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"Ni un paso atrás, contra las reformas, huelga general", gritaban los manifestantes en Madrid, donde a pesar de la lluvia se juntaron decenas de miles de personas en una marcha hasta la sede del ministerio de Educación.
En Barcelona, la protesta convocó entre 30.000 personas según la policia y 170.000 según los organizadores, mientras otros miles más se manifestaban en una cincuentena de ciudades españolas.
Se trata de la tercera huelga general del sector educativo desde la llegada al poder del gobierno conservador de Mariano Rajoy a finales de 2011, muestra del malestar dirigido especialmente al controvertido ministro de Educación, José Ignacio Wert, cuya dimisión reclaman los sindicatos.
El motivo: los recortes en la escuela pública y una polémica ley con la que pretende mejorar la calidad de la educación en España, a la cola de Europa en varios estándares oficiales.
Según los principales sindicatos UGT y CCOO, la huelga fue seguida en un 83% de media, con un 91% en las universidades públicas y un 35% en las escuelas concertadas.
"Hay motivos para que la gente esté preocupada, pero los motivos que aducen los convocantes de la huelga no tiene nada que ver con la reforma educativa" sino con los recortes salariales que afectan al sector público, afirmó la secretaria de Estado de Educación Montserrat Gomendio a la televisión pública TVE.
Los sindicatos y la oposición desmintieron esa afirmación fustigando esta reforma educativa que califican de "segregadora y retrógrada" por favorecer los sectores acomodados de la población y arremeter contra la laicidad del sistema.
La jornada coincide con el tercer día seguido de huelga de los alumnos respondiendo a la convocatoria del Sindicato de Estudiantes (SE).
Su secretaria general, Ana García, denunció una ley que "es un intento de devolvernos a las cavernas educativas del franquismo", apuntando especialmente al aumento de las tasas universitarias y la pronta separación de los alumnos según sus resultados hacia la formación profesional o hacia la enseñanza superior.
"Esta ley lo único que hace es favorecer a los que tienen dinero para pagar los estudios y desfavorecer a los otros", se indignaba en Madrid Laura Gallardón, una estudiante de publicidad de 19 años que ha visto como el precio de su matrícula aumentaba 600 euros en dos años.
"No me gusta que sea introducido la enseñanza de la religión como casi obligatoria. No me gustan los recortes", afirmaba Margarita Uría, madre de dos niños que denuncia que sus clases pasaron de 28 alumnos a 40 en solo dos años.
"Lo que se dirime es si vamos hacia una sociedad mejor preparada, más justa, más igualitaria, o si retrocedemos a un sistema de clases cerradas, donde cada cual se quedaba en el sitio en que nacía", recalcó el líder de la oposición socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Los sindicatos denuncian la supresión en el último año de 25.000 profesores en la educación primaria y secundaria, 4.600 en la universidad y unos 1.600 empleos entre el personal administrativo.
Inmerso en un programa para reducir el déficit público, el gobierno conservador ha reducido en más de 3.000 millones de euros el presupuesto destinado en educación, pasando de 50.714 millones en 2011 a 47.310 en 2012, inversión que se mantuvo este año (47.220 millones en 2013).
