Inicio
Política
AYER SE ORDENÓ LA CAPTURA DE 14 MÁS
De acuerdo con los procesos que adelanta la Fiscalía General de la Nación, unas 1.375 personas habrían sido ejecutadas extrajudicialmente
EL ASESINATO de civiles presentados como guerrilleros o paramilitares muertos en combate ha llevado a la Fiscalía a vincular a procesos judiciales a un total de 1.000 militares, que ayer condujo a la captura de siete uniformados, de 14 a los que les expidió orden de captura.
La Fiscalía informó que 14 militares pertenecientes al Gaula que opera en el departamento de Casanare, fueron detenidos por el asesinato en 2007 de tres jóvenes de entre 15 y 20 años, entre ellos dos hermanos, a los que luego hicieron pasar como guerrilleros.
Hasta el 20 de diciembre la Fiscalía “tenía a su cargo 848 procesos por los denominados casos de falsos positivos, en los que murieron 1.375 personas”, según un informe del organismo entregado a la AFP.
Los casos son denominados como falsos positivos, pues en el argot de los militares colombianos se denomina “positivo” a un objetivo conseguido.
E incluso las cifras de víctimas podrían aumentar con algunos casos que investigan las fiscalías seccionales, señaló un funcionario del organismo.
Estas denuncias llevaron a que a comienzos de noviembre el gobierno de Estados Unidos anunciara la suspensión de la ayuda militar a tres bases colombianas involucradas en los casos de desaparición de civiles.
Del total de víctimas, 1.273 son hombres, 102 mujeres y 51 menores de edad, según el informe. De los 848 procesos, 768 son casos posteriores a 2004, y de ellos el mayor número fue denunciado en 2007, con 347.
En octubre de 2008, organismos defensores de los derechos humanos prendieron las alarmas al denunciar que al menos una veintena de jóvenes que habitaban en barrios pobres en los alrededores de Bogotá, aparecieron en fosas comunes en el noreste del país, registrados como abatidos en combates con el Ejército.
Familiares de las víctimas aseguraron que sus muertes se produjeron uno o dos días después de ser reclutados para ir a trabajar a otras zonas del país.
Las primeras investigaciones llevaron al gobierno a ordenar la salida, el 29 de octubre, de 27 militares, entre ellos 3 generales, responsables de las unidades militares en donde se cometieron los crímenes.
Otros 13 uniformados fueron desvinculados de las filas el 16 de noviembre, y 11 más a finales de la semana pasada, por hechos similares.
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, aclaró que “estos oficiales no están señalados por nosotros como responsables de nada criminal. Son casos de omisión, de falta de mando, de doctrina y de control”, anotó.
Santos también confirmó que el Ejército decidió desintegrar una brigada móvil que actuaba en el departamento de Norte de Santander, y dijo que los uniformados que la integraban fueron distribuidos en otras unidades militares.
Miembros de esa Brigada se encuentran involucrados en las desapariciones denunciadas en Bogotá, y varios de ellos fueron retirados dentro de la purga ordenada por el gobierno en octubre.
Solamente entre diciembre y lo que va de enero, la Fiscalía ordenó la detención de 17 militares a los que vinculó en procesos sobre muerte de civiles, al tiempo que formuló cargos como presuntos implicados en ese tipo de homicidios, contra otros 13 uniformados.
Sin embargo, el viceministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, explicó que no se puede cuantificar específicamente el número de militares que ha sido retirados exclusivamente por vínculos con las ejecuciones extrajudiciales.
“El gobierno ha tomado esas decisiones de manera discrecional”, sin estar obligado a revelar las causas de los retiros, indicó.
De acuerdo con los procesos que adelanta la Fiscalía General de la Nación, unas 1.375 personas habrían sido ejecutadas extrajudicialmente
EL ASESINATO de civiles presentados como guerrilleros o paramilitares muertos en combate ha llevado a la Fiscalía a vincular a procesos judiciales a un total de 1.000 militares, que ayer condujo a la captura de siete uniformados, de 14 a los que les expidió orden de captura.
La Fiscalía informó que 14 militares pertenecientes al Gaula que opera en el departamento de Casanare, fueron detenidos por el asesinato en 2007 de tres jóvenes de entre 15 y 20 años, entre ellos dos hermanos, a los que luego hicieron pasar como guerrilleros.
Hasta el 20 de diciembre la Fiscalía “tenía a su cargo 848 procesos por los denominados casos de falsos positivos, en los que murieron 1.375 personas”, según un informe del organismo entregado a la AFP.
Los casos son denominados como falsos positivos, pues en el argot de los militares colombianos se denomina “positivo” a un objetivo conseguido.
E incluso las cifras de víctimas podrían aumentar con algunos casos que investigan las fiscalías seccionales, señaló un funcionario del organismo.
Estas denuncias llevaron a que a comienzos de noviembre el gobierno de Estados Unidos anunciara la suspensión de la ayuda militar a tres bases colombianas involucradas en los casos de desaparición de civiles.
Del total de víctimas, 1.273 son hombres, 102 mujeres y 51 menores de edad, según el informe. De los 848 procesos, 768 son casos posteriores a 2004, y de ellos el mayor número fue denunciado en 2007, con 347.
En octubre de 2008, organismos defensores de los derechos humanos prendieron las alarmas al denunciar que al menos una veintena de jóvenes que habitaban en barrios pobres en los alrededores de Bogotá, aparecieron en fosas comunes en el noreste del país, registrados como abatidos en combates con el Ejército.
Familiares de las víctimas aseguraron que sus muertes se produjeron uno o dos días después de ser reclutados para ir a trabajar a otras zonas del país.
Las primeras investigaciones llevaron al gobierno a ordenar la salida, el 29 de octubre, de 27 militares, entre ellos 3 generales, responsables de las unidades militares en donde se cometieron los crímenes.
Otros 13 uniformados fueron desvinculados de las filas el 16 de noviembre, y 11 más a finales de la semana pasada, por hechos similares.
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, aclaró que “estos oficiales no están señalados por nosotros como responsables de nada criminal. Son casos de omisión, de falta de mando, de doctrina y de control”, anotó.
Santos también confirmó que el Ejército decidió desintegrar una brigada móvil que actuaba en el departamento de Norte de Santander, y dijo que los uniformados que la integraban fueron distribuidos en otras unidades militares.
Miembros de esa Brigada se encuentran involucrados en las desapariciones denunciadas en Bogotá, y varios de ellos fueron retirados dentro de la purga ordenada por el gobierno en octubre.
Solamente entre diciembre y lo que va de enero, la Fiscalía ordenó la detención de 17 militares a los que vinculó en procesos sobre muerte de civiles, al tiempo que formuló cargos como presuntos implicados en ese tipo de homicidios, contra otros 13 uniformados.
Sin embargo, el viceministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, explicó que no se puede cuantificar específicamente el número de militares que ha sido retirados exclusivamente por vínculos con las ejecuciones extrajudiciales.
“El gobierno ha tomado esas decisiones de manera discrecional”, sin estar obligado a revelar las causas de los retiros, indicó.
