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Manifestaciones anteriores en Nicaragua
El anuncio de la Policía Nacional se da un día antes de la marcha "Unidos por la libertad" que había sido convocada por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), para protestar contra el Gobierno de Nicaragua.
“Nuestra Constitución Política y la Ley 872 de la Policía Nacional, establecen que toda movilización en cualquier parte del país debe realizarse una vez que los organizadores han solicitado el permiso correspondiente ante las autoridades policiales y que este haya sido otorgado”, expresó, el Inspector general de la Policía Nacional, comisionado Jaime Antonio Vanegas Vega, a través de una nota de prensa.
Según la policía, la disposición está dentro del marco de las funciones establecidas a ese cuerpo según la Constitución Política y la Ley No. 872 de la Policía Nacional, sin embargo el artículo 53 de la Constitución Política establece que “se reconoce el derecho a reunión pacífica; el ejercicio de este derecho no requiere permiso previo”.
El pasado 28 de septiembre la Policía Nacional declaró “ilegales” las marchas contra el gobierno y advirtió que acusaría a los organizadores, a quienes responsabilizó de cometer crímenes durante las manifestaciones.
“La Policía Nacional cumple su deber constitucional de garantizar seguridad y tranquilidad a todas las familias nicaragüenses y por lo tanto reitera que no se permitirán manifestaciones o movilizaciones en la vía pública que no cuenten con el debido permiso y tomará todas las medidas necesarias para mantener la seguridad, el orden público, los derechos de la ciudadanía a movilizarse y circular en sus actividades normales”, declaró la institución.
Durante los últimos dos meses la Policía Nacional ha asediado las manifestaciones contra el gobierno y ha detenido a los jóvenes que han participado en las protestas. Organismos de derechos humanos denuncian que al menos 500 manifestantes están encarcelados por protestar.
“La Policía Nacional reitera que no se permitirá ninguna acción que violente el derecho de las familias nicaragüenses a la paz y a la vida y recuerda que cualquier actividad provocadora, instigadora y violenta será penada de acuerdo a la Constitución Política y las Leyes de Nicaragua”, finalizó la institución.
“Nuestra Constitución Política y la Ley 872 de la Policía Nacional, establecen que toda movilización en cualquier parte del país debe realizarse una vez que los organizadores han solicitado el permiso correspondiente ante las autoridades policiales y que este haya sido otorgado”, expresó, el Inspector general de la Policía Nacional, comisionado Jaime Antonio Vanegas Vega, a través de una nota de prensa.
Según la policía, la disposición está dentro del marco de las funciones establecidas a ese cuerpo según la Constitución Política y la Ley No. 872 de la Policía Nacional, sin embargo el artículo 53 de la Constitución Política establece que “se reconoce el derecho a reunión pacífica; el ejercicio de este derecho no requiere permiso previo”.
El pasado 28 de septiembre la Policía Nacional declaró “ilegales” las marchas contra el gobierno y advirtió que acusaría a los organizadores, a quienes responsabilizó de cometer crímenes durante las manifestaciones.
“La Policía Nacional cumple su deber constitucional de garantizar seguridad y tranquilidad a todas las familias nicaragüenses y por lo tanto reitera que no se permitirán manifestaciones o movilizaciones en la vía pública que no cuenten con el debido permiso y tomará todas las medidas necesarias para mantener la seguridad, el orden público, los derechos de la ciudadanía a movilizarse y circular en sus actividades normales”, declaró la institución.
Durante los últimos dos meses la Policía Nacional ha asediado las manifestaciones contra el gobierno y ha detenido a los jóvenes que han participado en las protestas. Organismos de derechos humanos denuncian que al menos 500 manifestantes están encarcelados por protestar.
“La Policía Nacional reitera que no se permitirá ninguna acción que violente el derecho de las familias nicaragüenses a la paz y a la vida y recuerda que cualquier actividad provocadora, instigadora y violenta será penada de acuerdo a la Constitución Política y las Leyes de Nicaragua”, finalizó la institución.
