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Política
En su informe acerca de Chile, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) expresa su preocupación por el hecho de que la Ley Antiterrorista "ha sido aplicada principalmente a miembros del pueblo mapuche por actos ocurridos en el contexto de demandas sociales, relacionados con la reivindicación de los derechos sobre sus tierras ancestrales".
Por ello, recomienda que se revise dicha ley y se asegure de que ésta sea únicamente aplicada a los delitos de terrorismo, y que esta norma no sea aplicada a miembros de la comunidad mapuche por actos de protesta o demanda social.
También le preocupa al Comité la lentitud con que se ha llevado a cabo el proceso de la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas, y el hecho de que todos los pueblos indígenas no han sido suficientemente consultados en la toma de decisiones.
El informe pide al Gobierno chileno que investigue las quejas de abusos y violencia contra indígenas cometidos por algunos miembros de las Fuerzas Armadas, y que sean enjuiciados y sancionados los responsables de esos actos y se entregue una reparación a las víctimas o a los familiares.
Entre otros ejemplos, el Comité toma nota "con consternación" de la muerte del joven mapuche José Facundo Mendoza Collio, el pasado 12 de agosto, por disparos de carabineros.
Además, el CEDR recomienda a Chile que acelere "el proceso de restitución de las tierras ancestrales a los pueblos indígenas y que establezca un mecanismo específico para reconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre tierras y recursos naturales".
Afirma que los pueblos indígenas son afectados por la explotación de los recursos del subsuelo de sus territorios tradicionales y que "en la práctica el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes de que se proceda a la puesta en marcha de proyectos de explotación de los recursos naturales en sus territorios no se respeta plenamente".
El Comité reitera su preocupación ante la situación de las comunidades mapuche en la región de la Araucanía, afectadas por actividades perjudiciales para el medioambiente, la salud y sus formas tradicionales de vida, entre otras razones, por la instalación de basurales dentro de sus comunidades y por los planes para el establecimiento de plantas de aguas servidas.
En ese sentido, exhorta al Estado a no escatimar esfuerzos para solucionar los impactos ambientales que afecten a los pueblos indígenas.
Acerca de la lucha contra la pobreza, el Comité se muestra preocupado porque los pueblos indígenas, particularmente el pueblo Mapuche, continúan estando entre los grupos más pobres y marginalizados.
También denuncia que los inmigrantes son a veces víctimas de discriminación, en particular los peruanos y los bolivianos, y recomienda que se tomen las medidas necesarias para garantizar los derechos de estas personas.
Por ello, recomienda que se revise dicha ley y se asegure de que ésta sea únicamente aplicada a los delitos de terrorismo, y que esta norma no sea aplicada a miembros de la comunidad mapuche por actos de protesta o demanda social.
También le preocupa al Comité la lentitud con que se ha llevado a cabo el proceso de la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas, y el hecho de que todos los pueblos indígenas no han sido suficientemente consultados en la toma de decisiones.
El informe pide al Gobierno chileno que investigue las quejas de abusos y violencia contra indígenas cometidos por algunos miembros de las Fuerzas Armadas, y que sean enjuiciados y sancionados los responsables de esos actos y se entregue una reparación a las víctimas o a los familiares.
Entre otros ejemplos, el Comité toma nota "con consternación" de la muerte del joven mapuche José Facundo Mendoza Collio, el pasado 12 de agosto, por disparos de carabineros.
Además, el CEDR recomienda a Chile que acelere "el proceso de restitución de las tierras ancestrales a los pueblos indígenas y que establezca un mecanismo específico para reconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre tierras y recursos naturales".
Afirma que los pueblos indígenas son afectados por la explotación de los recursos del subsuelo de sus territorios tradicionales y que "en la práctica el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes de que se proceda a la puesta en marcha de proyectos de explotación de los recursos naturales en sus territorios no se respeta plenamente".
El Comité reitera su preocupación ante la situación de las comunidades mapuche en la región de la Araucanía, afectadas por actividades perjudiciales para el medioambiente, la salud y sus formas tradicionales de vida, entre otras razones, por la instalación de basurales dentro de sus comunidades y por los planes para el establecimiento de plantas de aguas servidas.
En ese sentido, exhorta al Estado a no escatimar esfuerzos para solucionar los impactos ambientales que afecten a los pueblos indígenas.
Acerca de la lucha contra la pobreza, el Comité se muestra preocupado porque los pueblos indígenas, particularmente el pueblo Mapuche, continúan estando entre los grupos más pobres y marginalizados.
También denuncia que los inmigrantes son a veces víctimas de discriminación, en particular los peruanos y los bolivianos, y recomienda que se tomen las medidas necesarias para garantizar los derechos de estas personas.
