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Política
La carta del consagrado novelista tuvo el efecto de una bomba y obligó al mandatario a dar un viraje en redondo en medio de una ola de protestas contra el decreto legislativo 1097, que se considera busca la impunidad de militares y policías acusados de perpetrar crímenes de lesa humanidad.
Medios de prensa coinciden este martes en que al conocer el texto de la misiva, el presidente García llamó a Vargas Llosa, quien se encuentra en París, para comunicarle que pediría al Congreso que derogue ese decreto, dictado el 1 de setiembre al amparo de facultades legislativas dadas al Ejecutivo.
Al anochecer del lunes García envió "con carácter de urgencia" un proyecto de ley al parlamento para que deje sin efecto la controvertida norma.
Sin embargo, el mandatario declaró este martes que "tanto poder no tiene Vargas Llosa" como para obligarlo a cambiar de opinión, a la vez que agregó que no hubo presión militar tras esa norma, como sostiene el escritor.
"Si no está claro (ese decreto) mejor derogarlo", añadió.
García también descartó que mediante ese dispositivo buscaba librarse de acusaciones de ser responsable de una matanza de presos por terrorismo hace 24 años durante su primer gobierno (1985-1990).
"Aquí estoy, he estado ante todos los fiscales y nada ha pasado porque yo sé afrontar las cosas; no necesito ninguna ley de amnistía vergonzante", precisó.
Vargas Llosa había denunciado que esa ley significa una "amenaza apenas disfrazada" y que mediante una "triquiñuela jurídica" se abre "la puerta falsa de las cárceles a quienes cometieron delitos horrendos".
En consecuencia el autor de "Conversación en la catedral" renunció de manera irrevocable a presidir el proyecto de construcción del Museo de la Memoria, para recordar a las víctimas de la guerra interna contra grupos rebeldes en las dos últimas décadas.
Vargas Llosa, un severo crítico del primer gobierno de García, había aceptado ese cargo en diciembre de 2009 ante un pedido que le formuló el mandatario, lo que puso punto final a una larga enemistad por razones políticas.
"La intervención de Vargas Llosa ha sido decisiva para que el gobierno de marcha atrás porque ha respaldado la opinión de un amplísimo pronunciamiento de ciudadanos que se habían opuesto al decreto pues constituía una amnistía encubierta", estimó el analista e historiador Nelson Manrique a la AFP.
Manrique subrayó, no obstante, que el daño a la imagen internacional de Perú "ya está producido".
"El costo político es muy elevado y esta crisis le pasará factura al gobierno que se vio obligado a retroceder", observó.
El analista subrayó que el polémico decreto era un nuevo intento por dar impunidad a militares acusados de violaciones a los derechos humanos.
Recordó que el ministro de Defensa, Rafael Rey, a quien se considera autor del criticado decreto, defendió la ley de amnistía que dictó el ex presidente Alberto Fujimori en 1995 y que luego fue anulada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Rey, defensor del decreto 1097, ha sido criticado por encumbrados personajes del gobierno por promover esa norma y se estima que no será ratificado por el presidente García en el nuevo gabinete que juramentará este martes.
García tomará juramento a su nuevo gabinete en la tarde de este martes momentos antes de que el Congreso debata el pedido de derogación del decreto 1097.
Medios de prensa coinciden este martes en que al conocer el texto de la misiva, el presidente García llamó a Vargas Llosa, quien se encuentra en París, para comunicarle que pediría al Congreso que derogue ese decreto, dictado el 1 de setiembre al amparo de facultades legislativas dadas al Ejecutivo.
Al anochecer del lunes García envió "con carácter de urgencia" un proyecto de ley al parlamento para que deje sin efecto la controvertida norma.
Sin embargo, el mandatario declaró este martes que "tanto poder no tiene Vargas Llosa" como para obligarlo a cambiar de opinión, a la vez que agregó que no hubo presión militar tras esa norma, como sostiene el escritor.
"Si no está claro (ese decreto) mejor derogarlo", añadió.
García también descartó que mediante ese dispositivo buscaba librarse de acusaciones de ser responsable de una matanza de presos por terrorismo hace 24 años durante su primer gobierno (1985-1990).
"Aquí estoy, he estado ante todos los fiscales y nada ha pasado porque yo sé afrontar las cosas; no necesito ninguna ley de amnistía vergonzante", precisó.
Vargas Llosa había denunciado que esa ley significa una "amenaza apenas disfrazada" y que mediante una "triquiñuela jurídica" se abre "la puerta falsa de las cárceles a quienes cometieron delitos horrendos".
En consecuencia el autor de "Conversación en la catedral" renunció de manera irrevocable a presidir el proyecto de construcción del Museo de la Memoria, para recordar a las víctimas de la guerra interna contra grupos rebeldes en las dos últimas décadas.
Vargas Llosa, un severo crítico del primer gobierno de García, había aceptado ese cargo en diciembre de 2009 ante un pedido que le formuló el mandatario, lo que puso punto final a una larga enemistad por razones políticas.
"La intervención de Vargas Llosa ha sido decisiva para que el gobierno de marcha atrás porque ha respaldado la opinión de un amplísimo pronunciamiento de ciudadanos que se habían opuesto al decreto pues constituía una amnistía encubierta", estimó el analista e historiador Nelson Manrique a la AFP.
Manrique subrayó, no obstante, que el daño a la imagen internacional de Perú "ya está producido".
"El costo político es muy elevado y esta crisis le pasará factura al gobierno que se vio obligado a retroceder", observó.
El analista subrayó que el polémico decreto era un nuevo intento por dar impunidad a militares acusados de violaciones a los derechos humanos.
Recordó que el ministro de Defensa, Rafael Rey, a quien se considera autor del criticado decreto, defendió la ley de amnistía que dictó el ex presidente Alberto Fujimori en 1995 y que luego fue anulada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Rey, defensor del decreto 1097, ha sido criticado por encumbrados personajes del gobierno por promover esa norma y se estima que no será ratificado por el presidente García en el nuevo gabinete que juramentará este martes.
García tomará juramento a su nuevo gabinete en la tarde de este martes momentos antes de que el Congreso debata el pedido de derogación del decreto 1097.
