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Durante la campaña, el exalcalde de Davao (sur) prometió acabar en seis meses con el tráfico de droga y el crimen que carcome el archipiélago matando, si hiciera falta, a miles de delincuentes.
No ha alcanzado su meta, pero desde su investidura como presidente hace un mes se ha desatado una espiral de violencia con cientos de personas muertas a manos de la policía o de civiles convertidos en justicieros con la bendición del presidente.
Una imagen resume los abusos. Bajo los focos de las cámaras de televisión y la mirada horrorizada de personas agrupadas detrás de las cintas amarillas de la policía, una mujer de cuclillas en una calle abraza el cadáver de su marido. Lo acababan de matar unos desconocidos.
"Mi marido era inocente. Nunca ha hecho daño a nadie", declaró una semana más tarde Jennilyn Olayres. Michael Siaron tenía 30 años y era conductor de taxi triciclo.
Los asesinos lanzaron cerca del cadáver un trozo de cartón en el escribieron con letras grandes: "vendedor de droga".
Las cifras comunicadas esta semana por la policía informan de 402 personas sospechosas de narcotráfico muertas desde la investidura de Duterte el 30 de junio. El balance no incluye los asesinatos cometidos por civiles.
La principal cadena filipina, ABS-CBN, da cuenta de 603 muertos desde la elección de Duterte en mayo, de los cuales 211 a manos de hombres armados desconocidos.
Unas cifras que sugieren un incremento de los homicidios cometidos -legalmente o no- por las fuerzas de seguridad desde que Duterte asumió el cargo.
Las redadas policiales contra presuntos refugios de traficantes de droga causan muertos cada noche. Las autoridades afirman que todos los sospechosos fallecidos estaban armados y oponían resistencia al arresto.
También se ha disparado el número de asesinatos cometidos por civiles, algunos de ellos en plena calle. Otras veces aparecen cadáveres en terrenos baldíos con la cara envuelta en cinta adhesiva y un cartel a su vera acusándolos de tráfico de estupefacientes.
A finales de julio, Duterte defendió por enésima vez la intransigencia contra el crimen, un principio repetido hasta la saciedad durante la campaña.
Y mencionó la fotografía que ilustra el dolor de Olayres por el asesinato de su marido. Es una parodia de "La Pietà", dijo, refiriéndose a la escultura de Miguel Ángel en la que la Virgen sostiene en sus rodillas el cuerpo de Jesucristo.
"Y aquí estás, muerto y retratado en un periódico como la Virgen María acunando el cadáver de Jesucristo", ironizó.
Siaron está acusado de ser un traficante, pero su tren de vida distaba mucho del de un barón de la droga.
Vivía con su esposa en un tugurio encaramado a unos postes con vistas a una alcantarilla.
"A veces intentábamos voluntariamente acostarnos tarde para no tener que preocuparnos más que del almuerzo y de la cena", declaró ella a la AFP antes del funeral de su esposo.
Michael Siaron -añade- forma parte de los 16 millones de filipinos que votaron por Duterte.
La ola de violencia ha conducido a decenas de miles de consumidores o de pequeños traficantes de droga a rendirse a las autoridades locales. Según la policía fueron 565.806.
Muchos de ellos llevaban todavía puestos los brazaletes con el nombre de Duterte distribuidos masivamente durante la campaña.
No ha alcanzado su meta, pero desde su investidura como presidente hace un mes se ha desatado una espiral de violencia con cientos de personas muertas a manos de la policía o de civiles convertidos en justicieros con la bendición del presidente.
Una imagen resume los abusos. Bajo los focos de las cámaras de televisión y la mirada horrorizada de personas agrupadas detrás de las cintas amarillas de la policía, una mujer de cuclillas en una calle abraza el cadáver de su marido. Lo acababan de matar unos desconocidos.
"Mi marido era inocente. Nunca ha hecho daño a nadie", declaró una semana más tarde Jennilyn Olayres. Michael Siaron tenía 30 años y era conductor de taxi triciclo.
Los asesinos lanzaron cerca del cadáver un trozo de cartón en el escribieron con letras grandes: "vendedor de droga".
- Parodia de 'La Pietà' -
Las cifras comunicadas esta semana por la policía informan de 402 personas sospechosas de narcotráfico muertas desde la investidura de Duterte el 30 de junio. El balance no incluye los asesinatos cometidos por civiles.
La principal cadena filipina, ABS-CBN, da cuenta de 603 muertos desde la elección de Duterte en mayo, de los cuales 211 a manos de hombres armados desconocidos.
Unas cifras que sugieren un incremento de los homicidios cometidos -legalmente o no- por las fuerzas de seguridad desde que Duterte asumió el cargo.
Las redadas policiales contra presuntos refugios de traficantes de droga causan muertos cada noche. Las autoridades afirman que todos los sospechosos fallecidos estaban armados y oponían resistencia al arresto.
También se ha disparado el número de asesinatos cometidos por civiles, algunos de ellos en plena calle. Otras veces aparecen cadáveres en terrenos baldíos con la cara envuelta en cinta adhesiva y un cartel a su vera acusándolos de tráfico de estupefacientes.
A finales de julio, Duterte defendió por enésima vez la intransigencia contra el crimen, un principio repetido hasta la saciedad durante la campaña.
Y mencionó la fotografía que ilustra el dolor de Olayres por el asesinato de su marido. Es una parodia de "La Pietà", dijo, refiriéndose a la escultura de Miguel Ángel en la que la Virgen sostiene en sus rodillas el cuerpo de Jesucristo.
-Siaron había votado por Duterte -
"Y aquí estás, muerto y retratado en un periódico como la Virgen María acunando el cadáver de Jesucristo", ironizó.
Siaron está acusado de ser un traficante, pero su tren de vida distaba mucho del de un barón de la droga.
Vivía con su esposa en un tugurio encaramado a unos postes con vistas a una alcantarilla.
"A veces intentábamos voluntariamente acostarnos tarde para no tener que preocuparnos más que del almuerzo y de la cena", declaró ella a la AFP antes del funeral de su esposo.
Michael Siaron -añade- forma parte de los 16 millones de filipinos que votaron por Duterte.
La ola de violencia ha conducido a decenas de miles de consumidores o de pequeños traficantes de droga a rendirse a las autoridades locales. Según la policía fueron 565.806.
Muchos de ellos llevaban todavía puestos los brazaletes con el nombre de Duterte distribuidos masivamente durante la campaña.
