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Carles Puigdemont
El Tribunal Superior de la región alemana de Schleswig-Holstein denegó la solicitud de la Fiscalía de incorporar nuevamente al expediente de Puigdemont el delito de rebelión que había sido desestimado ya por este órgano a principios de abril.
La resolución del tribunal se refiere al pedido cursado por la Fiscalía el 9 de mayo -y hasta ahora no difundido públicamente- para que se detuviera nuevamente al ex presidente catalán por delito de rebelión y por primera vez también por el de perturbación del orden público especialmente grave por los acontecimientos en torno al referéndum independentista del 1 de octubre de 2017.
"El motivo para esto fueron las nuevas informaciones suministradas por los organismos españoles, en especial los videos puestos a disposición donde se muestra la violencia perpetrada contra las fuerzas policiales españolas", argumentó la Fiscalía, que prepara un pedido formal de extradición que es esperado a finales de semana.
Entre otros ejemplos del material recibido durante un encuentro a mediados de abril en La Haya con sus pares españoles, los fiscales alemanes mencionan un video en el que un guardia civil es agredido con una silla cuando intenta entrar en un local electoral y cae al suelo y otro con manifestantes arrojando objetos a los agentes.
"Los desmanes tuvieron una dimensión tal que la Fiscalía General cree justificada la extradición también por el cargo de rebelión. Según el derecho alemán, no sólo se contempla un delito por el cargo de alta traición, sino también por perturbación del orden público especialmente grave. Por ello sigue existiendo riesgo de fuga", alegaron los fiscales.
Sin embargo, el tribunal se adelantó a la petición formal de entrega rechazando estos argumentos. "La sala sigue sin ver que la acusación de rebelión se corresponda con el delito de alta traición recogido por el derecho alemán. Las informaciones adicionales sobre hechos puntuales no modifican esta valoración", reza la resolución.
"De acuerdo con el derecho alemán y en base al análisis preliminar, tampoco existe un delito de perturbación del orden público", agrega el tribunal.
Asimismo comunicó que continúa analizando la solicitud de entrega por malversación de fondos "pese al contenido contradictorio del material suministrado por las autoridades españolas" y a que podría no sostenerse en base al derecho alemán.
Los jueces de Schleswig informaron que la euroorden sigue siendo una "base válida" para el proceso de extradición. La postura difiere de la adoptada por la Justicia belga, que rechazó la entrega de otros tres dirigentes catalanes por un defecto de forma.
El tribunal descartó que haya aumentado "de forma sustancial" el peligro de fuga. "Las medidas cautelares están siendo cumplidas de forma concienzuda por el acusado. Por ello no existe motivo para introducir cambios".
El tribunal denegó así la solicitud de la Fiscalía de volver a poner a Puigdemont en prisión preventiva. Seguirá en libertad y deberá reportarse cada semana a las autoridades y acudir a las citaciones judiciales, como hasta ahora, desde su residencia en Berlín.
La negativa del tribunal se produce cuando están a punto de cumplirse dos meses de la detención de Puigdemont en territorio germano el 25 de marzo cuando intentaba regresar en coche a Bélgica, donde se instaló tras huir de España tras su destitución a fines de octubre.
El 24 de mayo se cumplirá el plazo de 60 días recomendado para responder a una orden europea de detención.
A principios de abril, la Fiscalía germana presentó una primera solicitud de extradición por rebelión y malversación de fondos en base a la orden de detención europea del Tribunal Supremo de Madrid.
Sin embargo, el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein señaló que no veía admisible el delito de rebelión, motivo por el que decidió dejar al líder soberanista en libertad bajo fianza de 75.000 euros después de mantenerlo 12 días en prisión.
El ex jefe del Gobierno de Cataluña, destituido en octubre por Madrid a raíz de la escalada de su proceso independentista, fue detenido el 25 de marzo en un área de servicio del norte de Alemania en virtud de una orden de arresto europea emitida dos días antes por el Tribunal Supremo español.
La justicia del país ibérico lo procesó por rebelión y malversación de fondos públicos debido al plan con el que presuntamente intentó proclamar una república independiente, causando así una crisis institucional sin precedentes todavía abierta.
La resolución del tribunal se refiere al pedido cursado por la Fiscalía el 9 de mayo -y hasta ahora no difundido públicamente- para que se detuviera nuevamente al ex presidente catalán por delito de rebelión y por primera vez también por el de perturbación del orden público especialmente grave por los acontecimientos en torno al referéndum independentista del 1 de octubre de 2017.
"El motivo para esto fueron las nuevas informaciones suministradas por los organismos españoles, en especial los videos puestos a disposición donde se muestra la violencia perpetrada contra las fuerzas policiales españolas", argumentó la Fiscalía, que prepara un pedido formal de extradición que es esperado a finales de semana.
Entre otros ejemplos del material recibido durante un encuentro a mediados de abril en La Haya con sus pares españoles, los fiscales alemanes mencionan un video en el que un guardia civil es agredido con una silla cuando intenta entrar en un local electoral y cae al suelo y otro con manifestantes arrojando objetos a los agentes.
"Los desmanes tuvieron una dimensión tal que la Fiscalía General cree justificada la extradición también por el cargo de rebelión. Según el derecho alemán, no sólo se contempla un delito por el cargo de alta traición, sino también por perturbación del orden público especialmente grave. Por ello sigue existiendo riesgo de fuga", alegaron los fiscales.
Sin embargo, el tribunal se adelantó a la petición formal de entrega rechazando estos argumentos. "La sala sigue sin ver que la acusación de rebelión se corresponda con el delito de alta traición recogido por el derecho alemán. Las informaciones adicionales sobre hechos puntuales no modifican esta valoración", reza la resolución.
"De acuerdo con el derecho alemán y en base al análisis preliminar, tampoco existe un delito de perturbación del orden público", agrega el tribunal.
Asimismo comunicó que continúa analizando la solicitud de entrega por malversación de fondos "pese al contenido contradictorio del material suministrado por las autoridades españolas" y a que podría no sostenerse en base al derecho alemán.
Los jueces de Schleswig informaron que la euroorden sigue siendo una "base válida" para el proceso de extradición. La postura difiere de la adoptada por la Justicia belga, que rechazó la entrega de otros tres dirigentes catalanes por un defecto de forma.
El tribunal descartó que haya aumentado "de forma sustancial" el peligro de fuga. "Las medidas cautelares están siendo cumplidas de forma concienzuda por el acusado. Por ello no existe motivo para introducir cambios".
El tribunal denegó así la solicitud de la Fiscalía de volver a poner a Puigdemont en prisión preventiva. Seguirá en libertad y deberá reportarse cada semana a las autoridades y acudir a las citaciones judiciales, como hasta ahora, desde su residencia en Berlín.
La negativa del tribunal se produce cuando están a punto de cumplirse dos meses de la detención de Puigdemont en territorio germano el 25 de marzo cuando intentaba regresar en coche a Bélgica, donde se instaló tras huir de España tras su destitución a fines de octubre.
El 24 de mayo se cumplirá el plazo de 60 días recomendado para responder a una orden europea de detención.
A principios de abril, la Fiscalía germana presentó una primera solicitud de extradición por rebelión y malversación de fondos en base a la orden de detención europea del Tribunal Supremo de Madrid.
Sin embargo, el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein señaló que no veía admisible el delito de rebelión, motivo por el que decidió dejar al líder soberanista en libertad bajo fianza de 75.000 euros después de mantenerlo 12 días en prisión.
El ex jefe del Gobierno de Cataluña, destituido en octubre por Madrid a raíz de la escalada de su proceso independentista, fue detenido el 25 de marzo en un área de servicio del norte de Alemania en virtud de una orden de arresto europea emitida dos días antes por el Tribunal Supremo español.
La justicia del país ibérico lo procesó por rebelión y malversación de fondos públicos debido al plan con el que presuntamente intentó proclamar una república independiente, causando así una crisis institucional sin precedentes todavía abierta.
