contra este paquetazo fiscal ha sido extraordinariamente exitosa, y además, ha abierto camino para afinazar la unidad sindical", agregó Vargas, quien anunció que la próxima protesta en las calles contra el ajuste impositivo será el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo.
Costa Rica, un país que abolió el ejército hace 69 años y es una de las democracias más sólidas del continente americano, es una pequeña nación con importantes índices de bienestar social.
Sin embargo, la grave brecha fiscal es uno de los talones de Aquiles de su economía, sustentada en el turismo, servicios y exportaciones de productos como banano, café y piña. El elevado déficit fiscal impide al Gobierno invertir en proyectos de infraestructura y avanzar en el fortalecimiento de programas sociales.
Actualmente una cuarta parte de los costarricenses está afectado por la pobreza y un nueve por ciento por el desempleo, según datos oficiales.
"Exigimos un diálogo en torno al paquete de impuestos que, como está concebido, golpeará los bolsillos de los trabajadores y no tocará al gran capital", dijo tras la realización de una marcha por el centro de la capital el secretario general de la ANEP, Albino Vargas.
Varios miles de personas participaron en la manifestación de repudio al "combo fiscal", como lo llaman los sindicatos, como parte de la paralización de labores convocada para este miércoles por los gremios.
La marcha arrancó en el sector central de la capital y se desplazó por varias manzanas hasta desembocar frente a la Asamblea Legislativa.
"No al paquetazo fiscal", "rechazamos más impuestos para la clase trabajadora", se leía en algunos pancartas que portaban participantes en la manifestación, que transcurrió en orden y en forma pacífica.
La paralización de labores afectó el servicio de tren, que moviliza a diario a unas 16.000 personas, importantes hospitales y centros de salud, escuelas de primera y segunda enseñanza y universidades, y labores en unas 20 de las 82 municipalidades del país, según reportes de la prensa local.
"Hemos ido a una huelga nacional en contra de un combo fiscal que no afecta al capital, sino el bolsillo de los trabajadores", dijo el secretario general de la ANEP.
"Exigimos diálogo, no más impuesto a los trabajadores, que se combata la evasión fiscal", dijo por su parte el dirigente magisterial Gilberto Cascante.
Los sindicatos, algunos de los cuales tuvieron cercanía con el actual Gobierno del presidente Luis Guillermo Solís, un centrista, convocaron a la huelga a escasas dos semanas de que asuma el poder el presidente electo en la segunda ronda el 1 de abril, Carlos Alvarado, quien fue apoyado por el oficialista Partido Acción Ciudadana.
Alvarado, quien respaldó el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, había llamado a la mesura a las fuerzas sindicales, e incluso dialogó con sus dirigentes, pero no logró que éstos revocaran la convocatoria a huelga.
Tanto la ANEP como BUUSCO anticiparon hace dos semanas que si el proyecto de ley no es replanteado realizarán paros escalonados en los próximos días. El nuevo Parlamento electo en los comicios del 4 de febrero se instala el 1 de mayo y el traspaso de poderes será el 8 de mayo.
"Esto apenas empieza, vendrán acciones más fuertes, incluso podría ser hasta una huelga general indefinida", advirtió Albino Vargas, en declaraciones a dpa. "No es justo que se cargue al pueblo y se le responsabilice de un déficit fiscal del que no tiene la culpa", añadió.
El Gobierno argumenta que el "combo fiscal" es urgente para paliar un déficit en las finanzas públicas, que en 2018 superó un 6 por ciento del producto interno bruto (PIB) y que según el Banco Central podría llegar hasta un 8 por ciento en 2019 si no se adoptan medidas de contención.
Una comisión especial de la Asamblea Legislativa ya aprobó un proyecto que contempla transformar el impuesto a las ventas en uno al valor agregado (IVA) a los bienes y servicios.
Ambos son del 13 por ciento, pero con el IVA se ampliarían los rubros gravables, como servicios de educación y de medicina privada y compras por internet, entre otros, e incluso algunos artículos de la canasta básica.
Sin embargo, debe ser debatido y avalado definitivamente ya sea por la actual legislatura o por el nuevo cuerpo, que se renovará en mayo cuando asuman los 57 diputados electos en los comicios de febrero.
La iniciativa pretende además fijar en 2,54 por ciento las anualidades (beneficios por años de servicio) a empleados públicos, y que sean calificados como "buenos" funcionarios. En la actualidad hay diferentes rangos en el pago de anualidades, que en algunas instituciones autónomas es de hasta 5 o 7 por ciento.
El proyecto busca asimismo eliminar las exoneraciones a las ganancias de las organizaciones cooperativas y de las Asociaciones Solidaristas (organizaciones que operan mediante acuerdos entre patronos y trabajadores para evitar diferendos laborales) y que tienen gran auge en el país.
"La huelga contra este paquetazo fiscal ha sido extraordinariamente exitosa, y además, ha abierto camino para afinazar la unidad sindical", agregó Vargas, quien anunció que la próxima protesta en las calles contra el ajuste impositivo será el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo.
Costa Rica, un país que abolió el ejército hace 69 años y es una de las democracias más sólidas del continente americano, es una pequeña nación con importantes índices de bienestar social.
Sin embargo, la grave brecha fiscal es uno de los talones de Aquiles de su economía, sustentada en el turismo, servicios y exportaciones de productos como banano, café y piña. El elevado déficit fiscal impide al Gobierno invertir en proyectos de infraestructura y avanzar en el fortalecimiento de programas sociales.
Actualmente una cuarta parte de los costarricenses está afectado por la pobreza y un nueve por ciento por el desempleo, según datos oficiales.
