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El barco de Open arms, en Sicilia.
"Si después de tantas misiones se monta esto por un incidente menor, el único sentido es parar el barco. Ahora han encontrado un motivo", explicó a la agencia dpa el fundador y director de la ONG, Oscar Camps, que descartó una solución rápida para el incidente y temió que la nave pueda seguir retenida varios meses.
El barco usado por Open Arms para rescatar a inmigrantes en el Mediterráneo fue retenido de forma preventiva el domingo tras atracar en Pozzallo, en Sicilia. Así lo ordenó un fiscal que acusó además a tres tripulantes de la ONG de asociación criminal para fomentar la inmigración ilegal por desobedecer a los guardiacostas libios.
"Nos podrían haber acusado de desobediencia o nos podrían haber acusado de cualquier cosa", dijo hoy Camps en una rueda de prensa en Barcelona flanqueado, entre otros, por el cantante Joan Manuel Serrat y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que exigió a Italia "liberar la nave secuestrada". "Defender la vida no puede ser un delito", agregó.
Los tres acusados son el capitán del barco, el jefe de misión y el coordinador. Se enfrentan a penas de prisión "de entre cuatro y siete años", aseguró Camps, según el cual la acusación carece de fundamento. "Lo que se está haciendo es boicotear la actuación de las organizaciones humanitarias en el mar", insistió.
El incidente comenzó el jueves cuando la ONG denunció que una patrulla de la guardia costera libia había amenazado con disparar a su barco si no entregaba a los más de 200 inmigrantes que había rescatado antes en alta mar, como estipula un acuerdo entre el país africano y la Unión Europea (UE).
Proactiva se negó: muchos inmigrantes "preferían morir" antes que regresar a Libia. El barco navegó al norte y esperó permiso para atracar en Italia. Finalmente lo hizo el sábado en Pozzallo, donde desembarcó a los migrantes. Italia abrió entonces una investigación y el fiscal ordenó el secuestro preventivo de la nave.
"Siempre viene todo del mismo lugar", añadió Camps en referencia a Carmelo Zuccaro, fiscal de Catania que lleva la acusación y que investiga desde hace meses el trabajo de las ONG que operan en el Mediterráneo para rescatar inmigrantes.
El año pasado, el fiscal dijo contar con "pruebas" de que las ONG tienen contactos directos con traficantes de personas que les indican dónde se encuentran embarcaciones a la deriva cargados de inmigrantes, si bien sus sospechas siguen sin probarse.
En medio de la polémica, la Comisión Europea tomó distancia de la postura defendida por Proactiva y pidió respetar la normativa italiana.
"Somos conscientes de que este es el código de conducta italiano, que tiene el objetivo de evitar precisamente este tipo de situaciones. Pedimos a todas las partes que en el futuro respeten no solo la ley internacional, sino también este código de conducta italiano", dijo hoy Natasha Bertaud, portavoz del jefe del Ejecutivo comunitario.
Bertaud puso además en duda que el incidente se produjera fuera de aguas territorias libias, como sostiene la ONG. "Por lo que sabemos, la guardia costera estaba operando dentro de sus aguas territoriales", señaló la portavoz.
En España, el partido de izquierda Podemos exigió al jefe del Gobierno Mariano Rajoy que llame al presidente italiano, Sergio Mattarella, para exigirle la liberación del barco, mientras que la rama del Partido Socialista en Cataluña (PSC) pidió al Ministerio de Exteriores "ponerse del lado" de la ONG.
El ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, aseguró hoy que el Gobierno trabaja para aclarar lo ocurrido "e intentar despejar cualquier problema que haya".
Camps reconoció que detrás de los acuerdos de migración con Libia está la Unión Europea (UE), por lo que Madrid tiene poco que decir en el asunto. "Ahora bien, España tiene un barco con su bandera retenido. El Gobierno no puede esconderse", añadió en entrevista con dpa.
El jefe de la ONG no descartó emprender acciones legales por la situación vivida en el mar. "Cuando nos amenazaron de muerte en el mar -una amenaza que duró dos horas- pedimos auxilio a Italia e Italia nos remitió a España, que estaba bastante lejos para actuar. Hemos sido amenazados y abordados. Nos reservamos el derecho de exigir responsabilidades a quien toque".
El barco usado por Open Arms para rescatar a inmigrantes en el Mediterráneo fue retenido de forma preventiva el domingo tras atracar en Pozzallo, en Sicilia. Así lo ordenó un fiscal que acusó además a tres tripulantes de la ONG de asociación criminal para fomentar la inmigración ilegal por desobedecer a los guardiacostas libios.
"Nos podrían haber acusado de desobediencia o nos podrían haber acusado de cualquier cosa", dijo hoy Camps en una rueda de prensa en Barcelona flanqueado, entre otros, por el cantante Joan Manuel Serrat y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que exigió a Italia "liberar la nave secuestrada". "Defender la vida no puede ser un delito", agregó.
Los tres acusados son el capitán del barco, el jefe de misión y el coordinador. Se enfrentan a penas de prisión "de entre cuatro y siete años", aseguró Camps, según el cual la acusación carece de fundamento. "Lo que se está haciendo es boicotear la actuación de las organizaciones humanitarias en el mar", insistió.
El incidente comenzó el jueves cuando la ONG denunció que una patrulla de la guardia costera libia había amenazado con disparar a su barco si no entregaba a los más de 200 inmigrantes que había rescatado antes en alta mar, como estipula un acuerdo entre el país africano y la Unión Europea (UE).
Proactiva se negó: muchos inmigrantes "preferían morir" antes que regresar a Libia. El barco navegó al norte y esperó permiso para atracar en Italia. Finalmente lo hizo el sábado en Pozzallo, donde desembarcó a los migrantes. Italia abrió entonces una investigación y el fiscal ordenó el secuestro preventivo de la nave.
"Siempre viene todo del mismo lugar", añadió Camps en referencia a Carmelo Zuccaro, fiscal de Catania que lleva la acusación y que investiga desde hace meses el trabajo de las ONG que operan en el Mediterráneo para rescatar inmigrantes.
El año pasado, el fiscal dijo contar con "pruebas" de que las ONG tienen contactos directos con traficantes de personas que les indican dónde se encuentran embarcaciones a la deriva cargados de inmigrantes, si bien sus sospechas siguen sin probarse.
En medio de la polémica, la Comisión Europea tomó distancia de la postura defendida por Proactiva y pidió respetar la normativa italiana.
"Somos conscientes de que este es el código de conducta italiano, que tiene el objetivo de evitar precisamente este tipo de situaciones. Pedimos a todas las partes que en el futuro respeten no solo la ley internacional, sino también este código de conducta italiano", dijo hoy Natasha Bertaud, portavoz del jefe del Ejecutivo comunitario.
Bertaud puso además en duda que el incidente se produjera fuera de aguas territorias libias, como sostiene la ONG. "Por lo que sabemos, la guardia costera estaba operando dentro de sus aguas territoriales", señaló la portavoz.
En España, el partido de izquierda Podemos exigió al jefe del Gobierno Mariano Rajoy que llame al presidente italiano, Sergio Mattarella, para exigirle la liberación del barco, mientras que la rama del Partido Socialista en Cataluña (PSC) pidió al Ministerio de Exteriores "ponerse del lado" de la ONG.
El ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, aseguró hoy que el Gobierno trabaja para aclarar lo ocurrido "e intentar despejar cualquier problema que haya".
Camps reconoció que detrás de los acuerdos de migración con Libia está la Unión Europea (UE), por lo que Madrid tiene poco que decir en el asunto. "Ahora bien, España tiene un barco con su bandera retenido. El Gobierno no puede esconderse", añadió en entrevista con dpa.
El jefe de la ONG no descartó emprender acciones legales por la situación vivida en el mar. "Cuando nos amenazaron de muerte en el mar -una amenaza que duró dos horas- pedimos auxilio a Italia e Italia nos remitió a España, que estaba bastante lejos para actuar. Hemos sido amenazados y abordados. Nos reservamos el derecho de exigir responsabilidades a quien toque".
