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Política
Un hombre coloca flores en una vigilia por los dirigentes sociales asesinados en Colombia
Según el partido izquierdista Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), las amenazas han sido hechas por paramilitares en contra de integrantes de la Fundación Legado y de la organización política Juventud Rebelde.
La Fundación Legado reúne a familiares de ex miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo que renunció a las armas tras firmar un acuerdo de paz con el Gobierno en noviembre de 2016, mientras que Juventud Rebelde es una organización cercana a ese grupo.
Uno de los principales dirigentes del partido de las FARC, Julián Gallo, dijo que el Gobierno debe cumplir con un punto del acuerdo de paz que obliga a las autoridades a proteger a los ex guerrilleros, a sus familias y a dirigentes de organizaciones sociales.
Gallo, que como guerrillero usó el alias de "Carlos Antonio Lozada", divulgó un comunicado en el que el Consejo Político Nacional de la FARC pide al Estado que no deje en la impunidad esas amenazas.
"Exigimos al Gobierno Nacional, plenas garantías para que, en el marco de los acuerdos de paz firmados, estas amenazas no queden en la impunidad, dada su gravedad; y las consecuencias que tiene para la sociedad, el hecho que se atente de esta forma contra el derecho de todos los colombianos a asociarse libremente", afirmó la organización política.
El comunicado agrega que desde que se firmó el acuerdo de paz han sido asesinados cinco ex miembros de las FARC, nueve milicianos (personas que colaboraban con el grupo sin ser miembros plenos) y 11 familiares de ex guerrilleros.
Según el partido, los asesinatos no han sido resueltos por la Fiscalía General, a la que acusó de estar "ocupada en entorpecer la puesta en funcionamiento" de una unidad que busca desmantelar a los grupos paramilitares y "en tapar los escándalos de corrupción que la afectan directamente".
Asimismo, el partido pidió una reunión urgente de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, así como la intervención de las Naciones Unidas y del ex presidente del Gobierno español Felipe González y del ex jefe de Estado uruguayo José Mujica.
González y Mujica forman parte de un mecanismo de acompañamiento internacional de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo de Paz y de Resolución de Diferencias, integrada por las Naciones Unidas, el Gobierno y las FARC.
Tras combatir al Estado desde 1964, las FARC firmaron hace 10 meses un acuerdo de paz, tras lo cual entregaron las armas a las Naciones Unidas y acaban de crear su partido político.
La Fundación Legado reúne a familiares de ex miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo que renunció a las armas tras firmar un acuerdo de paz con el Gobierno en noviembre de 2016, mientras que Juventud Rebelde es una organización cercana a ese grupo.
Uno de los principales dirigentes del partido de las FARC, Julián Gallo, dijo que el Gobierno debe cumplir con un punto del acuerdo de paz que obliga a las autoridades a proteger a los ex guerrilleros, a sus familias y a dirigentes de organizaciones sociales.
Gallo, que como guerrillero usó el alias de "Carlos Antonio Lozada", divulgó un comunicado en el que el Consejo Político Nacional de la FARC pide al Estado que no deje en la impunidad esas amenazas.
"Exigimos al Gobierno Nacional, plenas garantías para que, en el marco de los acuerdos de paz firmados, estas amenazas no queden en la impunidad, dada su gravedad; y las consecuencias que tiene para la sociedad, el hecho que se atente de esta forma contra el derecho de todos los colombianos a asociarse libremente", afirmó la organización política.
El comunicado agrega que desde que se firmó el acuerdo de paz han sido asesinados cinco ex miembros de las FARC, nueve milicianos (personas que colaboraban con el grupo sin ser miembros plenos) y 11 familiares de ex guerrilleros.
Según el partido, los asesinatos no han sido resueltos por la Fiscalía General, a la que acusó de estar "ocupada en entorpecer la puesta en funcionamiento" de una unidad que busca desmantelar a los grupos paramilitares y "en tapar los escándalos de corrupción que la afectan directamente".
Asimismo, el partido pidió una reunión urgente de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, así como la intervención de las Naciones Unidas y del ex presidente del Gobierno español Felipe González y del ex jefe de Estado uruguayo José Mujica.
González y Mujica forman parte de un mecanismo de acompañamiento internacional de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo de Paz y de Resolución de Diferencias, integrada por las Naciones Unidas, el Gobierno y las FARC.
Tras combatir al Estado desde 1964, las FARC firmaron hace 10 meses un acuerdo de paz, tras lo cual entregaron las armas a las Naciones Unidas y acaban de crear su partido político.
